escribe Ricardo Daher

El 20 de diciembre de 1989, cerca de la medianoche, aviones de combates norteamericanos inciaban el bombardeo de varios lugares de Panamá, preludio de la invasión de 40.000 soldados, denominada pomposamente "Operación Causa Justa".

Era la primera guerra de Estados Unidos en su condición de única superpotencia, ya que la Unión Soviética estaba siendo desmembrada, el muro de Berlín había caído a pedazos un mes antes, y reafirmaba el nuevo diseño de la política exterior norteamericana de actuar por encima de los convenios, organizaciones y leyes internacionales vigentes. La invasión de Panamá fue el modelo para las posteriores invasiones de Yogoslavia, Afganistán e Irak.

Como en este nuevo diseño de las guerras del siglo XXI, también la invasión a Panamá por Estados Unidos cumplió con los requisitos de eludir cualquier resolución de las Naciones Unidas, (la Asamblea General de la ONU condenó posteriormente la invasión) fue una decisión unilateral del gobierno norteamericano y no necesitó de ninguna declaración formal de guerra. No existió ninguna provocación previa, fue televisada bajo control del Ejército, y también como en Irak, los reporteros viajaron con las tropas y quedaron sometidos a sus mandatos y censura. También como en estas dos guerras del Medio Oriente, no se conoce el número de bajas, y los "daños colaterales" son inmensos e incalculables. En la invasión a Panamá se estrenó el avión caza bombardero F117 Stealth, y la nueva política de relaciones públicas y prensa del Pentágono, perfeccionada después con la transmisión en televisión de la intervención en Somalía. Siempre con la prensa bajo supervisión de oficiales.

Otra semejanza, la situación social empeoró tras la invasión y las excusas para el conflicto se modificaron según la ocasión.

El objetivo de los ataques no se cumplieron: El general Noriega escapó y se entregó después de una mediación de la Iglesia, Osama Bin Laden, el Mulah Omar aún siguen prófugos y Sadam Hussein fue encontrado después de 8 meses.

El gobierno de George Bush (padre) acusó entonces al general Noriega de servir al narcotráfico y aseguró que la intervención militar y la captura del entonces presidente iba terminar con ese negocio ilícito. A dos años de la invasión, las organizaciones internacionales consideraban que el tráfico de drogas a través de Panamá se había duplicado. Hoy a 14 años, es aún más grave.
En Afganistán, las fuerzas leales al gobierno de Estados Unidos, apenas controlan la capital, Kabul, donde son frecuentes blancos de atentados. En el resto del país continúan las guerras entre los caudillos locales, y la producción de heroína bate records históricos. Y los talibanes se reorganizan y ya controlan grandes zonas del país.

En Irak, en las zonas más pobladas, la mesopotamia entre los ríos Eufrates y Tigris, es escenario de una guerra de guerillas que tiene en jaque a los soldados norteamericanos. La disolución del ejército y la caza de brujas contra los ex partidarios del régimen han provocado un aumento de la desocupación y crecimiento del número de personas en la pobreza y la marginación. La región es más inestable y el precio del petróleo sigue alto.

Centroamérica que enfrenta graves problemas sociales y económicos, donde la corrupción alcanza niveles espectaculares, el ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán, acaba de ser condenado a 20 años de cárcel, y donde semanalmente se producen violentas protestas sociales, es considera como un ejemplo de la política de intervención de Estados Unidos, por su actual secretario de Estado, Colin Powell.

Semanas atrás, después de una gira por la región, dijo que la situación de Centroamérica es la prueba de que la invasion a Irak está justificada.

"Panamá y Nicaragua", expuso Powell en un discurso en Nueva York "[son] dos países que hace 14 años... estaban sumidos en dictadura y desesperación". "Como jefe del Estado Mayor Conjunto", puntualizó Powell, "yo dirigí la invasión y la liberación de Panamá. Como asesor de Seguridad Nacional bajo el presidente Reagan, yo apoyé a los Contras en Nicaragua y les obtuve financiamiento".

Powell ha argüido que la situación actual de toda la América Central debe ser interpretada no sólo como una justificación de las políticas estadounidenses de los años 80 en esa región, sino también como justificación de la actual política estadounidense hacia Irak.

Los datos oficiales indican una realidad muy diferente a la presentada por el secretario de Estado norteamericano. Según un informe de la Unión Europea, más del 60% de los 34,6 millones de centroamericanos viven en la pobreza, y el 40% de ellos en la miseria. Las cifras del 2000, señalan que se hallan por debajo del umbral de pobreza el 75% de los guatemaltecos, el 73% de los hondureños, el 68% de los nicaragüenses, y el 53% de los salvadoreños. Más de 10 millones de centroamericanos (29% del total) no tienen acceso a servicios de salud, y dos de cada cinco carecen de agua potable y saneamiento básico. Un tercio de los habitantes son analfabetos. Según marca el informe, las cifras son peores para la población indígena. En Guatemala, por ejemplo, la pobreza es del 86% entre los indígenas, y del 54% para los no indígenas. Tres años más tarde, un informe de la CEPAL indicaba que el número de latinoamericanos que vive en la pobreza alcanzó los 220 millones de personas, de los cuales 95 millones son indigentes, lo que representa el 43,4 % y 18,8% de la población respectivamente. El mismo informe añade que el proceso de superación de la pobreza se estancó durante los últimos cinco años.

Sin embargo, quizás lo que alienta el optimismo de Powell, es la insistencia de los gobiernos de la región en aplicar las recetas del Fondo Monetario Internacional y de los popes del neoliberalismo.

En Panamá, la presidenta Mireya Moscoso mantiene una política exterior alineada a los mandatos de Estados Unidos, mientras en el plano económico acelera las políticas de privatizaciones. A mediados de año, y casi a escondidas, firmó un acuerdo con EE.UU. para otorgar inmunidad a los soldados de ese país frente a la Corte Penal Internacional, tras una exigencia del gobierno de Bush para continuar proporcionando ayuda militar. Panamá fue uno de los primeros países en ceder ante estos planteos.

Todavía siguen sin proceso los cubanos contrarrevolucionarios que llegaron desde Estados Unidos a Panamá para intentar asesinar al presidente cubano Fidel Castro en la Cumbre Iberoamericana del 2001. Fue la seguridad cubana la que detectó a los terroristas (planeaban colocar una bomba en la Universidad donde iba a hablar Fidel Castro) y la policía panameña sólo actuó después de las denuncias públicas de los cubanos, pese a haber sido previamente informados.

Por otra parte, según analistas políticos locales, tras la invasión de 1989, se ha incrementado el tráfico ilegal de drogas y la práctica de blanqueo de dinero en las instituciones bancarias panameñas. Las autoridades del país y a nivel local han perdido practicamente el control sobre estas actividades. Como consecuencia se aprecia un incremento de la corrupción en todas las esferas.

En 1991, el gobierno que asumió en una base militar norteamericana, presidido por Guillermo Endara le rebajó los impuestos a los sectores de mayores ingresos. Promovió la transferencia de riquezas de los grupos más pobres hacia los sectores más acomodados del país.

Después de las elecciones de 1994, ganadas por Ernesto Pérez Balladares, el gobierno introdujo reformas mucho más radicales que las exigidas por los organismos financieros internacionales.

Se redujeron los aranceles de productos importados arruinando a agricultores y manufactureros, por igual. Además, se privatizaron las empresas públicas de los panameños que representaban los ahorros de varias generaciones. A cambio de estas reformas que debilitaban la economía nacional, los gobiernos de turno no introdujeron alternativas que reorientaran el crecimiento y desarrollo del país.

La década de 1990, la década de la post-invasión, no produjo progreso alguno para el país. En medio del estancamiento, los gobiernos se dedicaron a transferir riquezas de los sectores pobres y de las capas medias hacia los sectores más ricos. Las huellas de la invasión militar norteamericana aún se encuentran frescas en el país, grabadas para siempre en el barrio popular de Chorrillos, donde los bombardeos lo hicieron desaparecer con víctimas civiles. Contribuye todavía a la corrupción y a mantener al país en la "lista negra" que circula entre los países más ricos del mundo. Además, la invasión aparentemente sigue legitimando la política económica que está arruinando el mercado interno y nuestra capacidad de incrementar nuestras exportaciones.

El próximo año, el 2 de mayo, cuando se esté arribando al 15 aniversario de la invasión, se realizarán las elecciones nacionales. Según las encuestas de este mes, dos candidates aparecen como firmes pretendientes a ocupar el sillón presidencial, Martín Torrijos, hijo del difunto coronel Omar Torrijos, líder del proceso nacionalista iniciado en 1968 y que culminó con la devolución del Canal a Panamá, y Guillermo Endara, el hombre impuesto por las tropas norteamericanas en 1989 y que gobernó hasta el 94.