Según una encuesta de la revista "Newsweek", si las elecciones presidenciales se realizaran ahora, el candidato demócrata, John Kerry, derrotaría al presidente Bush por tres puntos de diferencia, 49% a 46%. La divulgación de la encuesta coincidió con el Segundo triunfo de Kerry en las internas demócratas para la nominación y contribuyó a impulsar su carrera como el único demócrata que podría derrotar a la maquinaria electoral y financiera montada por los partidarios de la reelección. De esta manera, George Bush repetiría los pasos de su padre, que tras la Guerra del Golfo en 1991, perdió las elecciones presidenciales del año siguiente.

Sin embargo, las encuestas poco pueden hacer a la hora de definir las elecciones norteamericanas.
Aunque el resultado se repita en la realidad, tampoco decidiría el nombre del inquilino de la Casa Blanca, ya que el presidente es electo por los consejos de electores que salen de cada Estado, y como ya sucedió en el 2000, el presidente puede ser el hombre menos votado. George W. Bush obtuvo medio millón menos de votos que su contrincante demócrata Al Gore, y gracias a una "pequeña" ayuda de la mafia cubano-norteamericana de Miami, y al escandaloso proceso de depuración de votantes en el Estado de Florida -gobernada por su hermano Jeb- logró la mayoría de los cacus.

El Partido Demócrata parece haber optado por impulsar la candidatura de Kerry, un hombre con una importante fortuna familiar estimada en más de 600 millones de dólares, considerado un moderado frente a su oponente en la interna demócrata, Howard Dean, que había partido como favorito antes de las primarias.

La victoria de Kerry en Nueva Hampshire ocurrió tras su triunfo en las asambleas partidarias de Iowa una semana antes, luego de recuperarse de unas encuestas adversas. Y también supuso un giro significativo en las encuestas de Nueva Hampshire, donde hace dos semanas iba por detrás de Dean con una diferencia de 17 puntos.

Kerry, según los sondeos a la salida de las urnas, se benefició de lo que algunos votantes describieron como "elegibilidad", esto es, su capacidad para derrotar al presidente Bush en las elecciones de noviembre. Del 33 por ciento de los votantes que dijeron que la "elegibilidad" de un candidato era importante para ellos, la mitad apoyó a Kerry. El veterano de la Guerra de Vietnam cuanta además con el apoyo de la influyente familia del clan Kennedy.

Déficit fiscal récord

De todas maneras, el presidente Bush ha proporcionado suficientes elementos para la campaña electoral demócrata. Para enfrentar sus índices negativos en la economía y la seguridad internacional, el presidente norteamericano intenta convencer a sus ciudadanos de que ha logrado "un mundo más seguro" al invadir Afganistán e Irak, y en el frente interno que ha logrado rebajar los impuestos -aunque sus beneficios han sido sólo para los sectores de mayors ingresos- aunque ello haya provocado, junto al aumento del gasto en Defensa, un déficil presupuestal de casi 521 mil millones de dólares, similar al superávit que recibió de la administración Clinton.

En este aumento del déficit fiscal, Bush presenta un importante aumento en el gasto militar, y anuncia recortes en la salud pública y las jubilaciones, donde pretende privatizar ambos servicios.

La Oficina de Presupuesto del Congreso advirtió que el agujero en las finanzas públicas puede aumentar aún más en caso de gastos más elevados o nuevas bajas de impuestos. Incluso, organizaciones conservadoras como Heritage Foundation, han manifestado que retirarán su apoyo al mandatario si se mantienen los altos gastos de su gobierno.

El país registró el año pasado un déficit fiscal récord cercano a 375 mil millones de dólares.
Estados Unidos ostenta la mayor deuda externa del planeta y su débito incluso amenaza a la economía mundial, según la advertencia del FMI. Lejos de corregir la situación, la administración Bush presenta un presupuesto aún más desbalanceado, con fuerte énfasis en los gastos bélicos y de seguridad.
A esto se suma la debilidad expresa del dólar estadounidense, que en los últimos meses ha perdido el 25 por ciento del valor frente al euro. Tal vía monetarista abarata momentáneamente las exportaciones norteamericanas, pero al final recarga la cuenta a la endeudada economía de la mayor potencia planetaria.

Ni los propios estrategas económicos de la Casa Blanca aciertan a explicar cómo la aparente expansión económica no se corresponde con el crecimiento del empleo. Baste decir que en diciembre, un mes de gran actividad por las compras y gastos del consumidor, en toda la Unión apenas se crearon mil puestos de trabajo, mientras crecieron los pedidos de subsidios por desempleo.

El cineasta, ganador de un Oscar por su documental "Bowling for Columbine", Michael Moore, ennumeró algunos de los "logros" del presidente Bush en su primer año de gobierno. Entre ellos destaca la reducción en 39 millones de dólares en el gasto federal dedicado a las bibliotecas. El recorte del 50 % los fondos destinados a la investigación sobre fuentes de energía renovable. El recorte en un 28 % los fondos de investigación para el diseño de vehículos más limpios y seguros. La derogación de normas que conferían un mayor poder al gobierno para negar contratos a empresas que violan leyes federales y medioambientales y no garantizan unos mínimos de seguridad laboral. Ha roto su promesa de campaña de invertir 100 millones de dólares al año en la conservación forestal. Ha reducido en un 86 % el Community Access Program, que coordinaba la ayuda sanitaria a personas sin cobertura médica a través de hospitales públicos, clínicas y otros centros sanitarios, y ahora pretende privatizar algunos de estos servicios. Ha recortado en 60 millones de dólares los programas de vivienda social.

También destacó la negativa a ratificar el Protocolo de Kioto de 1997, firmado por 178 países para frenar el calentamiento global. Ha rechazado un acuerdo internacional para reforzar el tratado de 1972 que prohíbe la guerra bacteriológica.

En el plano interno recortó en 200 millones los programas de formación profesional para trabajadores desplazados. Retiró 200 millones destinados al programa Childcare and Development que ofrece servicio de guardería a familias de bajos ingresos. Recortó 700 millones de los fondos para reparaciones en viviendas sociales. Redujo en 500.000 millones de dólares el presupuesto de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente.

Ha continuado con el recorte de los impuestos, un 43 % del cual beneficia al 1 % de los estadounidenses más ricos. Ha impulsado el desarrollo de armas nucleares menores, diseñadas para atacar objetivos subterráneos, lo que supone una violación del tratado contra pruebas nucleares.

Garante de la "seguridad"

El presidente Bush ha centrado su campaña, y lo subrayó en el pasado discurso de "Estado de la Nación" de enero pasado, en presentarse como garante de la seguridad de su país y policía del mundo. El atentado a las Torres Gemelas y el Pentágono el 11 de setiembre de 2001, le ha servido a Bush para recortar una serie de libertades ciudadanas, aumentar exponencialmente el gasto militar, y resucitar todos los planteos guerreristas de la Guerra fría.

En medio de la confusión tras los atentados, el gobierno de Bush presentó al Congreso la llamada "Acta patriótica", aprobada casi sin discusión, ni lectura por los legisladores de ambos partidos.

Esas cláusulas terminarán en el 2005, pero la administración del Presidente Bush no sólo quieren que sean permanentes (sin medir su efectividad o consecuencias) sino que quiere expandir los poderes policiales del estado, similar a los de la Alemania nazi.

En general, el Acta Patriótica amplía la categoría de "terrorismo" lo que autoriza al gobierno a vigilar y espiar organizaciones e individuos bajo cualquier sospecha. Las fuerzas del orden tienen más poder aún y hasta pueden conducir cateos sin autorización, obtener datos financieros, médicos y personales de cualquier individuo. Cualquier ciudadano puede ser investigado, inmigrantes pueden ser arrestados sin causa aparente y por tiempo indeterminado, entre otros recortes de las libertades públicas. Amparado en esta Acta, las fuerzas de seguridad detuvieron a miles de ciudadanos de origen árabe, algunos, se estima que cerca de 700, permanecen detenidos desde el 2001, en lugares secretos, sin que se revele su indentidad, y sin haber sido acusados de nada.

Un reciente intento de abogados defensores de los derechos humanos de que se difunda la lista de detenidos, fue rechazado por la Suprema Corte, argumentando que su divulgación lesionaría la seguridad nacional.

El Centro de Estudios de Seguridad Nacional, de Washington, que representa a grupos de defensa de los derechos civiles, había criticado la decisión del gobierno de Bush de mantener en secreto los nombres de los detenidos, casi todos árabes o musulmanes residentes en EE.UU., y algunos estadounidenses. Y denunciaron que a los sospechosos no se les aplicaron todos los derechos constitucionales correspondientes. Muchos de los detenidos fueron deportados, algunos acusados de crímenes, y otros, retenidos como testigos. Sólo Zacarias Moussaoui, quien fue detenido antes del 11 de setiembre de 2001, está siendo procesado en conexión con los ataques.

Veintitrés organizaciones periodísticas de Estados Unidos se unieron al Centro de Estudios de Seguridad Nacional para reclamar la publicación de los nombres de las personas detenidas, los de sus abogados, las razones y las fechas de los arrestos y los lugares de detención, invocando el derecho a la libertad de expresión y al derecho de los ciudadanos a la información.

Un tribunal había autorizado inicialmente la difusión de esos datos, pero el Departamento de Justicia apeló la decisión el 15 de agosto de 2002, invocando razones de seguridad nacional. Un tribunal federal le dio la razón en un fallo del 17 de junio de 2003, y esta decisión fue confirmada por la Corte Suprema.

La sentencia de la Corte no cayó bien entre los defensores de los derechos civiles. "Obviamente estamos decepcionados. El Departamento de Justicia mantiene en secreto los nombres para ocultar su mala conducta, manteniendo gente incomunicada y sin presentar cargos", denunció Kate Martin, directora del Centro de Estudios de Seguridad Nacional. Según Martin, el ocultamiento de los nombres "mantiene la ficción de que el gobierno está persiguiendo a terroristas, cuando en realidad mantiene en prisión a cientos de árabes y musulmanes inocentes. Sin la acción del Congreso o del público, el Departamento de Justicia tendrá libertad para repetir estos abusos en el futuro".

Se pudo impedir los atentados del 11 de septiembre

Después de los atentados a las Torres Gemelas y el Pentágono, el Congreso inició una investigación sobre el accionar de las organismos de inteligencia y seguridad, ante las versión de que se ignoraron advertencias de acciones terroristas. La Comisión que emprendió la tarea, ha cuestionado en varias ocasiones a la Casa Blanca, a la CIA y otras estructuras del gobierno norteamericano, por su escaso apoyo a la investigación, y a veces por negar el acceso a material importante.

Bush, empeñado en su reelección, teme que los resultados de la investigación afecten su campaña electoral, sobre todo luego de revelaciones acerca de que Washington pudo haber impedido los atentados terroristas contra el World Trade Center de Nueva York y el Pentágono.

El vocero de la Casa Blanca, Scott McClellan, instó a la comisión a concluir cuanto antes su trabajo, lo cual expresa la preocupación gubernamental sobre los efectos de la pesquisa en la reelección del mandatario.

La comisión debe completar su informe el 27 de mayo, pero está solicitando al Congreso al menos otros dos meses. Ello significa que su reporte sería difundido en la etapa más álgida de la campaña electoral, algo que la administración pretende impedir a toda costa.
La comisión ha llegado a la conclusión de que las autoridades fronterizas estadounidenses desperdiciaron numerosas señales y evidencias que habrían contribuido a detener a quienes cometieron los atentados.

Pasaportes fraudulentos y falsos testimonios en aplicaciones de visa rebasaron los controles de frontera. Asimismo, la comisión encontró que nueve de los 19 secuestradores aéreos estaban señalados en las computadoras de la Administración Federal de Aviación, pero pudieron abordar aquella mañana del 11 de septiembre del 2001.

Esas conclusiones contrastan con repetidas declaraciones de funcionarios gubernamentales, quienes han afirmado que los atacantes no dejaron mucha estela como para abortar sus planes.

Mientras corre el tiempo, el grupo bipartidista de 10 miembros decidió extender su esfera de investigación y se propone entrevistar a por lo menos 200 testigos y examinar alrededor de dos millones de páginas de documentos relacionados con esos acontecimientos.

Entre quienes podrían ser llamados a declarar se encuentran funcionarios claves del actual gobierno asi como de la anterior administración demócrata, que presidió William Clinton.

El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, el director de la Agencia Central de Inteligencia, George Tenet, y la ex secretaria de Estado, Madeleine Albright, así como el anterior y el actual director del Buró Federal de Investigaciones, están en esa lista.

Familiares de las víctimas de aquellos atentados critican al grupo por no ser más agresivo al demandar a la administración Bush mayor tiempo y acceso a documentos y testimonios claves. Esos grupos señalan al director ejecutivo de la comisión, Philip Zelikow, por su vínculos con la asesora de seguridad, Condoleezza Rice y otros altos funcionarios del gobierno.