Escribe Ernesto Carmona.

Naciones Unidas criticó el maltrato de la prensa chilena a los pueblos originarios que luchan por sus tierras y culturas ancestrales, en particular a la etnia mapuche. Los reparos están contenidos en el Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, evacuado el 17 de noviembre de 2003 por Rodolfo Stavenhagen, especialista mexicano en derechos indígenas.

Según este documento oficial del Consejo Económico y Social, el Relator Especial cumplió una misión en el terreno, en Chile, entre el 18 y el 29 de julio de 2003 para conocer la situación de todas las etnias, de acuerdo al mandato de la Resolución N° 57 del 60° Período de Sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la organización mundial.

El Relator dijo que pudo observar cómo estos medios se ocupan del tema aún candente en Chile de las violaciones históricas de los derechos humanos, pero prestan poca atención a los derechos humanos de los indígenas. Su propio informe fue ignorado por la prensa hasta que el diario electrónico El Mostrador lo obtuvo de la Universidad La Frontera de Temuco recién el 2 de febrero (Informe completo del relator especial de la ONU, formato PDF, Programa de Derechos Indígenas, Universidad de la Frontera).

Stavenhagen concluyó que la población indígena sigue estando marginada del reconocimiento y la participación en la vida pública del país, como resultado de una larga historia de negación, exclusión socio-económica y discriminación por parte de la sociedad mayoritaria. Asimismo, pidió que el Estado revise los casos judiciales con apego a las garantías del debido proceso establecidas en las normas internacionales de derechos humanos, incluidos los lonkos (líderes) Pascual Pichún y Aniceto Norín. No deberán aplicarse acusaciones de delitos tomados de otros contextos (amenaza terrorista, asociación delictuosa) a hechos relacionados con la lucha social por la tierra y los legítimos reclamos indígenas, dijo.

Bajo ninguna circunstancia deberán ser criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas, indicó. Propuso que el Gobierno de Chile considere la posibilidad de declarar una amnistía general para los defensores indígenas de los derechos humanos procesados por realizar actividades sociales y/o políticas en el marco de la defensa de las tierras indígenas.

Igualmente, recomendó establecer en el país una institución nacional de defensa y protección de los derechos humanos u ombudsman y sugirió a la sociedad civil la realización permanente de campañas de información pública dirigidas a combatir los prejuicios, el racismo, la intolerancia y la estigmatización de la problemática indígena en la opinión pública.

El Relator Especial de la ONU dijo que en estos 14 años de transición a la democracia en Chile, la población indígena sigue marginada del reconocimiento y la participación en la vida pública del país, como resultado de una larga historia de negación, exclusión socio-económica y discriminación por parte de la sociedad mayoritaria.

Stavenhagen recomendó reformar la Constitución para reconocer los derechos de las etnias indígenas, la ratificación del Convenio 169 de la OIT y la revisión de la legislación sectorial contradictoria con la Ley Indígena de 1993. Propuso que el Gobierno, en consulta con las comunidades indígenas y con asistencia técnica del sistema de Naciones Unidas, establezca un programa para reducir la pobreza de las comunidades indígenas, con metas específicas respecto a las mujeres y a los niños aborígenes.
El Relator propuso que el Fondo de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) para la adquisición de tierras para los indígenas amplíe y acelere sus actividades y que se incrementen substancialmente sus recursos para poder atender las necesidades de las familias y comunidades indígenas. Dijo también que en las áreas mapuche, deberá especialmente intensificarse un programa de recuperación de tierras indígenas.

También recomendó que las etnias sean consultadas previamente en los proyectos de desarrollo a ejecutarse en sus tierras y territorios, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT y que sus opiniones sean tomadas en cuenta por las autoridades y empresas ejecutoras de esos proyectos, como debió ocurrir con la Central Ralco, de la compañía hispana Endesa, construida en el Alto Bío Bío bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000).

El Relator Especial de la ONU llamó a los medios de comunicación a redoblar los esfuerzos para dar amplia cobertura balanceada y equilibrada a las necesidades y la situación de los pueblos indígenas así como a las situaciones de conflicto social en las regiones indígenas.

Las organizaciones mapuches se quejan que en los medios de comunicación (prensa escrita y audiovisual) no reciben la misma cobertura que los llamados poderes fácticos, y consideran que esta situación vulnera su derecho humano a la información, indicó Stavenhagen. El Relator considera que después de la recuperación de la libertad de prensa lograda en el país, los medios de comunicación tienen la obligación de ofrecer una visión objetiva y equilibrada de asuntos tan importantes como las luchas por los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Las Recomendaciones a los Medios de Comunicación del Relator Especial, contenidas al final de su reporte de 33 páginas, indican que las comunidades y pueblos indígenas deben contar con facilidades y apoyo para acceder plenamente al uso de los medios de comunicación de masas (prensa, radio, televisión, Internet), por lo que se recomienda a los principales medios del país que, en forma conjunta con las facultades académicas interesadas, promuevan cursos y seminarios para buscar nuevas vías de acceso a los medios para las comunidades indígenas.

El Relator recomienda también a los medios de comunicación existentes redoblar los esfuerzos para dar amplia cobertura balanceada y equilibrada a las necesidades y la situación de los pueblos indígenas, así como a las situaciones de conflicto social en las regiones indígenas. Las críticas aluden a El Mercurio y a sus 14 diarios regionales que en los hechos monopolizan la prensa escrita de circulación nacional y local en alianza con el grupo Copesa, propietario de los diarios La Tercera y La Cuarta, a los 4 canales de alcance nacional y prácticamente a todas las radioemisoras -excepto la cadena Bío Bío-, o sea, a toda la prensa convencional.

Fabricando delitos que hacen noticia El Mercurio libra su propia segunda guerra contra La Araucanía (la primera fue a fines del siglo 19), publicando intrigas e invenciones a diario, pero además fabrica dudosas noticias. Angélica Ñancupil, con arresto domiciliario en Temuco, denunció que el periodista Francisco Palma, de El Mercurio de esa ciudad, le pidió una entrevista al dirigente mapuche José Llanquileo, pareja de Angélica. En una muestra de confianza, el periodista le entregó información reservada sobre las comunidades indígenas en conflicto, supuestamente obtenida en la Gobernación Regional, tres hojas carta y dos disquetes que, a su vez, les habría proporcionado su amigo Iván Fredes, otro periodista que trabaja en el diario.

Ñancupil y Llanquileo nunca supieron qué contenían los disquetes por carecer del hardware y software adecuados. Los papeles mostraban dos fotografías digitalizadas de Héctor Llaitul, un dirigente mapuche imputado de Asociación Ilícita Terrorista, y un supuesto organigrama fotográfico del mando de la Coordinadora Arauco-Malleco, la entidad mapuche que concita la mayor represión del Estado, ejercida localmente por Carabineros, el poder judicial y funcionarios regionales del gobierno central.
Al día siguiente, Ñancupil y Llanquileo estaban presos. La secuencia fue así: en los primeros días de diciembre de 2002 el reportero comenzó a llamar con insistencia al teléfono móvil de Llanquileo para solicitarle una entrevista, se supone periodística. A las 13:00 horas del 3 de diciembre Llanquileo recibió la información que Palma le entregó en su encuentro en un café de Temuco, sin participación de Angélica, quien tenía otras cosas que hacer.

A las 7:30 del 4 de diciembre, Carabineros allanó la modesta vivienda de ambos mapuche. Las tres hojas de papel y los dos disquetes se convirtieron en pruebas judiciales irrefutables del delito de Asociación Ilícita Terrorista.

Razzia contra la Coordinadora

El organigrama, una suerte de infografía de inteligencia, probablemente fabricada en El Mercurio con datos de Carabineros y autoridades locales, muestra los rostros de Angélica Ñancupil y de José Llanquileo como subalternos directos del jefe Llaitul, junto a las fotografías de otros miembros de una supuesta dirección de la Coordinadora, varias personas ya procesadas y otras desconocidas.

Ese mismo día 4 de diciembre de 2002, Carabineros detuvo a otros 15 mapuche en operaciones simultáneas en Temuco, Nueva Imperial, Ercilla y Collipulli, acusándolos a todos de pertenecer a la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco. La prensa local y nacional exhibió la noticia como resultado de una ardua investigación de 8 meses del Ministerio Público, figura establecida en el nuevo Código de Procedimiento Penal que está aplicándose en 12 de las 13 regiones de la división político territorial, faltando sólo la Región Metropolitana de Santiago.

Los héroes de la acción jurídica antiterrorista fueron los fiscales del Ministerio Público Luis Chamorro Díaz, Francisco Rojas Rubilar, Alberto Chiffele Márquez, Gloria Turra Lagos y Cristián Paredes Valenzuela, quienes sometieron a 23 personas a la Ley Antiterrorista N° 18.314.

La investigación se cerró el 20 de diciembre de 2003, más de un año después, día en que se presentaron cargos contra 18 personas que próximamente deberán comparecer ante un juicio oral que conocerá 213 pruebas similares al hallazgo en el domicilio de la pareja Ñancupil-Llanquileo, en un montaje aparentemente impecable, según la denuncia.

Angélica Ñancupil pasó a arresto domiciliario en abril de 2003, después de 4 meses de prisión en el Centro de Reclusión Femenina de Temuco, tras librar una huelga de hambre de 35 días. José Llanquileo permanece todavía bajo arresto preventivo en la cárcel de Angol, donde ingresó el 4 de diciembre de 2002, al día siguiente a su entrevista con el periodista de El Mercurio.

Angélica Ñancupil acusó a los periodistas de El Mercurio Francisco Palma e Iván Fredes ante el Tribunal Nacional de Etica del Colegio de Periodistas.