escribe Ricardo Daher

La escalada derechista contra el gobierno del presidente Hugo Chávez ha tomado un nuevo impulso con la realización de varios atentados terroristas contra unidades del ejército y medios de transporte, al tiempo que las encuestas indican un repunte en la popularidad del presidente, junto con el desarrollo del proceso de reforma agraria, el plan de alfabetización, y las medidas económicas en defensa del consumo y las pequeñas y medianas empresas.

La oposición, al tiempo que inició un plan de sabotajes, prepara una jornada de recolección de firmas para realizar un plebiscito revocatorio del mandato presidencial, según las nuevas normas del Tribunal Electoral, organismo designado por la Corte Suprema de Justicia, poco afín al presidente Chávez.

La campaña opositora, que cuenta con el respaldo unánime de los medios de comunicación venezolanos y norteamericanos, ha cobrado también mayor fuerza después del ajuste de la política exterior norteamericana en la región, tratando de romper el bloque opositor al ALCA creado en torno a Brasil, y en prevención de el triunfo de partidos de izquierda o centro izquierda, en varios países del continente.

La injerencia norteamericana en el proceso venezolano es indisimulada, y tiene al embajador Charles Shapiro, al encargado de Asuntos Latinoamericanos de EE.UU., Roger Noriega y a el ex embajador norteamericano en Caracas, Otto Reich, como sus voceros.

El gobierno de Estados Unidos no quiere interferir en los asuntos internos de Venezuela, pero "no es, ni nunca ha sido un espectador desinteresado" de lo que sucede en ese país, dijo Roger Noriega. Sostuvo que la visita del embajador Shapiro, a las autoridades del Consejo Nacional Electoral -que preparan el referéndum revocatorio del mandato del presidente Chávez- fue solamente para ofrecerles ayuda técnica en caso de que la necesiten.

Además, el gobierno norteamericano se alínea en todos los organismos internacionales con las posiciones de la oposición venezolana y acepta en su país a dirigentes de la misma involucrados en actividades terroristas, o en planes para asesinar al primer mandatario.

Acciones terroristas

El primer gran movimiento político contra el gobierno, una huelga empresarial y sindical realizada el 10 de diciembre de 2001, se desencadenó luego de que Chávez decretó una Ley de Tierras que dio paso a la reforma agraria.

Empresarios, partidos tradicionales y sindicatos opositores -controlados por una burocracia sindicalvinculada al partido Acción Democrática del ex presidente Carlos Andrés Pérez- iniciaron entonces una serie de marchas en Caracas y otras ciudades para pedir la renuncia de Chávez, y en abril de 2002 apoyaron un fallido golpe de Estado que sólo logró alejarlo del poder por 47 horas. Desde diciembre, una huelga de dos meses también buscó sin éxito desalojar a Chávez del poder. Este año los empresarios provocaron un desabastecimiento parcial de productos agrícolas y pecuarios en los mercados, lo que en parte subsanado con importaciones hechas por el Estado y la creación de mercados populares. Y, al mismo tiempo que impulsan el referendum revocatorio, un sector de la oposición organiza acciones terroristas, buscando dividir a las Fuerzas Armadas, crear un clima de inseguridad pública y provocar el magnicidio o un nuevo golpe de Estado.

Con el control casi absoluto de los medios de comunicación social en Venezuela y de las agencias de noticias internacionales, la única versión de los acontecimientos es la que conviene a la oposición. Costosas campañas publicitarias en la televisión pretenden mostrar un país desbastado camino a una férrea dictadura. Ninguno de estos avisos están firmados, sino que son producidos por las cadenas de televisión, en una inequívoca toma de posición de los supuestos "objetivos" medios de comunicación.
El presidente venezolano acusó a la oligarquía criolla de seguir intentando desestabilizar el país. Chávez señaló la responsabilidad de los medios de difusión privados en esa campaña que ahora se centra en atacar a la Guardia Nacional (GN) buscando dividir a las fuerzas armadas.

"Son los dueños de medios que estuvieron en el golpe del pasado año, los cuales siguen soñando con otro intento de ese tipo, sin darse cuenta de la defensa de la constitucionalidad hecha por estas fuerzas armadas", agregó, "y de un pueblo defendiendo a su gobierno".

Entre las últimas expresiones de esa ofensiva terrorista están las explosiones provocadas cerca del palacio presidencial, en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), en la base aérea "Francisco de Miranda" y junto a la Escuela Técnica del Ejército.

Los cuerpos de seguridad del Estado tienen ya identificados a algunos de los autores materiales e intelectuales e incluso se informó de la existencia de varios detenidos, entre ellas la empresaria Rohna Ottolina, de cuyo fax se distribuyó una proclama en la cual una organización antichavista se atribuía un reciente atentado terrorista contra el Regimiento Guardia de Honor que custodia el Palacio de Miraflores.

La justicia ya emitió una orden prohibiendo su salida del país.

El nuevo periódico VEA, el único que respalda al gobierno, reveló que los informes de los órganos de seguridad implican en el complot a los generales retirados Miguel Pérez Pérez, Clinio Rodríguez y Noel López, junto a los coroneles Yunny Rojas y Héctor Díaz, todos de la Fuerza Aérea.

El plan, según las fuentes consultadas por el periódico, es dirigido por el general en retiro Néstor González Gónzalez, ex embajador en Washington, y elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.

El periódico señaló que los conjurados, cuyo objetivo es desestabilizar el país para intentar el derrocamiento del presidente Hugo Chávez, celebraron reuniones en la finca San Bernardo, en el andino estado de Táchira.

Esa propiedad rural pertenece al empresario Gustavo Cisneros (de origen cubano y una de las mayores fortunas del mundo), dueño de un canal de televisión y de numerosos negocios en el país, vinculado estrechamente a políticos norteamericanos y amigo del ex presidente George Bush, padre del actual mandatario estadounidense.

Cisneros estuvo involucrado también en el golpe de Estado del pasado año y en su emisora se efectuaron entonces los contactos entre civiles y militares involucrados en la asonada.

De acuerdo con VEA otras de las reuniones conspirativas se efectuaron en los salones del Colegio de Médicos del estado de Miranda, territorio gobernado por Enrique Mendoza, dirigente de la oposición.

Un aspecto sobresaliente en la denuncia del diario es el de la asistencia a esas actividades clandestinas del presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Baltazar Porras.

Todas estas acciones subversivas serán investigadas ahora en el parlamento, tras la creación de una comisión especial. El diputado oficialista Nicolás Maduro criticó a los medios de comunicación privados que han ignorado esas noticias y el hecho de que "hay generales y coroneles huyendo o escondidos" por haber sido identificados como jefes de los terroristas.

Acusan a CIA y ex militares venezolanos

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y ex militares venezolanos participantes en el golpe de Estado del 2002, fueron acusados por actos terroristas en sedes castrenses.

Dos camiones dedicados al transporte de combustible se incendiaron, tras una explosión en el interior de la base aérea "Francisco de Miranda" después de explosiones, provocando un incendio extinguido por bomberos de Aeronaútica y del distrito metropolitano.

Paralelamente, según información del Centro de Investigaciones Cientificas, una granada estalló en las inmediaciones de la Escuela Técnica del Ejército, dentro del Fuerte Tiuna, la mayor instalación militar de Caracas, y cerca de depósitos de gas allí situados.

Las investigaciones están a cargo de la Direcciòn de Inteligencia Militar y la Dirección de Seguridad y Prevención (DISIP), mientras el Centro colabora en el análisis de evidencias.

El diputado Nicolás Maduro, de la dirección nacional del Movimiento V República (MVR), aseguró que, en estos hechos, están involucrados agentes encubiertos de la CIA y oficiales de las fuerzas armadas sancionados con la baja por participar en el golpe de abril del pasado año.

Maduro anunció que la una comisión especial del Parlamento investigará las actividades encubiertas que está desarrollando en Venezuela la CIA para financiar y promover estos actos terroristas.

Explicó además que se comunicó con congresistas de Estados Unidos y les solicitó se desclasifiquen los documentos secretos sobre las operaciones encubiertas de ese grupo de espionaje en Venezuela durante los últimos dos años.