Luego de tener bloqueado durante un semestre los desembolsos del crédito vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Uruguay recibió en los últimos días un nuevo tramo del préstamo de ese organismo que le permitió reforzar las reservas del Banco Central, en un año electoral que genera volatilidad financiera. Al mismo tiempo, el FMI presionó para que se acelere el programa privatizador del gobierno.

El ministro de Economía, Isaac Alfie, volvió el sábado a Montevideo, luego de mantener entrevistas en Washington con autoridades de los organismos internacionales. Alfie dijo que el resultado de la misión fue exitosa. Lo que veníamos a buscar, todo, lo conseguimos, señaló Alfie.

El ministro dijo que también hubo reconocimientos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo que significa un espaldarazo para generar un buen clima de negocios en el país. En ese sentido, Alfie anunció que se obtuvo financiamiento para la readecuación de la infraestructura portuaria, exigida por puertos importantes, que plantean condiciones para aceptar embarques debido a problemas de terrorismo.

El aval del FMI al programa uruguayo se dio con el voto por unanimidad de todos los directores. Durante la discusión, hubo advertencias para las autoridades. Agustín Carstens, uno de los subdirectores gerentes de la institución, dijo que la economía uruguaya está en una evolución favorable, que mejoraron las condiciones del mercado financiero y que la reactivación que se comprueba en el país es resultado de políticas macroeconómicas prudentes, así como una resolución adecuada de la crisis del 2002. En este punto, destacó el exitoso plan de canje de deuda con bonos que se hizo en mayo pasado.

Sin embargo, el propio Carstens alertó que no es tiempo para la complacencia y que la recuperación es frágil, por lo que recomendó que se instrumente un programa fuerte de modo tal que se impulse el crecimiento económico, así como que se pueda alentar la confianza del mercado y asegurar la sustentabilidad de la dinámica de la deuda.

Además de insistir en reformas que Uruguay no ha logrado aprobar y que están en el programa vigente (como una reestructuración de algunos servicios jubilatorios), el subdirector del FMI reclamó medidas de apertura al sector privado y de incremento de la competencia en el mercado, lo que en Uruguay genera el rechazo de los sindicatos de funcionarios públicos.

El programa stand-by vigente es por un monto récord en la historia del FMI, si se compara con el tamaño del país (crédito de 3000 millones para un PBI de 12.000 millones)

La deuda externa

Sólo el gobierno central pagó unos U$S 600 millones de intereses de la deuda pública en el curso de 2003, y deberá afrontar pagos de unos 1.700 millones en este año, y casi 2.000 millones en el 2005, cuando se estrene un nuevo gobierno.

El país está pagando seis o siete puntos de su producto bruto interno para manejar una deuda que luego de la reprogramación ha variado sustancialmente en su estructura. Efectivamente, a setiembre del año pasado el país tenía una deuda bruta que oscilaba en los U$S 12.265 millones.

Gobierno insistirá con ANCAP

El gobierno insistirá con que Ancap se asocie con privados a fin de crecer en el área, y se mostró dispuesto a discutir el tema en base a un texto que presente la oposición, o a la labor de un grupo de trabajo parlamentario, según anuncia el presidente Jorge Batlle en su mensaje a la Asamblea General relatando el estado de la República.

El anuncio coincide con el reclamo del FMI para que el gobierno avance en el proceso de privatizaciones.
El presidente Jorge Batlle afirmó que a su juicio sigue siendo necesario autorizar asociaciones que le permitan al ente crecer en el área.

El fuerte posicionamiento de Repsol y Petrobras así lo señala. Inclusive si Ancap procura incursionar en la búsqueda de petróleo en el Atlántico no posee recursos técnicos y financieros para hacerlo, aseguró el primer mandatario.

Batlle dijo en su mensaje que el Ejecutivo entiende y reitera que es necesario volver sobre este tema, ya sea con textos legales, anunciados por quienes derogaron la ley o por un grupo de trabajo parlamentario, que habiendo considerado el proyecto inicial retome su análisis.

La Ley de Ancap que habilitaba al ente a asociarse con privados fue derogada el pasado 7 de diciembre por un 62% de los habilitados para votar. Al día siguiente, el presidente del Encuentro Progresista, Tabaré Vázquez, planteó reanalizar el tema mediante una comisión, pero recibió el rechazo de los partidos tradicionales.