Familiares de desaparecidos rechazaron las modificaciones a un proyecto de ley presentado por el gobierno chileno que proponen rebajas de penas a violadores de derechos humanos durante la dictadura militar (1973-1990) que colaboren con la justicia.

La iniciativa beneficiaría en particular a las personas civiles y las que realizaban el servicio militar durante la dictadura que no tenían mando de tropas, pues se estima que debían cumplir órdenes bajo riesgo de perder la vida.

La propuesta, que fue aprobada en primera instancia por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, fue rechazadas por Lorena Pizarro, presidenta de la Asociación de Familiares de Desaparecidos (AFDD), quien insistió en que debe ser retirada.

"Cada vez nos convencemos más de que no hay manera de arreglarlo, es un proyecto de impunidad, y por lo tanto la única forma es que sea retirado por el Ejecutivo", subrayó.

Pizarro sostuvo que a través de las indicaciones presentadas, el gobierno ha reinstalado la idea original del proyecto y, por tanto, "lo que hoy día tenemos es consolidar la impunidad en el país si es aprobado".
Una de las modificaciones más objetada es la que permitiría la rebaja de penas en dos o tres grados, según lo determine el juez, a quienes proporcionen antecedentes "que permitan razonable y eficazmente el esclarecimiento de los hechos".

Las nuevas modificaciones presentadas por el Ejecutivo estaban dirigidas a calmar las discrepancias de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y la bancada socialistas en el Parlamento al proyecto original, calificado entonces como "un estimulo a la impunidad".

La fuerte resistencia obligó el año pasado a La Moneda a suspender las urgencias de tramitación, hecho que ha dilatado en siete meses el inicio del debate parlamentario. Tras la aprobación por la Comisión de Derechos Humanos, el proyecto de ley pasó ahora a la consideración de la Cámara de Diputados en pleno.

El diputado oficialista Fulvio Rossi indicó que el beneficio se acotará a las personas civiles y las que realizaban el servicio militar en la época de la dictadura militar (1973-1990) y que no tenían mando de tropas, pues se estima que debían cumplir órdenes bajo riesgo de perder la vida.

Por el contrario, se excluye a los que en calidad de organizadores, instigadores o planificadores de los delitos graves se vieron involucrados en los crímenes cometidos en ese período.

Rossi, quien preside la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, consideró que el texto recoge las inquietudes de los familiares de las víctimas y los reparos de los partidos de la Concertación, que estimaban que tal como en un principio estaba pensado el proyecto, este podía garantizar la impunidad en casos de derechos humanos.