escribe Ricardo Daher

A menos de un año de haber asumido la presidencia del Ecuador con gran respaldo popular y con la expectativa de que su gestión iba a modificar la política económica neoliberal que se había impuesto en los últimos tiempos, Lucio Gutiérrez ha defraudado a la mayoría y enfrenta ahora un escándalo de presuntos vínculos de su campaña electoral con el narcotráfico, que puede poner fin a su mandato.

Gutiérrez enfrenta una caída de su popularidad por debajo del 20 por ciento, situación que analistas atribuyen al incumplimiento de sus ofertas de campaña, la incierta orientación de su gestión pública, falta de habilidad política y tendencia al nepotismo.

En contraste, el mandatario exhibe como resultados de su gestión una política económica que logró bajar la inflación y pagar en forma puntual las obligaciones de la deuda externa, lo cual le generó simpatías en el mundo financiero internacional.

Pero esa misma política, caracterizada por los ajustes económicos, le generó un profundo descontento en gremios populares y en sectores de la empresa privada por su carácter restrictivo y fuertemente impositivo.

El mandatario atribuye sus dificultades políticas a "banqueros corruptos", al narcotráfico (a quienes dice combatirlos con firmeza) y a políticos tradicionales que, según afirma, no le perdonan haberlos derrotado en las urnas.

Tres meses atrás, Gutiérrez perdió el apoyo en el gabinete y en el parlamento de sus ex aliados politicos del movimiento indigenista, y a principios de este mes de diciembre debe renovar su gabinete para disipar sospechas sobre cualquier caso de corrupción, y al mismo tiempo, diseñar una nueva política de alianzas, a través de la oferta de cargos, que elimine la posibilidad de que se le inicie un juicio político en el Congreso.

El Congreso está dominado por el derechista Partido Social Cristiano del ex presidente León Febres Cordero, opositor de la primera hora y ahora con cierto grado de cooperación con el gobierno, y la socialdemócrata Izquierda Democrática, del también ex presidente Rodrigo Borja, también opositor al inicio.

El ascenso del coronel

El 21 de enero de 2000, mandos medios militares ecuatorianos, entre ellos el entonces coronel Lucio Gutiérrez, se aliaron con indígenas en un intento de instalar un gobierno popular en reemplazo de la desmantelada administración del entonces presidente Jamil Mahuad, un mandatario manejado a control remoto desde la banca. Tras la destitución de Mahuad, se instaló un triuvirato que pretendía contemplar las aspiraciones de los indígenas y los sectores sociales que se habían revelado contra la política neoliberal del presidente y sus acuerdos con el FMI. Sin embargo, los mandos de las Fuerzas Armadas dieron un golpe de estado en favor del entonces vicepresidente Gustavo Noboa.

El nuevo mandatario, considerado el hombre más rico del país, con una fortuna estimada en 1.200 millones de dólares, continuó con la política económica de sus predecesores, y a mediados de ese año, eliminó la moneda nacional, para adoptar el dólar.

A fines del 2002 fueron convocadas las elecciones nacionales, y dos candidatos superaron la primera vuelta, Lucio Gutiérrez, candidato del Partido Sociedad Patriótica (PSP) y apoyado por una coalición de movimientos sociales, y Noboa al frente de los sectores conservadores.

El militar logró conformar un frente de fuerzas de izquierda y centroizquierda y movimientos sociales, el apoyo del movimiento indígena con la CONAIE y su expresión política, Pachakutik, el Movimiento Popular Democrático (MPD), la Confederación Nacional de Afiliados al Seguro Campesino (COFEUNASC), la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígena y Negras (FENOCIN), la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS), el Movimiento Campesino Solidaridad de la Costa, el Movimiento Médico de los Mandiles Blancos entre otros. De esa manera, se impuso en la segundo vuelta con el 56 por ciento de los votos.

Asunción y promesas

Al asumir la presidencia en enero de este año, sostuvo en su discurso: "Debo hacerme cargo de la sombría herencia de una enorme deuda externa e interna... Un déficit grave y creciente en la balanza comercial y cuantiosos pagos que se deben hacer de manera urgente a cientos de miles de ecuatorianos.

Asumo sobre mis hombros una abrumadora deuda social y la responsabilidad de restañar las heridas de un pueblo sufrido... Al que se le asaltó infamemente en sus ahorros y se le sumió en dolorosa pobreza compartida ahora por más del ochenta por ciento de los ciudadanos.

Las generaciones que han dirigido nuestro país... Deberán dar cuenta ante nuestra historia de cómo festinaron irresponsablemente la mayor lotería que significó la era petrolera y que quizás no vuelva a repetirse. Sobre treinta mil millones de dólares por concepto de exportación petrolera sin contar con el regalo para el consumo doméstico... Ni los dieciséis mil millones de dólares en ingreso adicional por endeudamiento...

¿Y hacia dónde han sido conducidos nuestros niños y nuestros jóvenes?...

Ochenta de cada cien ecuatorianos bajo la línea de pobreza... Y de ellos... La mitad en la pobreza crítica.
Setenta de cada cien niños del campo en desnutrición crónica que generará para su vida adulta capacidades mentales disminuidas.

Cuanto producimos y ahorramos no cubre los intereses del día a día de los acreedores. Gestionamos entonces más préstamos para cubrir otros préstamos. La deuda se hace endémica y arrasa con la esperanza de un futuro mejor.

En las tres últimas décadas del siglo que concluyó la tendencia de todos los indicadores estadísticos económicos y sociales ha señalado siempre hacia la baja. ¡siempre!

Entonces si algo enseña la tendencia estadística eso significa: que tenemos que cambiar.

Cambiar la dirección básica de nuestra convivencia social".

Sin embargo, el discurso alcanzó sólo para ese día. Tres días más tarde, llegó al país una delegación del FMI para negociar un nuevo acuerdo. Para otorgar un nuevo préstamo de 500 millones, solicitaron un nuevo ajuste del gasto público, la suba del precio de los combustibles, la eliminación de los subsidios a los pobres y mantener la dolarización.

Como telón de fondo, estaba la deuda externa de 11.320 millones de dólares (equivalente al 46 por ciento del producto bruto interno).

Ruptura de la coalición

El pasado 5 de agosto, el presidente Lucio Guitérrez, solicitó la renuncia de los tres ministros en representación del movimiento indigenista Pachakutik, dando fin a la alianza que a fines del 2002 lo había impulsado a la primera magistratura. Pachakutik tenía 3 de las 15 carteras que conforman el gabinete, incluyendo la cancillería, en manos de Nina Pacari.

Gutiérrez reaccionó contra el voto negativo de los legisladores de Pachakutik a un proyecto de ley sobre reformas a la ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, que implicaba el ajuste del gasto público solicitado por el FMI, y que en los hechos representaba bajas de salarios y despidos.

"Los ministros que conforman la alianza ya no están en el gabinete del presidente Lucio Gutiérrez", dijo Marcelo Cevallos, secretario de Comunicación, a los periodistas pocas horas después de que se evidenciara el distanciamiento entre Pachakutik y Sociedad Patriótica.

Con ello, quedaron fuera del Ejecutivo la canciller Nina Pacari; el ministro de Agricultura, Luis Macas, y la titular de Turismo, Doris Solís.

Tras la salida de Pacari, fue evidente el cambio en la política exterior, en especial sobre la distancia de Ecuador al denominado "plan Colombia", y la posición sobre el ALCA. Gutiérrez llegó a presentar y respaldar en el seno de la OEA una propuesta que podría habilitar una intervención armada exterior en Colombia si las guerrillas no abandonan las armas. En la pasada reunión de la OMC en Cancún, México, Ecuador, que se había integrado al llamado "Grupo de los 22" que encabezaba Brasil para reclamar el fin de los subsidios de los países ricos, se retiró del mismo ante la presión de Estados Unidos.

Tras la ruptura, la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador) pidió a los indígenas del país mantenerse "alertas" ante lo que pueda ocurrir". "Vamos a estar vigilantes del tema de las privatizaciones, de las concesiones" en el sector eléctrico y en el petrolero, entre otros, dijo el presidente de la Conaie, Leonidas Iza.

Ya antes de la ruptura, el presidente había despedido a la ministra de Educación, Rosa Torres, también de Pachakutik, por sus críticas al funcionamiento de la coalición. En esos mismos días de julio, tres viceministros habían renunciado a sus puestos al considerar que el presidente no estaba cumpliendo sus promesas electorales.

Escándalo con el narcotráfico

La Fiscalía decidió iniciar una investigación para esclarecer la denuncia aparecida en la prensa local sobre el supuesto uso de dinero proveniente del narcotráfico durante la campaña electoral del presidente Lucio Gutiérrez.

El Ministerio Público procederá a las pesquisas, luego que el propio mandatario solicitara a esa instancia tomar carta en el asunto acerca de la versión manejada por el diario "El Comercio".

Según esta versión, el acusado, el empresario César Fernández, había aportado 30.000 dólares a la campaña electoral de Gutiérrez, en octubre del 2002. Fernández, ex gobernador de la provincia de Manabí, fue detenido a fines de octubre de este año, cuando se aprestaba a enviar a Estados Unidos 428 kilos de cocaína. La policía lo vinculó con los carteles de droga de Sinaloa, México, y de Cali, Colombia.

Diversas fuentes relacionan a un hermano de Fernández con colaboradores cercanos del Gobierno y parlamentarios oficialistas.

El parlamento también iniciará una investigación sobre el tema. Un diputado opositor hizo incapié en los intentos del gobierno por ocultar cualquier vínculo con Fernández, pese a que entonces sólo era conocido como un empresario exitoso.

Destacó que hay una segundo elemento que preocupa a los diputados, la relación del cuñado de Gutiérrez y director del partido de gobierno Sociedad Patriótica, Napoleón Villa, con integrantes de la misma banda de presuntos narcotraficantes.

El congresista Luis Fernando Tores, del Partido Social Cristiano, aseguró, por su parte, que de comprobarse los vínculos del narcotráfico con la campaña presidencial, "los días de Gutiérrez estarían contados".

Gutiérrez siempre negó los nexos del detenido ex gobernador de Manabí, César Fernández con la campaña electoral del PSP, el año pasado, pero ante pruebas gráficas y testimoniales salidas a la luz, reconoció lo evidente.

Sin embargo, sigue rechazando que el acusado de liderar una banda internacional del narcotráfico haya aportado -hasta "donde conoce"- un solo centavo al partido para su labor proselitista.

En un cambio de discurso, Gutiérrez dijo que en el supuesto de haber ocurrido ese apoyo, nada significaría "pues hace un año el señor Fernández era una persona honorable". Eso ya lo habían dicho otras personalidades.

De demostrarse el vínculo financiero, el jefe de Estado aseguró que renunciaría a su investidura, pero se mostró confiado en que nada se comprobará, porque no existió, porque no llegaron al PSP narcodólares.

Movida de asesores

Supuestos implicados en el entorno cercano al presidente comienzan a desaparecer de la escena. Napoleón Villa, cuñado de Gutiérrez, y acusado de mantener vínculos con la banda de narcotraficantes, ya no es más director encargado del PSP, y anunció que se dedicará al recorrer el país para seguir trabajando a favor de la agrupación. Sin embargo, el influyente secretario de la Administración, Patricio Acosta, aseguró que Villa marchará al extranjero para "realizar estudios políticos".

También se fue el ministro de Turismo, Hernán Plaza, con el objetivo de no entorpecer las pesquisas seguidas en el caso Fernández, según señaló el mandatario. Plaza reconoció haber viajado alguna vez en un avión perteneciente al ex gobernador y utilizado en las actividades ilícitas, ligadas al cártel mexicano de la droga de Sinaloa.

Otros que ya no están son Carlos Vega y Glauco Bustos, tesorero y jefe de campaña del partido, quienes ocupaban cargos en la administración.

Las salidas a la actual crisis son un asunto que se ventila en forma abierta en todos los medios de comunicación.

El ex vicepresidente ecuatoriano León Roldós Aguilera dijo que, en la eventualidad de una caída de Gutiérrez y su vicepresidente, Alfredo Palacio, les sucedería en forma transitoria el presidente del Congreso, Guillermo Landázuri.

Este ejercería el poder hasta que el propio Congreso designe al nuevo presidente de Ecuador para que termine el período constitucional para el que fue elegido Gutiérrez.

Roldós instó al país a "rescatar la sensatez" y fijar las responsabilidades de Gutiérrez y Palacio si se comprueba que éstos conocían los vínculos de César Fernández Cevallos con el narcotráfico antes de que éste fuera detenido por la Policía, en octubre pasado.

Gutiérrez anunció una crisis de gabinete al parecer para incorporar fuerzas políticas que lo respalden, pero hasta el momento ningún partido, ni siquiera los que lo apoyan en el Congreso desde hace unos meses, manifestó su interés en incorporarse al gobierno.

El diputado socialcristiano Luis Fernando Torres dijo esta semana que enero y febrero próximos podrían ser sombríos para el gobierno por las movilizaciones de indígenas, sindicatos y entes sociales para oponerse a la política económica de Gutiérrez.

Varias de las organizaciones indígenas ecuatorianas no han ocultado sus preparativos en ese sentido.

Por lo pronto, algunas de estas organizaciones, entre las que se encuentran los docentes, en huelga desde hace dos semanas, anunciaron que se movilizarán el próximo 10 de diciembre en varias ciudades del país.

Algunos analistas aseguran que en Ecuador se está configurando un escenario político parecido al que desembocó en la caída del presidente Jamil Mahuad el 21 de enero de 2000.