escribe Washington Fernández

MONTEVIDEO. El diputado Raúl Sendic (1) apoya la derogación porque, en su opinión, la ley forma parte de una política de privatizaciones, porque es mala en sí misma, y porque cree que el mantenimiento del ente energético en la órbita del Estado es vital para poner en marcha un programa de desarrollo productivo y social.

¿Por qué hay que derogar la ley de desmonopolización de ANCAP?
Yo he planteado tres ejes centrales en la argumentación a favor de la papeleta rosada con el SI para derogar esta ley: el primero tiene que ver con el hecho de que esta ley forma parte de una política de pri-vatización del Estado, impulsada por todos los últimos gobiernos. Ellos han buscado desarmar el Estado, entregárselo a capitales privados transnacionales. Y no hablamos de sectores secundarios del Estado sino de sectores estratégicos. A pesar de que en el Uruguay hubo un pronun-ciamiento popular muy importante en el año 1992, cuando más del 70 % de la ciudadanía votó a favor de que las empresas públicas quedaran en manos del Estado, estos gobiernos siguieron adelante con el plan de privatizaciones. Nunca más hablaron de privatizar pero todos sabemos que son privatizaciones aunque las llamen asociaciones, concesiones, llamados a licitación, contratos, des-monopolizaciones o hasta remates.

Es así que, en forma total o par-cial, han privatizado las carreteras, los puertos, los aeropuertos, los ser-vicios de agua y saneamiento, las telecomunicaciones, y ahora los combustibles. Esa política obedece exclusivamente a los dictámenes de los organismos internacionales, los cuales, como contrapartida de los créditos otorgados, han exigido la desarticulación de los estados en esta parte del mundo. Y digo en esta parte del mundo porque quienes nos hablan en contra del Estado en este hemisferio son los mismos que en el hemisferio norte protegen su produc-ción, subsidian sus productos, im-ponen barreras arancelarias a los nuestros y establecen políticas de estado muy fuertes. Sin embargo, a los países del sur se les ha obligado a desarmarlos.

Mantener esta ley, entonces, forma parte de una política que ha llevado el país a la crisis, a la banca-rrota. El gobierno habla de síntomas de reactivación pero todos sabemos que los resultados de esa reac-tivación, si la hubiera, van a demorar muchísimo en llegar al conjunto de la población porque el país está fundido. Por lo tanto, dado que esta ley forma parte de esa política nosotros estamos en contra.

¿Cuál es el segundo punto?
El propio contenido de la ley, que es desastroso. Es una ley de en-trega absoluta de la empresa más importante que tiene el país a una empresa privada; es una ley que no garantiza los precios; no establece el marco regulatorio; entrega un mo-nopolio estatal para la constitución en el país de un monopolio privado; no establece cuál va a ser la escala del negocio ni el volumen de produc-ción; no fija condiciones ni requeri-mientos de inversión y tampoco establece con claridad cuál va a ser el mecanismo de distribución de las utilidades. La ley es mala entonces por lo que dice y es peor aun por lo que no dice, porque deja librada la definición de aspectos muy impor-tantes al tipo de acuerdo que se haga con el privado que venga.

¿Y el tercero?
El tercer eje fundamental es que nosotros necesitamos mantener los combustibles en la órbita del Estado para impulsar un proyecto de país que quiere despegar, desarrollarse, producir; que tiene que salir adelante. El sector de los combustibles y el sector energético en general tienen que permanecer en manos del Estado para asegurar políticas energéticas en función del desarrollo del país y no en función de las ambiciones de ganancia que pueda tener el sector privado. Las políticas energéticas -y ANCAP dentro de ellas- tienen que estar en función de una política de desarrollo nacional, de desarrollo del trabajo, de la producción, del de-sarrollo social, del conocimiento y de la tecnología. En ese marco ANCAP tiene un papel muy impor-tante para jugar y la necesitamos. Y como la necesitamos la defendemos.

Los promotores del NO sostie-nen que esta ley es necesaria para que ANCAP pueda asociarse con capitales privados extranjeros po-derosos y de esa forma quedar en condiciones de competir, en pie de igualdad, con las grandes transnacio-nales del petróleo cuando el mercado local de los combustibles se abra a la libre competencia...

Puede ser que ANCAP necesite todo eso, pero no lo dice esta ley, no está escrito en ningún lado. Esta ley no es la adecuada para cumplir con ese objetivo. Esta ley no establece siquiera que el futuro socio tenga que ser una empresa petrolera. Podría ser, por ejemplo, un banco. Tampoco le exige mercados ni inversiones. Se entrega una empresa que costó mu-cho construir sin exigir práctica-mente nada a cambio.

Incluso cuando se habla del re-parto de las ganancias se dice que a partir del momento en que se con-crete la asociación el reparto se va a hacer de la siguiente manera: pri-mero el privado tiene que recuperar su inversión, y de lo que quede, se repartirán las utilidades a medias. No dice que las utilidades se repar-tirán a partes iguales y el privado re-cuperará su inversión de la parte que le toque, sino que, por el contrario, primero se pagará la inversión que haga el privado y recién después se repartirán las utilidades. Quiere decir, en realidad, que vamos a seguir poniendo plata. ANCAP va a renun-ciar a una parte de sus ganancias pa-ra colaborar con la inversión que en realidad debería financiar el socio inversor. Es una entrega descarada.

¿Es cierto que esta ley permitirá que bajen los precios de los combustibles?
La ley no dice una palabra sobre el precio de los combustibles ni ga-rantiza que bajen. Los marcos refe-renciales que se dan no tienen nada que ver con la región: cuando se habla de que los precios de puerta de refinería tienen que ser acordes con los de la región y preguntamos cuál es la región -pensando que la región era el cono sur de América- nos di-jeron que la región referente era el Golfo de México. Por lo tanto, ese marco le deja al privado un margen muy importante para que pueda subir los precios, porque traer combustible refinado del Golfo de México tiene obviamente sus costos.

Si uno lee atentamente el texto de la ley podrá observar que prác-ticamente no se establecen condicio-nes al privado pero, en cambio, se las ponen a ANCAP. La ley le dice a ANCAP todo lo que tiene que po-ner; le dice que tiene que poner su infraestructura a disposición del pri-vado, le fija límites y renunciamien-tos, sobre todo en materia de gestión; dice como se tienen que integrar las gerencias, pero no dice qué es lo que tiene que poner el privado.

¿El mercado libre contribuirá a reducir los precios de venta al público?
En los últimos 70 años ANCAP hizo la maravilla de refinar combus-tibles casi a los mismos costos de refinación que tiene la región sin ser un país petrolero y en medio de dos gigantes que sí lo son. Argentina hasta tiene ahora un supuesto mer-cado libre, luego de que un oligopolio privado sustituyera al monopolio estatal que tenía YPF. Ese oligopolio controla el mercado y los precios subieron después de la supuesta desmonopolización y luego de las promesas de que los precios bajarían con la privatización. Después que el Estado se fue del mercado los com-bustibles subieron porque las trans-nacionales, dueñas del mercado, se pusieron de acuerdo para fijar los precios y la libre competencia pasó de ilusión a engaño. Por tanto, es muy importante que el Estado mantenga su capacidad de gestión, de producción y de regulación en el sector energético.

Otro aspecto importante es ver quiénes gestionan las empresas públicas. Uruguay ha tenido muy buenas herramientas, como el Banco Hipotecario (BHU), el Banco República (BROU), ANTEL y la propia ANCAP2, pero quienes han gestionado esos organismos han hecho verdaderos desastres. Por tanto, acá no sólo vamos a defender a ANCAP votando el 7 de diciembre la papeleta rosada, porque eso por sí sólo no garantiza la supervivencia del ente, sino que además será necesario cambiar el gobierno, porque si la izquierda no gana la próxima elección nacional van a hacer de ANCAP lo mismo que ya hicieron con otras empresas públicas, que las terminaron fundiendo. Por eso me parece importante marcar estas dos etapas: la primera el 7 de diciembre, votando por el SI, y la segunda votando por la izquierda en la elección nacional, para que podamos llegar al gobierno y preservar el Estado para que pueda cumplir el papel que le corresponde en un programa de desarrollo./Rel-UITA

NOTAS
1) Raúl Sendic es diputado por Montevideo. Integra la coalición de Encuentro Progresista-Frente Amplio, y dentro de ésta es líder del Movimiento 26 de Marzo, sector político que opera dos importantes medios de prensa: la emisora capitalina CX 36 AM Radio Centenario y el diario La Juventud, con el cual la REL-UITA mantiene un convenio editorial.
2) El BHU es un banco estatal que durante años construyó viviendas, financió la construcción de ellas y promovió el acceso a la vivienda de sectores sociales de diversa extracción. Otorgar créditos a los trabajadores y al sector empresarial es una de las funciones más importantes del estatal BROU. ANTEL es el ente estatal que brinda servicios de telecomunicaciones y ANCAP refina crudo, produce y comercializa combustibles.