|
||||||
Las privatizaciones en América Latina |
||||||
escribe Ricardo Daher En la última reunión conjunta del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Fondo Monteario Internacional, celebrada en Dubai, los funcionarios de estos organismos admitieron que las privatizaciones en América Latina no habían tenido el efecto positivo esperado en las condiciones de vida de sus habitantes, ni logrado el crecimiento económico de la región. Sin embargo, las críticas no fueron hacia el modelo, sino que estuvo dirigida a los dirigentes políticos que llevaron adelante el proceso privatizador, quedándose con algunos dólares en el bolsillo, y recomendaron más privatizaciones. El resultado de los últimos 20 años de reformas ha sido pobre en resultados para mejorar el bienestar social. El presidente del BID Enrique Iglesias, afirmó que las reformas ''no fueron siempre ajustadas a las circunstancias locales'' de cada país, en una declaración que comparte la opinión de los grupos antiglobalización que acusan al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial (BM) de impulsar una agenda de cambios estructurales uniforme, que afecta a los países de distinta manera. ''(Las reformas) tampoco fueron implantadas consistentemente ni contaron con los marcos de supervisión y regulación adecuados. Fenómenos de corrupción y malas prácticas en las empresas privatizadas contribuyeron a minar la sustentabilidad de los nuevos mercados surgidos de las reformas y restaron el apoyo popular de consumidores y usuarios'', apuntó Iglesias. Señaló que el recrudecimiento de la volatilidad y las reformas incompletas resultaron en que el crecimiento de la región disminuyera desde 1998, lo que hizo declinar el ingreso per cápita de los latinoamericanos a una tasa de 0.3 por ciento anual. Por primera vez en la década, en 2002 el producto interno bruto regional disminuyó. Para el presidente del BID, los resultados de la última década no son obstáculo para que recomendara continuar por un camino parecido. De todas maneras, Iglesias planteó que el Estado -prácticamente desmantelado por los gobiernos de la región durante las últimas dos décadas- debe fortalecerse, aumentar su eficiencia y su transparencia y ser mucho más eficaz para servir mejor a los ciudadanos y crear las condiciones necesarias para el desarrollo de un sector privado moderno. En parte, el argumento de que la corrupción perjudicó los "beneficios" de las privatizaciones parece avalado con hechos. Prácticamente todos los presidentes y sus equipos encargados de llevar adelante las privatizaciones, o reformas como las han denominado, terminaron sus mandatos, más ricos que cuando comenzaron. Varios presidentes y ministros siguen con causas pendientes en la Justicia de sus países. Sólo para mencionar algunos ejemplos notorios, Carlos Salinas de Gortari y Carlos Menem. El argumento de que la venta de las empresas públicas atraería inversiones, crecimiento económico, empleo y permitiría saldar la deuda externa fue, según los datos concretos, un cuento. La deuda externa de América Latina pasó de 69.000 millones de dólares en 1975, a 443.000 millones en 1990, trepó a 603.000 millones seis años más tarde, hasta llegar a más de 725.000 millones de dólares. Sin embargo, desde 1982 al 2002, América Latina pagó 1,4 billón de dólares, es decir más del doble de la actual deuda externa y por lo menos cuatro veces más que la deuda acumulada en 1982. Así, después de malvender empresas públicas y sectores estratégicos de las economías regionales, la deuda externa sólo siguió creciendo. Al mismo tiempo, entre 1990 y 1999, las privatizaciones en América Latina sumaron casi 180.000 millones de dólares. En las 500 mayores empresas de la región, la propiedad extranjera pasó de 27,4 a 43 por ciento y la estatal se contrajo de 33,2 a 18,8 por ciento. La introducción de las privatizaciones masivas en América Latina se facilita a partir del derrumbe de las experiencias desarrollistas, abortadas con la imposición de gobiernos militares en la región. El modelo impuesto por el dictador chileno Augusto Pinochet, servirá como espejo a los gobiernos de la región, los militares y los gobiernos civiles que les sucedieron. Una clase media debilitada, reformas agrarias inconclusas o en repliegue, la destrucción del movimiento sindical y de los partidos de extracción popular, empujaron hacia el control de los estados a representaciones del sistema imperial coptados entre sectores colaboracionistas, con alguna capacidad de mediación frente a estructuras políticas más tradicionales. Un empuje sobresaliente a este movimiento privatizador provendría de las nuevas características del sistema financiero internacional, que ha estado apoyando consistentemente el endeudamiento de América Latina y la penetración del sistema transnacional "privatizador", de acuerdo al "modelo poswestfaliano", que concede tanta importancia a la empresa por encima de los estados En 1995, Paul H. Boeker, director de un instituto que promueve las privatizaciones, ex embajador norteamericano en Jordania y Bolivia, entre otros países, elogiaba el proceso latinoamericano, y sostenía que "Existen dos importantes tipos de privatizaciones potentes. Primero está la privatización de las empresas de servicios públicos - energía eléctrica, gas, telecomunicaciones, transporte y agua - que deben enfocarse desde la perspectiva de la eficiencia de los sectores, no de las compañías. Segundo, la privatización del sistema de pensiones, en combinación con reformas del sector financiero, refleja la esencia de cómo una economía genera ahorros y luego los convierte en inversiones" En su manual para las privatizaciones, sostenía que primero se debía apuntar a los sectores claves, que definía como "la energía eléctrica, las telecomunicaciones, los puertos, las carreteras y el agua potable son insumos básicos en todos los negocios. La energía eléctrica de más bajo costo distribuida en forma continua y las telecomunicaciones más baratas y más flexibles reducen el costo y aumentan la eficiencia de virtualmente todo negocio. Toda la producción se vuelve más eficiente y se aumenta la competitividad internacional de todos los sectores de la economía". "La otra privatización sumamente poderosa en términos de la productividad económica general ha sido la reforma del sistema de pensiones y reformas afines dirigidas a fortalecer el sector financiero en general". Las recomendaciones, que no eran exclusivas del Boeker, sino que también se incluyeron en las condiciones que exigían los organismos internacionales para conceder créditos a los países, fueron seguidas casi al pie de la letra en toda la región. Sus resultados están a la vista. "América Latina no está en camino de cumplir los objetivos sobre el Sida (...), ni los objetivos ambientales o los de la reducción de la pobreza", precisó el secretario adjunto del departamento de Asuntos Sociales y Económicos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), José Antonio Ocampo. En el 2001, 214 millones de personas, casi el 43% de la población latinoamericana, vivía en la pobreza y de éstos, 92.8 millones (18.6%), en la indigencia, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Para el 2003 está previsto que la pobreza aumente del 43.4 % en el 2002 (algo más de 220 millones de personas), al 43.9 %. La indigencia también aumentó. Del 18.8 % existente en el 2001, creció hasta el 18.8 % en el 2002. Lo triste y sorprendente es que se pronostica una elevación hasta el 19.4% en el 2003. De acuerdo con estos fríos números, las personas incapaces de cubrir sus necesidades básicas para vivir aumentarán aún por encima de los 95 millones de ciudadanos. La mitad de los pobres son niños y adolescentes, según un informe la UNICEF. En correspondencia con este informe, el 59 % de los niños de 0 a 12 años son pobres, ocurriendo lo mismo con el 51 % de los situados entre 13 y 19 años de edad y el 35 % de los mayores de veinte años de edad. Más de la mitad de nuestro futuro está condenada a la pobreza antes de nacer. |
||||||
|
||||||
|