escribe Eduardo Andrade Bone

En la flamante «democracia chilena», elaborada con precisión por los esbirros de la dictadura, y de la cual, tan buen uso hace el gobierno neoliberal del Ricardo Lagos, en contubernio con los Tribunales de Justicia, acaba de tomar la resolución de condenar en primera instancia al destacado dirigente mapuche de la Coordinadora Arauco Malleco, Víctor Ancalaf, a diez años de presidio.

Recordemos, que hace tan solo algunas semanas atrás, los dirigentes Pascual Pichún y Aniceto Norin, fueron condenados a cinco años y un día de prisión, por los presuntos delitos de «amenaza terrorista».

Por otro lado, un grupo de senadores que representan al pinochetismo y la Concertación han establecido una suerte de «caza de brujas» contra la lucha que vienen desplegando las organizaciones mapuche, por sus derechos ancestrales. Y han desatado una persecución en contra de Aucan Huilcaman, dirigente de la organización internacionalmente reconocida por la Naciones Unidas, Consejo de Todas las Tierras.

Al igual, que los dos dirigentes anteriores, Víctor Ancalaf ha sido acusado de «acciones terroristas». El abogado defensor del dirigente de los pueblos originarios, Rodrigo Calderón expresó a los medios de comunicación, que apelará ante la corte de la ciudad de Concepción por la nefasta resolución de primera instancia y adelantó además que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues, a su juicio, no existen pruebas que inculpen a Ancalaf».

Sin duda, que todo este accionar que han venido desplegando los Tribunales de Justicia y las entidades públicas del gobierno neoliberal de la Concertación, tienen por objetivo aniquilar la lucha que vienen impulsando las organizaciones mapuche, por la recuperación de sus tierras usurpadas y el respeto a sus tradiciones culturales.

El abogado, entre otras cosas, denunció que durante un año jamás tuvo acceso al sumario para poder efectuar un defensa correcta del caso. Luego agregó, que resulta del todo absurdo que una sola persona integre una presunta red terrorista, que organizó y ejecutó tres atentados de la naturaleza que se le acusa, al dirigente mapuche.

Luego de poco más de un año de investigaciones, el juez Diego Simpértegui, en una resolución de carácter de clase y racista, decidió condenar a diez años de presidio al líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Víctor Ancalaf, por supuestos atentados terroristas. Mientras tanto, el dirigente de los pueblos originarios, se encuentra preso desde noviembre del año 2002 en la cárcel de El Manzano, de Concepción, y viaja permanentemente a la denominada Novena Región para prestar declaraciones sobre otras acusaciones que pesan sobre él.

De allí, que no es raro, que las organizaciones mapuche, hayan realizado un negativo balance con respecto a lo que ha sido la conducta de los tribunales de justicia, durante el año 2003.

Actualmente 15 dirigentes se encuentran detenidos acusados por asociación ilícita de «carácter terrorista». Los 15 prisioneros se encuentran presos en cárceles de Temuco Lebu, Angol y Concepción.

La vocera de la Agrupación de Familiares de Presos Políticos Mapuche, Cristina Painemal expresó «que es lamentable que quienes luchan por sus justos derechos sean reprimidos por el Estado chileno y acusados de diversos delitos por el Ministerio Público. También, manifestaron su indignación de que el Mayor de Carabineros Marcos Aurelio Treuer, sindicado como el autor material de la muerte de Alex Lemún Saavedra, no le sea aplicado todo el rigor de la ley, que corresponde ante este tipo de crímenes.

En otro plano, el Partido Comunista de Chile rechazó la condena a 10 años de cárcel que determinó la justicia contra el dirigente mapuche Víctor Ancalaf, señalando que «hay claros indicios de persecución y castigo a los hombres y mujeres del pueblo mapuche». La agrupación política además indicó «que la condena es ilegítima y arbitraria que busca, entre otras cosas, garantizar la aplicación del Tratado de Libre Comercio en la región mapuche, siendo este el precio que paga Chile por este tratado económico, que beneficia al capital trasnacional, en perjuicio de los intereses de la nación chilena y de los pueblos originarios del país.

Ante esta situación las organizaciones mapuche, han señalado que desplegaran innumerables movilizaciones con el objeto de lograr la libertad de los dirigentes que se encuentran presos y condenados.
Finalmente y sin duda, lo que más llama la atención de todas esta situación de persecución desatada en contra del pueblo mapuche, es que ésta se inserta dentro de las leyes represivas generadas por la dictadura y de la cual el gobierno de la Concertación ha hecho uso y abuso cuando se ha tratado de la movilización social por mejores condiciones de vida. Un ejemplo claro de ello, son las amenazas proferidas contra el Colegio Médico de Chile, ante los llamados a movilizarse en torno de los intentos neoliberales de privatizar todo el sistema de salud, eso, de aplicarle la Ley de Seguridad Interior del Estado a los profesionales médicos, es el reflejo fiel de toda está situación que ha tenido que padecer el pueblo mapuche en su camino de lucha.

Ahora, no cabe otra cosa, que desplegar toda la solidaridad nacional e internacional, con la justa lucha de los pueblos originarios chilenos y exigir la libertad de todos los presos políticos mapuche.