escribe Washington Fernández

MONTEVIDEO. Tras 56 días de conflicto y un mes de huelga con varios hospitales ocupados, los médicos y los funcionarios no médicos del sector estatal de la salud derribaron el no a los aumentos de los sueldos públicos que el gobierno fijó al inicio de su mandato y que parecía inmutable, en el marco de una férrea política presupuestal de gasto cero y de congelamiento y rebaja salarial por la vía de sucesivos ajustes del impuesto a las remuneraciones personales (IRP).

Fin de la tregua y acuerdo

Al término de la tregua acordada a principios de septiembre las partes llegaron a un preacuerdo -el miércoles 10- que fue refrendado el viernes 12, por el Plenario Nacional de Delegados de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP). La asamblea del sector médico afiliado al Sindicato Médico del Uruguay (SMU), por su parte, aprobó la fórmula el mismo día y facultó a su Comité Ejecutivo a levantar el paro en forma conjunta con los funcionarios y a firmar el acuerdo, el cual implica un aumento que regirá a partir del 1 de octubre y que ronda el 30 por ciento -además del 2 por ciento que recibirán este mes todos los funcionarios de la Administración Central (ministerios)- para la mayoría de los médicos y de los trabajadores no técnicos involucrados, de un total de 16 mil empleados.

No obstante, en los hechos el aumento parece bastante magro. El estado dispondrá de 183 millones de pesos anuales (unos 6,5 millones de dólares) para atender la erogación, los cuales se obtendrán mediante el cambio de destino de algunas partidas, de créditos no ejecutados y de otras economías presupuéstales. Los médicos que perciben menos de 4.500 pesos mensuales (unos 160 dólares) tendrán un aumento de 1.400 pesos líquidos (50 dólares), mientras que los incrementos a los funcionarios se harán por franjas hasta un tope de 5.400 pesos. En este caso los aumentos oscilan entre los 400 pesos (14 dólares) y los 930 pesos (33 dólares). Los incrementos benefician a unos 2.000 médicos de un total de 3.700 y a casi 10.000 funcionarios de un total de 12.000, en números redondos.

Dos tercios de pobres

La baja remuneración de médicos y funcionarios fue la principal motivación del conflicto: la mitad del personal médico y la mayoría de los funcionarios percibe menos de 3.000 pesos mensuales, unos 100 dólares, equivalentes a 2,5 salarios mínimos nacionales (actualmente en 1.194 pesos, 42 dólares) y a un octavo de la canasta familiar. El salario mínimo es apenas ligeramente superior al monto de la canasta básica (33 dólares) la cual sólo considera el costo de la cantidad de alimentos necesarios para que una persona pueda subsistir durante 30 días. No incluye, por tanto, los gastos de transporte, vestimenta, vivienda, salud, educación, agua corriente, energía eléctrica, gas, teléfono, esparcimiento y otros. A esta situación de sumergimiento salarial se añade, además de las pésimas condiciones de trabajo, en hospitales donde hay escasez de medicamentos y otros insumos, y donde los déficit presupuestales de los últimos años generaron un notorio deterioro del material médico indispensable, el aumento explosivo de la cantidad de pacientes a atender que creció casi 50 por ciento en tres años, sin que aumentara el personal ni el presupuesto destinado a la salud pública.

La crisis del sistema privado de salud, los constantes cierres de mutualistas ocurridos en los últimos años, así como el proceso de empobrecimiento general en el cual han sido factores determinantes el aumento de la desocupación -actualmente en el entorno del 20 por ciento- y la caída del salario real -cerca del 30 por ciento desde que asumió el actual gobierno en el año 2000- empujaron a aproximadamente un sexto de la población (600 mil personas) a dejar de atenderse en la salud privada -paga- y solicitar la asistencia gratuita en salud pública, que pasó de atender 1.200.000 pacientes en el año 2000 a los casi 1.800.000 actuales. Aún en estas condiciones hay alrededor de 300.000 uruguayos (8 por ciento de la población) que no tienen ningún tipo de cobertura sanitaria.

Apoyo popular

Si los funcionarios de la salud pública se hubieran conformado con el mísero 2 por ciento que el gobierno otorgó a todos los funcionarios públicos a partir del 1 de septiembre, sus sueldos se hubieran incrementado, en promedio, 70 pesos (2,5 dólares). Cuando se iniciaron las negociaciones, a mediados de agosto, el gobierno ofreció a los sindicalistas un aumento de 400 pesos (14 dólares) que estos rechazaron. En sucesivas negociaciones la cifra se elevó a 500 pesos, luego a 900 y finalmente a 1.158 pesos. Funcionarios y médicos reclamaron inicialmente un aumento de 2.000 pesos (70 dólares) que para muchos representaba un índice de incremento superior al 60 por ciento, pero que en los hechos apenas alcanza para paliar las necesidades de subsistencia más apremiantes. Esta, entre otras, fue una de las poderosas razones que hizo que el conflicto concitara gran apoyo popular, además del respaldo masivo que la huelga tuvo entre los propios funcionarios, tanto como el importante nivel de solidaridad expresado por el resto de los gremios afiliados a la central sindical, PIT-CNT.

La masividad de la protesta y el reconocimiento unánime de la justicia del reclamo empujaron al gobierno a negociar con los sindicatos, más allá de sus intentos por sofocar el conflicto mediante la amenaza de decretar la esencialidad de los servicios y la utilización de fuerzas policiales especiales para desalojar algunos de los hospitales que fueron ocupados y que funcionaron bajo el control administrativo del personal sindicalizado, en algún caso hasta 32 días, como el Hospital Vilardebó. Más de una docena de nosocomios y centros de salud fueron ocupados y al momento del cierre de esta edición permanecían en esa situación seis de ellos: Vilardebó, Pasteur, Pereyra Rossell, Centro Ciudad de la Costa, Santín Carlos Rossi y Saint Bois.

El 13 de agosto, dos días después de que los médicos se sumaran a la lucha, se creó el Movimiento en Defensa de la Salud de los Uruguayos, integrado por representantes del PIT-CNT, la Federación Unificadora de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) y las organizaciones de estudiantes universitarios (FEUU) y de jubilados y pensionistas (ONAJPU), entre otras.

Negociación y represión

A principios de septiembre el gobierno presionó a los huelguistas con el no pago del sueldo de agosto, la aplicación del decreto de esencialidad y el uso de la fuerza policial para desalojar los centros ocupados. Hizo circular una nota entre los funcionarios en la cual estos declaraban su disconformidad con las medidas gremiales. El gobierno anunció que sólo pagaría los sueldos a quienes firmaran la nota. Menos de 700 funcionarios lo hicieron, en 16 mil, lo que da una idea clara del gran respaldo con que contaban las medidas de lucha.

En cuanto al decreto de servicios esenciales, que fue firmado por el Poder Ejecutivo el 18 de agosto y cuya aplicación quedó en suspenso para habilitar las negociaciones, se puso en marcha finalmente el 2 de septiembre. El decreto obligaba a los huelguistas a presentarse a su lugar de trabajo y, en el caso de los hospitales ocupados, a entregar el control administrativo del centro a sus legítimas autoridades. La medida tampoco inmutó a los trabajadores dado que, por las características de su empleo, la huelga se lleva a cabo sin detención de tareas, es decir, los funcionarios de la salud realizan el paro sin abandonar su lugar de trabajo y sin dejar de prestar asistencia, por lo que el llamado a través de la prensa para que se presentasen a trabajar, so pena de severas sanciones que podían llegar hasta la destitución, se convirtió en una amenaza ridícula y no logró el efecto disuasivo que pretendía el gobierno.

Algunos especialistas en derecho -como el doctor Helios Sarthou- entienden que el decreto de servicios esenciales es anticonstitucional e ilícito pues lesiona el derecho de huelga consagrado en la Carta Magna y protegido por las leyes vigentes y por diversos convenios internacionales que tienen primacía jerárquica sobre los decretos que emite el Poder Ejecutivo.

El conflicto se había iniciado el 16 de julio en las policlínicas zonales periféricas, donde se concentra en forma mayoritaria la atención a las personas de menores recursos. Los funcionarios de esos centros reclamaban, además de aumento salarial, mayor cantidad de medicamentos y de personal, ya que el nivel de usuarios creció en forma desmesurada en los últimos tres años debido al aumento de pacientes que provienen de las mutualistas privadas y de quienes antes se atendían en los hospitales públicos centrales pero que ahora ya no pueden costear el transporte hacia esos nosocomios y acuden al centro asistencial de su barrio.

Casi un mes después, el 11 de agosto, los médicos resolvieron plegarse a la lucha y decretaron un paro por 96 horas que posteriormente se transformaría en huelga por tiempo indeterminado.
A fines de agosto los trabajadores habían tomado media docena de nosocomios. Ante el estancamiento de las negociaciones, entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre nuevos centros son ocupados: Maldonado, Salto, Chuy, Artigas, Las Piedras, Piñeyro del Campo, Traumatología. Estos dos últimos son desalojados por destacamentos especiales del Cuerpo de Granaderos a pocas horas de ser ocupados. Fuerzas policiales rodean el Instituto de Oncología y el ex hospital Filtro para evitar que sean ocupados.

También son desalojados los hospitales de Maldonado, Salto y Chuy. Mientras tanto, los trabajadores anuncian nuevas ocupaciones en todo el país, en aquellos centros donde sus trabajadores ya aprobaron la medida: Rivera, Colonia, Juan Lacaze, Paysandú, entre otros, y se aprestan a reocupar los centros desalojados. Sin embargo, el 3 de septiembre se pacta una nueva tregua; las fuerzas policiales se retiran de los centros asistenciales y los sindicatos se comprometen a no realizar nuevas ocupaciones mientras se negocie.

El conflicto amenaza con extenderse

El 4 de septiembre se produce la llamada Marcha de las Túnicas Blancas, una manifestación de médicos, enfermeras y demás personal de la salud pública y de la privada, a la que adhieren numerosos trabajadores de otros gremios. Miles de personas marchan sobre la avenida 18 de Julio, desde el Obelisco a los Constituyentes hasta el Ministerio de Economía, previo pasaje por el Ministerio de Salud Pública, en un trayecto que insume alrededor de tres quilómetros por el centro de la capital del país.

El lunes 8 comienza el fin de la tregua y el gobierno presenta una fórmula que incluye el aumento de la carga horaria a cambio de los aumentos salariales ofrecidos. Los sindicatos pretenden elevar el tope -fijado por el gobierno para los salarios que serían alcanzados por el aumento- de 4.500 pesos a 5.400 pesos y rechazan con firmeza la pretensión de que se trabaje más tiempo (actualmente 24 horas semanales los médicos y 36 horas los funcionarios no médicos).

La exigencia de mayor horario de trabajo se constituye en una nueva traba para resolver el conflicto y en varias asambleas hospitalarias se aprueba la profundización de las medidas, entre ellas más ocupaciones y el abandono total de los puestos de trabajo en caso de desalojo. Paralelamente, los gremios de la salud privada (FUS), que ya habían realizado un paro de 37 horas entre el 2 y el 3 de septiembre, comienzan a considerar la adopción de medidas solidarias. Por su parte, dirigentes de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), que nuclea a los trabajadores de la Administración Central, anuncian su disposición a sumarse a la huelga por tiempo indeterminado. El riesgo de que el conflicto se extienda a otras áreas del Estado se hace cada vez más evidente a medida que pasa el tiempo y no se forja una solución.

Finalmente, tras la intervención de dirigentes de la central sindical en una negociación directa con el secretario de la presidencia, Raúl Lago, se sustituye la exigencia de la carga horaria por una contraprestación que se aplicará al nuevo modelo asistencial y que será definida por la Comisión de Cambio de Modelo Asistencial, de integración bipartita. La fórmula preacordada debe ser refrendada por las asambleas de los gremios.

Un final que puede ser principio

El conflicto en la salud pública deja en evidencia varias cosas: en primer lugar que es posible, mediante la lucha sindical, obtener mejoras salariales y de otro tipo (en este caso se acordó la regularización de cientos de médicos que hace años actúan como suplentes, el establecimiento del Día del Funcionario de la Salud y el pago mensual de la productividad mediante el mecanismo del adelanto a cuenta, entre otras reivindicaciones) y en segundo lugar: que es mentira que no hay dinero, como hasta el hartazgo señala el gobierno. El problema no es la falta de dinero sino cómo se distribuye el que hay. El problema, en realidad, es la falta de voluntad para reasignar los recursos del Estado. Eso explica por qué el gobierno destinó, sin ningún prurito, casi 500 millones de dólares para sostener a los bancos fundidos pero mantuvo durante casi dos meses un conflicto cuya resolución le representaba 7,5 millones de dólares anuales, cifra necesaria para conceder el aumento de 2000 pesos que se reclamaba.

Después de mucho batallar el gobierno accedió a disponer 6,5 millones de dólares para atender aumentos diferenciales que no superan los 930 pesos, en el caso de los funcionarios, y los 1.400 pesos para los médicos.

El aumento salarial obtenido por los trabajadores de la salud es importante por lo que significa en tanto quiebra una política salarial de crecimiento cero y demuestra que luchar paga, pero es paupérrimo si se compara con la asistencia financiera a la banca privada en situación de quiebra: entre el 24 de abril y el 16 de julio de 2002 la Corporación Nacional para el Desarrollo depositó en el Banco Comercial 242,3 millones de dólares; 228,5 millones en el Banco de Montevideo y 18 millones en el Banco de Crédito. Un total de 488,8 millones de dólares, de los cuales 281,3 millones se perdieron en el maremagnum del corralito local y de cuya desaparición no parece haber responsables oficiales./Rel-UIta.