El presidente Vicente Fox impulsa nuevas iniciativas legales para privatizar el sector eléctrico y petrolero de México, mientras enfrenta la resistencia de sectores de gran parte de la oposición. En tanto, funcionarios de organismos internacionales, recomiendan en México, "leer menos a Marx" y no darle tanto espacio a los murales de Diego Rivera.

A más de dos años de las elecciones presidenciales se han acelerado los acuerdos políticos entre los dos principales partidos del Congreso mexicano, el gobernante PAN del presidente Vicente Fox, y el PRI en el poder durante décadas, encabezado por Roberto Madrazo, para impedir un ascenso del opositor Partido de la Revolución Democrática PRD al gobierno, y para completar las reformas neoliberales iniciadas a principios de la década de los 90.

México, que destina el 90 por ciento de sus exportaciones a los Estados Unidos, ha creado un lazo de dependencia extrema con la nación del norte, especialmente en las últimas dos décadas de aplicación del modelo neoliberal por los gobiernos del Partido de la Revolucionario Institucional (PRI), especialmente de los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, y del actual de Acción Nacional (PAN) de Vicente Fox.

México, desde el ascenso al poder del PRI en 1920, mantuvo una política de relaciones internacionales relativamente independiente y practicó un desarrollo populista que en varios períodos fue particularmente represivo con las organizaciones de izquierda que pretendía profundizar el proceso revolucionario. Recién ahora se está revelando información sobre la cantidad de desaparecidos (algunos estiman que más de 1.500 desaparecieron a fines de los 60 y principios del 70) y se inició la investigación de la masacre de la plaza de Tatlelolco en 1968 contra una concentración de estudiantes y que provocó centenares de muertos.

Décadas de poder absoluto transformó al PRI en un partido burocrático dirigido por un puñado de profesionales que imponía sus candidatos (conocidos como los "tapados") a la sociedad. A principios de los 90 importantes dirigentes del PRI rompieron con la dirección y crearon otra opción política: el PRD que recibió también el aporte de otros sectores de la izquierda, mientras que otros pasaron a colaborar con la oposición derechista del PAN.

Tras los escándalos de corrupción dentro del PRI y el gobierno, el asesinato de su candidato presidencial Eduardo Colosio, el levantamiento zapatista de enero de 1994 que puso en primer plano la explotación de los indígenas y campesinos, la sociedad mexicana apostó a un cambio y votó al empresario y ex directivo de la Coca Cola, Vicente Fox, candidato del derechista Partido Acción Nacional como presidente.

Sin embargo, la ilusión del cambio fue esfímera. Aunque el PAN no es un partido homogéneo ideológicamente, si lo es en cuanto a aplicar los modelos económicos liberales impulsados por los organismos internacionales, y en especial por su poderoso vecino del norte.

Ya integrado al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) México acentuó su dependencia con la economía de su vecino del norte, y avanzó en planes para privatizar empresas del Estado, principalmente dentro del sector energético.

La pérdida del gobierno, el avance del PRD (que en dos períodos logró el gobierno de la capital federal) provocó un fuerte debate dentro del PRI, que ahora enfrenta dividido los proyectos de privatización del gobierno.

Un sector afín a los anteriores presidentes, Zedillo y Salinas de Gortari, respaldan las privatizaciones en la industria petrolera, gas natural, agua potable y energía eléctrica. Todos rubros que interesan enormemente al vecino del norte. De hecho, desde el 2001, México exporta agua a los Estados Unidos, gas natural, energía eléctrica y por supuesto petróleo. En todos estos rubros los estados norteamericanos fronterizos tienen un enorme déficit y han construido gasoductos, cañerías y tendidos eléctricos para introducir esos recursos por la frontera.

Por ley, el sector petrolero pertenece al Estado mexicano, pero en los últimos años se han introducido modificaciones para permitir la asociación con capitales privados o ceder en concesión algunos rubros.

Días atrás, el presidente Fox anunció que a partir del próximo año empresas privadas nacionales y extranjeras participarán en la construcción de "megacentros petroquímicos", en los que se producirán algunos productos petrolíferos que legalmente sólo pueden ser producidos por el sector público.

Los senadores priistas Emilio Gamboa Patrón y Eric Rubio Barthell, acusaron al presidente Vicente Fox, y a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), de presionar al Congreso de la Unión para que apruebe la privatización del sector eléctrico de México.

Los también senadores del (PRI) Manuel Bartlett y Laura Alicia Garza Galindo opinaron que esta iniciativa en un nuevo paso en la privatización silenciosa del sector energético, iniciada con la entrega de la explotación del gas en la cuenca de Burgos a trasnacionales y la intención gubernamental de privatizar parcialmente las operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El senador del PRI Oscar Cantón Zetina dijo que si el presidente y sus socios estadunidenses siguen insistiendo en la apertura de los energéticos al capital extranjero "habrá movilizaciones sociales que nadie va a poder contener".

Con la instalación de "megacentros petroquímicos" el gobierno federal incurrirá en una nueva violación a la ley, opinó Gonzalo Yáñez, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo (PT). Aseguró que la reforma eléctrica es sólo una cortina de humo, pues la verdadera intención del gobierno federal es privatizar los recursos energéticos del subsuelo.

"De un plumazo le dan a la empresa Repsol la cuenca de Burgos, que es el principal yacimiento de gas natural en México. Con esto tenemos no sólo una acción anticonstitucional, sino un Presidente anticonstitucional que se pasa por el arco del triunfo la Constitución", declaró el legislador del PT.

El gobernador de Oaxaca, José Murat, también del PRI, acusó que "fuerzas retrógradas del PAN y un sector blando PRI" tratan de despojar a los mexicanos de sus dos últimas riquezas: el petróleo y la electricidad, por medio de negociaciones "clandestinas" con "aprendices de iluminados" para entregárselas al capital privado.

El gobierno rechaza que estas iniciativas obedezcan a acuerdos con organismos internacionales o a presiones externas. Felipe Calderón Hinojosa, secretario de Energía, y Eduardo Sojo, coordinador de Políticas Públicas de la Presidencia, rechazaron que la insistencia por efectuar las reformas estructurales, entre ellas la energética, obedezca a presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Calderón Hinojosa afirmó: "no son presiones, son sólo opiniones, porque nosotros no le debemos nada al Fondo Monetario".

La medida es apoyada por empresarios y banqueros. Sostienen que es la única forma de obtener las inversiones necesarias para desarrollar el sector.

Menos Marx y menos Rivera

El Banco de México y el Senado de la República organizaron a fines de octubre un seminario para analizar "los retos de la globalización". El evento se transformó en un panegírico a las políticas neoliberales, o como sostuvo el senador del PRI, Manuel Bartlett, en un "himno a las privatizaciones".

El premio Nobel de Economía, James J. Heckman, representante de la escuela de Chicago, propuso la eliminación del artículo 123 constitucional y hasta pidió que en México se deje de ''leer a Marx'', y afirmó que a su juicio, en el país ''hay demasiados murales de Diego Rivera''.

A su vez, el director de Energía y Agua del Banco Mundial, Jamal Saghir, insistió en que México debe privatizar el sector energético, toda vez que requiere inversiones anuales por 14 mil millones de dólares para garantizar el abasto de gas, petróleo y electricidad.

Esos recursos, sostuvo, equivalen a una quinta parte del total de los ingresos fiscales del gobierno en 2002.

Aseguró que el capital adicional requerido por el gobierno en el sector energético entre 2004 y 2010 alcanza 100 mil millones de dólares, cifra que supera el saldo actual de la deuda externa, que es de 79 mil millones de dólares.

Se requiere una inversión de 26 mil millones de dólares en la industria petrolera; otros 20 mil millones para aumentar la oferta de gas y 54 mil millones de dólares más para garantizar el abasto de electricidad en ese periodo.

Ante la molestia de la mayoría de los senadores asistentes al seminario internacional El crecimiento económico y la globalización, el funcionario del Banco Mundial dijo también que la determinación de la Suprema Corte que consideró ilegal la entrega de contratos a empresas privadas -la mayoría extranjeras- para generar electricidad ha ''debilitado el interés de los inversionistas foráneos por participar en México''.

Saghir aseguró que en 2002 el gobierno foxista empleó 5 mil millones de dólares para financiar proyectos en el sector de energía, comparados con los 2 mil millones destinados a atender los programas de mayor impacto social, como la reducción de la pobreza en el ámbito rural, la salud y la educación.

Dijo que el Banco Mundial está listo para proporcionar asistencia técnica al gobierno mexicano para abrir el sector energético a la inversión privada, ''pero la última decisión corresponde tomarla a las autoridades mexicanas sobre la forma de dar el mejor servicio a los ciudadanos''.

Justificó luego el fracaso de la privatización eléctrica en países como Argentina, República Dominicana y Chile, bajo el argumento de que los resultados negativos se debieron a ''problemas macroeconómicos y no a las reformas''.

"Terrorismo numérico"

El senador priísta Manuel Bartlett, presente en el simposio, refutó de inmediato la postura del enviado del Banco Mundial. Se trata, dijo, de ''terrorismo numérico'', toda vez que las cifras presentadas por el organismo están sobredimensionadas. Los 100 mil millones de dólares que según Saghir se requieren para el sector energético entre 2004 y 2010 no corresponden a la realidad mexicana, dijo el legislador, y señaló que estimaciones más serias calculan que sólo se necesitan 5 mil millones de dólares para el mismo período.

Consideró por ello que las exposiciones fueron un ''himno a la privatización'', donde el Banco Mundial actuó de mala fe, toda vez que ocultó el efecto desastroso que han traído las privatizaciones en otros países.

Acuerdos contra la reforma energética

La defensa de la soberanía nacional y la determinación de detener la decisión del gobierno de privatizar la energía eléctrica y el petróleo hizo converger a dirigentes políticos y legisladores del PRI y el PRD con organizaciones sindicales independientes, alrededor de un manifiesto que los compromete a luchar por que se respete la Constitución y a movilizarse en contra de la entrega de los recursos energéticos del país a extranjeros.

Fue un encuentro calificado como histórico por el gobernador oaxaqueño, José Murat, donde se planteó la posibilidad de juzgar a Fox por traición a la patria; con Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Bartlett Díaz -desde el 88 adversarios políticos que parecían irreconciliables- codo a codo en el presidium, en el centro de la atención y los reflectores. Por ello, de entrada el ex candidato presidencial perredista aclaró: "Cuando se trata del interés de la nación y los mexicanos, podrán vernos juntos a quienes militamos en diferentes fuerzas políticas, quiénes hemos estado confrontados en el pasado y quienes tenemos un claro compromiso por defender los intereses del país".

El senador Bartlett retomó lo dicho por Cárdenas: "En efecto, estamos, pues, unidos en esta causa nacional que debe movilizarnos a todos para decir aquí, en México ¡no pasarán! Y el gobernador Murat, advirtió, por su parte, que irán "hasta donde tope", hasta hacer entender a la dirigencia nacional de su partido que los documentos básicos del PRI "no están de adorno", sino para cumplirse.

Doce personajes de la vida política y sindical mexicana, entre ellos cuatro senadores del PRI -además de Bartlett estuvieron Oscar Cantón Zetina, Ulises Ruiz y Antonio García Torres-, el gobernador Murat, que fungió como moderador; el dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Rosendo Flores, hicieron uso de la palabra para coincidir en el rechazo frontal a la privatización eléctrica y en la posibilidad de que se finquen responsabilidades al presidente Fox por los contratos ilegales que ha otorgado a consorcios extranjeros para generar electricidad y explotar yacimientos de gas.