escribe Ignacio Cirio

Pese a que la enmienda constitucional de 1996 fija para junio de 2004 el comienzo del largo calendario electoral uruguayo, el plebiscito sobre la privatización de la gestión de la empresa refinadora de petróleo (ANCAP1 ) que tendrá lugar el domingo 7 de diciembre próximo ha instalado un clima de «ensayo general» en la dinámica política de este país.

Sobre las ruinas aún humeantes del país plaza financiera del Cono Sur, tiene lugar un acalorado debate que polariza al espectro político y cuyo resultado, será ilustrativo de la puja por el esperado triunfo de la izquierda, hacia el gobierno en su expresión unitaria: el Frente Amplio.

Creada en 1931 a impulso de José Batlle y Ordóñez ascendiente directo del actual mandatario uruguayo Jorge Batlle Ibáñez-, ANCAP contó desde entonces con el monopolio de la refinación y comercialización del total del petróleo adquirido por Uruguay fuera de fronteras. Significó, un duro golpe a los intereses de las grandes trasnacionales petroleras del momento. Fue necesaria una dictadura cívico-militar con mano de hierro para que Estados Unidos no perdiera completamente su confianza en el rumbo del viejo y útil estado tapón devenido en tacita de plata.

En las décadas siguientes, por un proceso de persistente desgaste ANCAP perdió el monopolio de los lubricantes y fue creada una empresa satélite en la órbita privada -en sociedad con Shell, Exxon, Texaco- encargándose de la distribución de las gasolinas.

En 2001 los partidos «blanco» y «colorado», coaligados en el Ejecutivo producto de un pacto que cerró las puertas del gobierno al Frente Amplio (40% de votos en primera vuelta presidencial) aprueban una ley de «asociación» para ANCAP y llaman apresuradamente a interesados a nivel internacional, los cuales no se darán por enterados sino varios meses antes: la urgencia por la asociación no era tal sino en la mente de los gobernantes. Una vez más y de la peor manera, los legisladores uruguayos transcenderían fronteras por sus construcciones legales sui generis: a fines de los 80 supo sorprender al mundo la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado que significó impunidad para los represores del 70'.

Entre otras singularidades la ley ofrece: -Terminar con el monopolio de la refinación y ¡hasta de la importación de combustible elaborado abriendo de par en par el mercado! -Asociar ANCAP con una trasnacional por 30 años, y dejar en manos del privado la dirección de la nueva empresa: 4 de 6 directores responderán al «socio». -No se determinan para el socio «deberes» de inversión aunque se establece claramente su «derecho» a reclamar la cuota parte en la infraestructura creada en el marco de la sociedad.

La norma, discutida durante 2001 a lo largo de varios meses, fue rechazada en su formulación última por la poderosa bancada de la izquierda. Sin embargo dos senadores del ala más conciliadora de la coalición que desde 1971 reúne a todo el progresismo uruguayo, los (también) economistas Alberto Couriel y Danilo Astori participaron activamente en su redacción y forman parte de quienes hoy la defienden, pagando un alto costo (no sin razones de futuro, como veremos) dentro del electorado frenteamplista y convirtiéndose en blanco preferido de los grandes medios, donde vuelcan argumentos que hablan de la ineluctabilidad de esta privatización como peaje hacia la modernidad.

Cuando el sindicato comprendió que la ley sellaba el destino de ANCAP; y la izquierda alcanzó a leer que con la «asociación» se mutilaba a su eventual gobierno de una herramienta soberana y usina de fondos genuinos a derramarse sobre resto del Estado -criterios estos que comenzaron a cobrar fuerza a partir de voces minoritarios- se activó el mecanismo de consulta popular. Trabajoso: la Constitución requiere un 25% de firmas conformes para plebiscitar una norma que no obstante fueron recabados por el sindicato y por la superviviente estructura de base del FA. Es que los trabajadores de ANCAP supieron desde un primer momento a que se oponían: 16 asociaciones a pequeña escala en los últimos 15 años entre ellas la aventura de Sol Petróleo en Argentina que arrojara en cinco años la fabulosa pérdida de 100 millones de dólares para el Estado uruguayo.

El logro de las firmas encendió la luz naranja en los partidos de gobierno; no se lo esperaban: resultó tempranamente obvio que por encima del contenido literal de la ley (al que se ciñen permanente sus defensores), la peor crisis financiera del Uruguay haría que el electorado encontrase en el referéndum una instancia para juzgar de conjunto al actual gobierno, al ser convocado a las urnas.

La gravitación de la consulta en el futuro político del Uruguay se transparenta en que los principales líderes de los partidos (los ex presidentes y ambos potenciales candidatos Luis A. Lacalle y Julio M. Sanguinetti y del lado de la izquierda Tabaré Vázquez) se encuentran desde hace semanas a la cabeza de las campañas. Resulta ilustrativo del espectral gobierno uruguayo que los estrategas de campaña hayan optado por amordazar al Presidente Jorge Batlle en materia de la consulta buscando evitar la temida identificación entre el actual equipo de gobierno y la anhelada asociación. Es que quizás como con ningún otro tema, los neoliberales uruguayos saben que reman contra la corriente en materia de privatizaciones: en 1992 un plebiscito arrojó la sorprendente cifra de un 72% de los uruguayos contrarios a la venta del puñado de empresas públicas consideradas estratégicas.

Pero la puja electoral con mirada a diciembre también permite tomarle el pulso a la fuerza que se presenta con mayores posibilidades de hacerse con el gobierno nacional a partir de 2005. Los senadores disidentes arriba mencionados insisten en que su objetivo al apoyar la norma es demostrar capacidad de «diálogo» y «cultura de gobierno», partiendo de la base que el FA requerirá pactar con sus adversarios históricos para evitarse estar al frente de un gobierno a la defensiva. Sin embargo, su posicionamiento ha generado verdaderos cismas dentro de sus respectivos partidos y de hecho hasta la definición de las candidaturas desde los partidos hegemónicos -y de posibles competidores del liderazgo de Vázquez, muy jugado a la anulación de la ley que enajenaría la empresa de la que su propio padre fue obrero durante treinta años, mientras él se convertía no sin esfuerzo en uno de los mejores médicos del país- depende esencialmente del resultado que arroje el ejercicio de la democracia directa el primer domingo de diciembre.

El acaloramiento del debate que se filtra literalmente en cada muro vacante de la ciudad, en cada reunión de más de tres uruguayos en cualquier punto del país-, los actores que ocupan las primeras filas en él, el primer plano y el telón de fondo hablan a las claras que en la carta que se juega en esta consulta se definen dos países posibles, o mejor valdría decir, si Uruguay puede adicionarse al creciente número estados sudamericanos que se replantean sus conductas seguidistas de la Escuela de Chicago en los 90' o descubre que la modernidad debe ubicarse en coordenadas de integración y soberanía.

1 Administración Nacional de Combustibles, Alcoholes y Portland