escribe Ricardo Daher

El próximo 9 de noviembre se realizarán elecciones nacionales en Guatemala. El proceso electoral ha estado contaminado por la violencia de los partidarios del ex dictador, general José Efraín Ríos Montt, y por un fuerte control de los medios de comunicación por parte del oficialismo, al punto que una misión de la OEA dudó de la transparencia del proceso electoral. Un organismo independiente, el Mirador Electoral, denunció que en las últimas semanas 21 dirigentes políticos han muerto de forma violenta.

Las encuestas indican una posible victoria, en la primera vuelta, del candidato derechista, el empresario Oscar Berger, de la "Gran Alianza Nacional" (GANA). Berger ya había disputado el balotage en 1999 frente al actual presidente Alfonso Portillo.

El país está entrando en su séptimo año de democracia, al estilo de las patrocinadas por los países dominantes, después de una prolongada guerra civil (que se estima dejó más de 200 mil muertos) iniciada tras el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz en 1954. Sin embargo, aunque se cumple con los requisitos formales, la democracia guatemalteca es una de las más débiles de la región, donde los militares y los grupos paramilitares, conservan todavía una gran influencia.

En este país, de poco más de 11 millones de habitantes, estarán habilitados para votar 5 millones de personas, y salvo escasas excepciones, los candidatos no reflejan la composición social ni étnica del país, donde más del 40 por ciento son indígenas.

Una democracia controlada

Desde el golpe de estado del coronel Castillo Armas en 1954, respaldado por Estados Unidos, Guatemala entró en un proceso de dictaduras militares y presidentes civiles impuestos, que arreciaban la represión según el nivel de la resistencia popular. Desde la década del 60 las resistencia se organizó militarmente, y a principio de la década de los 80, las diferentes organizaciones guerrilleras se agruparon en la llamada "Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca" (URNG). Unidad que coincidió con uno de los períodos más represivos de los gobiernos militares, encabezado entonces por el general José Efraín Ríos Montt que asumió el poder tras derrocar a un presidente civil electo en elecciones fraudulentas y sin oposición. Hoy Ríos Montt es uno de los candidatos presidenciales, y está acusado ante varios organismos internacionales por la masacre de miles de campesinos.

El actual presidente, Alfonso Portillo fue electo en 1999 como candidato del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), partido fundado por Ríos Montt en 1989.

Dos años antes se habían establecido el llamado "Acuerdo de Estipulas II" entre la guerrilla y el entonces presidente Vinicio Cerezo, que dió inicio a los acuerdos de paz e incersión de los insurgentes a la vida política, que culminaron en México en 1996.

Sin embargo, el traspaso del poder a los civiles, mantuvo intacta la influencia militar en la vida civil, especialmente tras la formación del FRG, y con la amenaza de los grupos paramilitares desmovilizados, que todavía esperan por el cobro de indemnizaciones por parte del gobierno.

Recientemente, el presidente Portillo viajó a Nueva York para entrevistarse con el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, a los efectos de solicitar la colaboración de esa organización en la creación de una Comisión Investigadora de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS).

Advertencia de la OEA

A un mes de las elecciones, una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) visitó Guatemala para observar el proceso electoral, y tras la visita denunció el clima de violencia y de impunidad que, afirmaron, arroja serias dudas sobre las garantías de las elecciones.

Los ataques, amenazas y atentados que se han registrado desde que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocara a elecciones generales el pasado 16 de mayo, se han cobrado 20 víctimas mortales, "lo cual da a la violencia un carácter preocupante", dijo en rueda de prensa el jefe de la misión, el ex presidente de Perú, Valentín Paniagua.

"La misión lamenta que no haya resultados en procesamientos o sanción a los actores de los hechos de violencia política (...), la impunidad facilita la violencia electoral", subrayó Paniagua.

Las autoridades responsables de garantizar la seguridad y estabilidad en el proceso electoral, explicó el jefe de la misión de la OEA, "no han creado las condiciones necesarias para desarrollar el proceso electoral" en un ambiente de tranquilidad y paz.

Paniagua también lamentó que ninguna autoridad del poder judicial, la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General y el ministerio guatemalteco de Gobernación, le hayan entregado a la misión un informe detallado sobre sus investigaciones relacionadas con las protestas violentas ocurridas los pasados 24 y 25 de julio.

"Excepto la Procuraduría de los Derechos Humanos, nadie más ha informado detalladamente sobre sus investigaciones, ni han identificado ni sancionado a ningún responsable", criticó Paniagua.

Durante esos días, miles de seguidores del general golpista José Efraín Ríos Montt realizaron violentas protestas en la capital guatemalteca para persuadir a las autoridades electorales a que inscribieran al general retirado como candidato presidencial.

Los simpatizantes de Ríos Montt, cuya candidatura es impulsada por el gobernante partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), atacaron a periodistas que cubrían los disturbios y causaron destrozos en varios edificios y residencias privadas de sectores exclusivos del sur de la capital.

El periodista Héctor Ramírez murió a causa de un infarto cuando huía de una horda de violentos manifestantes que pretendía agredirlo.

Días después de los disturbios, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó la inscripción de Ríos Montt, pese a que la Carta Magna se lo prohíbe por haber participado en un golpe de Estado militar en 1982, por medio del cual fue derrocado el presidente Romeo Lucas.

"Queremos creer que todos (las autoridades) se esfuerzan por cumplir su tarea, pero no hay resultados concretos", indicó Paniagua.

Su candidatura es observada también con preocupación por la Unión Europea. El tema fue analizado en una reunión de cancilleres celebrada en Bruselas a mediados de setiembre. Aunque no se llegó a emitir un comunicado oficial, los participantes del encuentro se mostraron preocupados por las implicaciones de la candidatura presidencial del general golpista, así como por la inestabilidad y validez del proceso electoral en curso.

Siguen las torturas y ejecuciones

La Comisionada de Derechos Humanos de Alemania, Claudia Roth, sostuvo que la situación guatemalteca es "muy preocupante" y que se siguen registrando casos de torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Roth visitó Guatemala en el marco de una gira por varios países centroamericanos, y en Guatemala se entrevistó con diversas organizaciones sociales y políticas. Su conclusión fue alarmante, "Sabemos que la situación de derechos humanos ha empeorado mucho y ha habido 20 asesinatos políticos. Preocupa que ningún candidato hable sobre derechos humanos y los acuerdos de paz", subrayó.

La funcionaria alemana comentó que la situación es muy preocupante, "se dan casos de desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales, linchamientos, violaciones a los derechos de la mujer y de los niños con tráfico y prostitución. Además, racismo y discriminación contra los indígenas. Pero el problema más grande de todo esto es la impunidad".

En declaraciones a la prensa guatemalteca, la comisionada alemana de Derechos Humanos dijo que recibió denuncias de la "existencia de estructuras estatales paralelas, por lo que estamos de acuerdo con la creación de una comisión que investigue. También nos preocupa que los avances en los acuerdos de paz -si es que ha habido-, son muy pocos".

La prensa favorece a Berger

Diez de los doce candidatos a la Presidencia de Guatemala acusaron a los directores de los principales diarios de tener vínculos con el empresario Oscar Berger, favorito para ganar los comicios del próximo 9 de noviembre.

Los candidatos pidieron a los diarios "Prensa Libre", "El Periódico", "Nuestro Diario" y "Siglo XXI", que no publiquen sus nombres, ni los de sus partidos, ni sus símbolos, en las encuestas de opinión electoral que realizan, en vista de que tienen fundadas dudas sobre su imparcialidad.

"Es un típico caso de manipulación de encuestas en favor del candidato Oscar Berger, de la Gran Alianza Nacional (GANA)", señaló Rodolfo García-Salas, candidato del minoritario Partido Verde, de derecha, en nombre del resto de los aspirantes a la Presidencia.

La manipulación -explicó García-Salas- estaría a cargo de los directores de los medios "con los sectores económicos más poderosos del país, y esto podría constituirse en la antesala de un fraude electoral".

Los otros candidatos que acusan a los directores son Alvaro Colom del partido de centro-izquierda Unidad Nacional de la Esperanza; Leonel López Rodas, del Partido de Avanzada Nacional; Fritz García-Gallont, del Partido Unionista; Jacobo Arbenz, de la Democracia Cristina, y Manuel Conde, de Cambio Nacional, Eduardo Suger, del Partido Día; Rodrigo Asturias, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca; Francisco Arredondo, de Unión Nacional, y José Lee, del partido Democracia Social Participativa.