El movimiento campesino y popular se ha convertido para el nuevo gobernante en el guardían celoso de su gestión, realizarán vigilias por 90 días, tiempo establecido para el tratamiento de sus pedidos. Una de los puntos más sensibles es el cuestionado ingreso del país al Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Una multitudinaria e histórica concentración de campesinos de las 20 provincias del departamento de La Paz, fue realizada el lunes en la plaza de los Héroes con la presencia del nuevo presidente de la República, Carlos Mesa, a quien se le dijo que tendrá el apoyo de los comunarios si dá atención inmediata y favorable a las demandas del sector.

El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Felipe Quispe Huanca, demandó al Jefe de Estado que gobierne con el pueblo, si es que no quiere "correr la misma suerte" que su antecesor, Gonzalo Sánchez de Lozada.

El dirigente solicitó, además, que se inicie un juicio de responsabilidades contra el ex mandatario por la muerte de más de 140 personas en 14 meses.

Asimismo, Quispe pidió al Primer Mandatario de la Nación que se autorice la producción "de por vida" de la coca en los lugares tradicionales del país. "Esto (el cultivo) no es reciente, sino que viene de generación en generación", añadió.

Por otro lado, el líder campesino recordó que aún está pendiente el tratamiento de los 72 puntos del convenio suscrito con las anteriores autoridades gubernamentales, entre los que se encuentran el pedido de anulación o modificación de la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

"Vamos a cobrarnos por los 3.8 millones de hectáreas de tierra que hemos arrancado al anterior Gobierno, compromiso incluido en los acuerdos de Pucarani y la Isla del Sol que no fue cumplido, por lo que se determinado el inicio del bloqueo de caminos que duró más de un mes", afirmó el también diputado nacional, quien luego tomó juramento a los asistentes para seguir en la lucha social.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Federación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de La Paz "Tupac Katari", Rufo Calle, precisó que el cabildo abierto sirvió como escenario propicio para demandar que las autoridades gubernamentales se comprometan a pagar indemnizaciones a los familiares de los muertos y heridos en los hechos de violencia que comenzaron el 2 de septiembre y concluyeron el 17 de octubre del presente año en La Paz, EL Alto y otras regiones del país.

"Los hermanos campesinos de las 20 provincias paceñas piden que el Parlamento inicie a la brevedad posible un juicio de responsabilidades contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus inmediatos colaboradores, como los ministros de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín; de Gobierno, Yerko Kukoc; de Salud, Javier Torres Goitia, y otros. Ellos deben regresar para ser metidos en la cárcel de Chonchocoro", dijo.

Por otro lado, Felipe Quispe, en otra parte de su discurso, condicionó la reanudación del diálogo con el Gobierno y pidió que antes de que se reinstale la mesa del diálogo se libere a los dirigentes detenidos durante el conflicto social, por la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana.

"Nosotros venimos arrastrando el cumplimiento de 72 puntos desde el gobierno de Hugo Banzer y pese a que el carnicero de Sánchez de Lozada se fue vamos a cobrarnos con Carlos Mesa. En primer lugar, tenemos que hablar de derechos humanos, porque están en la cárcel muchos dirigentes por bloquear caminos, Vamos a dar dos o tres días de plazo para que los liberen y si eso no sucede tomaremos otras medidas", manifestó.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Jaime Solares, manifestó posteriormente que la clase trabajadora otorgará una tregua social a la actual gestión gubernamental y adelantó que la máxima organización laboral del país presentará en los próximos días un pliego petitorio de 20 puntos, el que incluirá varias reivindicaciones sectoriales en los rubros de salarios y relaciones laborales, entre otros aspectos.

Posteriormente, Quispe, Solares y De la Cruz coincidieron en solicitar que se anule el Código Tributario y la Ley de Seguridad Ciudadana, además de que se evite el ingreso del país al Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y que se abroguen la Ley de Hidrocarburos y el Decreto Supremo 21060.

En respuesta a los pedidos de los sectores sociales, el presidente de la República, Carlos Mesa, quien fue recibido con muestras de simpatía, manifestó que el Gobierno cumplirá lo prometido con respecto a la realización de Referéndum Vinculante para el tema de la exportación del gas, la Asamblea Constituyente y la revisión de la Ley de Hidrocarburos.

"Lo único que tengo es la verdad, cualquiera que sea el tamaño o la gravedad que traiga consigo. Uno de los grandes errores que hemos cometido en el Estado a lo largo de la historia es no saber quiénes son los aymaras, a quienes nadie ha derrotado. Yo quiero hacer un Gobierno para todos los bolivianos, para ustedes y para el conjunto del país. Si ustedes creen que soy mal Presidente no voy a poder seguir adelante y me han de echar de una patada", afirmó.

Finalmente, el Jefe de Estado manifestó que no hará promesas que no pueda cumplir en el futuro, pero también pidió que se le dé un espacio de tiempo para trabajar con libertad.

Evo Morales: frenar la erradicación de la coca

Culminados los conflictos sociales con la renuncia del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, los sectores sociales como el de los cocaleros y la Central Obrera Departamental de Cochabamba quieren ver el trabajo del nuevo Presidente en los proyectos y promesas planteados para el país.

Para Evo Morales, líder del MAS, frenar la erradicación de la coca es el primer trabajo que debe tomar el gobierno, el cual recibirá apoyo y fiscalización de parte de su partido. Muchos miembros del MNR están dolidos y buscarán hacer cambiar de idea al Presidente, indicó.

La revisión de la Ley 1008 y el cese de la erradicación de cocales son dos de las medidas que planteó el Ministro de Gobierno, Alfonso Ferrufino, y tendrá pleno apoyo de este sector, que además espera el cumplimiento de la recuperación de hidrocarburos y especialmente, del gas.

Para Luis Choquetijlla, Secretario General de la COB, la medida que es urgente de igual forma es acabar con la capitalización. Además, se presentará un nuevo pliego de peticiones para que el gobierno vaya atendiendo las demandas obreras.

Para Morales, la indemnización para las víctimas de los enfrentamientos es también muy necesaria.
Oscar Olivera, dirigente de la Coordinadora del Gas, señaló que corresponde a los sectores proponer demandas claras y concretas, en lugar de realizar protestas, ya que las víctimas no dieron su vida por nada sino que lucharon por demandas como la Asamblea Constituyente, la reversión de la capitalización y la recuperación de los hidrocarburos.