Escribe Eduardo Andrade Bone

Hace tan solo algunas semanas atrás, el actual Comandante en Jefe del Ejército Luis Emilio Cheyre, emitió una serie de opiniones, que se constituyeron en una amenaza velada al gobierno neoliberal de Ricardo Lagos, al mostrarse desesperanzado por la tardanza y los obstáculos que encontraban la última de las leyes acordadas con el gobierno. Entre otras cosas, Cheyre expresaba la necesidad de terminar de manera definitiva con los procesamientos y condenas al personal de las Fuerzas Armadas, involucrados en crímenes de lesa humanidad.

Desde el momento mismo en qué los tribunales de justicia, han resuelto en varios casos designar jueces con dedicación exclusiva, el Comandante en Jefe, ha comenzado a ponerse un tanto nervioso, pués la propia prensa nacional ha publicado antecedentes que lo involucran en violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo; un ex militar da cuenta de que Cheyre remató prisioneros de la Caravana de la Muerte en el regimiento de La Serena.

Otros antecedentes indican que una de sus patrullas fusiló a dos menores de edad.También aparece involucrado en la detención de personas que fueron asesinadas, y una ex presa política lo acusa de torturas. También se lo nombra como uno de los responsables junto al hermano del actual senador Arancibia de exhumaciones a partir del año 1978. Ahora, cuando se ha resuelto designar jueces con dedicación exclusiva, esto ha dado como resultado el descubrimiento de un eslabón cada vez más largo, en donde aparecen más y más involucrados esto de acuerdo a los testimonios del propio personal militar que ha sido citado a declarar incluso muchos de ellos se encuentran en servicio activo, como es el caso de Cheyre.

De allí, que las presiones se han hecho sentir y la propuesta de Derechos Humanos del gobierno de Lagos, se apresta a ser promulgados como está establecida originalmente, o sea, que el tema de la inmunidad y el secreto para los violadores de los derechos humanos, no será retirado de la propuesta.
El abogado Alberto Espinoza, refiriéndose a Cheyre y al hecho de que él personalmente no puede atribuirle responsabilidades personales, indicaba "que si puedo hablar de responsabilidades institucionales. El Ejército está comprometido en las violaciones a los derechos humanos como institución, por ende en la remoción de los cuerpos y en una serie de otros acontecimientos estrechamente vinculados a las violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura. Mataron a Berríos en Uruguay, por ejemplo. Allí está involucrada la escolta de Pinochet. Una escolta de excelencia, de primer nivel en formación militar e inteligencia.

Ese crímen no ocurrió en dictadura. La protección de agentes en el extranjero para eludir la accción de la justicia. Después las exhumaciones, muchas de ellas ocurridas durante el gobierno de Aylwin, cuando Pinochet, seguía siendo comandante en jefe. Más allá de que existan o no responsabilidades, que no me atrevo a sostener del general Cheyre, hay responsabilidades institucionales. El Ejército no logra desprenderse de este lastre, de esta pesada carga que le significa abanderizarse con la dictadura de Pinochet y sus crímenes, y que los ha llevado a comprometerese con el propósito de ocultar crímenes y favorecer la impunidad".

Ahora en este sentido, la propuesta de derechos humanos del gobierno de la Concertación lo que busca, y más aún con la presión del estamento militar, es dar vuelta la página defivivamente, cerrar de una vez por toda este capítulo, en donde se tienda un manto de impunidad, pero sin justicia y sin verdad, como lo exigen las organizaciones de derechos humanos y las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.

El presidente Lagos quiere sacarse el problema de encima, lo más pronto posible, y dar por superado el problema de los derechos humanos, además su mayor interés es mostrarlo como uno de los grandes logros de su gobierno, con tema terminado.

El desafio a la legalidad y el cuestionamiento al Estado de Derecho de parte Cheyre, busca terminar con juicios que puedan durar muchos años, además por que esta situación perjudica la imagen de los TLC , el ALCA y el propio tipo de "democracia", que ha asumido la Concertación y el pinochetismo, en sus acuerdos a espaldas del pueblo chileno y que "jocosamente" lo ha sugerido como modelo para Irak, o sea, una democracia con "camisa de fuerza".

Pero lo que se desprende de las declaraciones vertidas por el Comandante en Jefe, es que éste sigue siendo el Ejército de Pinochet, represor, defensor de los interesés de la oligarquía nacional y por esencia antiobrero. Por eso, no es extraño que Cheyre le haya recordado a la Concertación lo relativo a los acuerdos secretos establecidos al término de la dictadura militar, y que no es otro, que garantizar la impunidad de los miembros de las Fuerzas Armadas, que se encuentran involucrados en la violación de los derechos humanos, incluyendo al propio Cheyre.

Ahora, tan solo hace algunos días atrás, los abogados de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic) , han manifestado que en los proyectos de ley que concretan la propuesta de DDHH que se encuentra en trámite legislativo en el Parlamento, hay una impunidad encubierta.
El abogado Hector Salazar indica que la propuesta que determina incentivos a quienes entreguen información sobre el destino de los detenidos desaparecidos, pasa "a contrabando la impunidad" lo cual refleja una contradicción con el discurso que ha venido manteniendo el presidente Lagos, en el cual afirma "que la impunidad es moralmente inaceptable".

Con respecto a la entrega de la información, Lorena Pizarro, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, señalo&"que hace 30 años que hay posibilidades de entregar información, como por ejemplo bajo el secreto de confesión o después con la Comisión Rettig. Puntualizó que el tema de fondo no son los incentivos, sino que la persistente política de las Fuerzas Armadas y de los aparatos de seguridad de guardar información, hasta que se les garantice inmunidad".

Mireya García, vicepresidenta de la agrupación, expresó&"que lo mínimo que esperamos de este gobierno "democrático" es que retire de esa propuesta el tema de la inmunidad y el secreto para los violadores de los derechos humanos".

Lo cierto es que el proyecto de Lagos, que es muy bien aplaudido por los parlamentarios del pinochetismo (UDI-RN) y por Cheyre, está en tránsito hacia la impunidad, punto final en lo que respecta a la verdad, la justicia, la reparación y la memoria histórica. Es un proyecto que solo ofrece migajas a cambio del cierre definitivo de la situación de derechos humanos en Chile y que aún después de más de trece años de gobierno de la Concertación sigue sin resolverse.

Finalmente las organizaciones y los abogados de derechos humanos y las agrupaciones de familiares de las víctimas de la dictadura, han manifestado que harán todo lo posible para que el proyecto sea rechazado, y que además recurrirán a los organismos internacionales pertinentes, que a pesar de las diferencias que puedan existir con el gobierno, tendrán que aceptar y escuchar incansablemente a los familiares, pues la lucha que durante 30 años han desplegado por verdad y justicia, no se agota con la aprobación de un proyecto de ley que sólo garantiza la impunidad para los criminales.