Treinta años después del golpe militar contra el gobierno constitucional de Salvador Allende, y tras sufrir la dictadura hasta 1990, Chile pasó -mediante una transición pactada- a ser actualmente un país gobernado por una alianza de partidos de derecha y centro izquierda agrupados en la denominada Concertación.
Paradójicamente, tanto partidarios de la dictadura de Pinochet -hoy bastante fragmentados- como los sectores concertacionistas, se atribuyen la paternidad del llamado "milagro económico chileno". Fenómeno éste que se exhibe como exitoso logro en el actual contexto de una América Latina que vive una de las peores épocas de depresión económica y social, y donde países "líderes" como México, Brasil y Argentina han sufrido en diferentes momentos graves crisis que repercutieron no sólo en los demás países de la región, sino también en el conjunto de la economía capitalista a nivel internacional.

Para cualquier viajero inadvertido que llega a Chile, incluso para el que escribe, quien volvió a visitar Chile tres décadas después del golpe militar de 1973, la apariencia de un país modernizado con altísimos niveles de consumo similares a los norteamericanos y europeos puede superficialmente reafirmar esa visión milagrosa de progreso y bienestar.

De ese encandilamiento parece no haber escapado tampoco Nathan Shachar, corresponsal del matutino sueco Dagens Nyheter, un entusiasta del statu quo, quien en una nota enviada recientemente desde Chile ensaya una peregrina tesis política al afirmar que el éxito económico logrado por Pinochet no es de mérito propio, sino de la larga tradición democrática que "puso a su disposición un competente y relativamente insobornable aparato estatal civil"

Cabe recordar que Chile, con la dictadura militar a partir de mediados de los años 70, fue el primer laboratorio del neoliberalismo a nivel internacional. Tenía entonces inmejorables condiciones para ese ensayo, facilitadas por la existencia de un régimen represivo cabeza de una restauración capitalista total y como consecuencia de ello sin oposición política ni sindical, así como por una relativa modernización económica productiva en la minería, el agro y la industria ligera, entre otros sectores, que se había ido procesando en el período anterior comprendido entre el gobierno de Eduardo Frei Montalva y los escasos tres años de la presidencia de Salvador Allende.

La dictadura, muy tempranamente, no solamente devuelve la explotación de la minería del cobre -nacionalizada por Allende en 1971-, y de otros minerales a sus antiguos propietarios extranjeros con ventajas especiales para ellos que mantienen hasta hoy, sino que en 1974 promulga el Estatuto del Inversionista Extranjero. Esta ley conocida como DL 600, es el punto inicial de la transformación en la estructura de propiedad en Chile a favor del capital extranjero, que en el presente domina todos los rubros económicos y productivos del país, incluso desplazando a tradicionales grupos capitalistas chilenos.

El capital transnacional es propietario hoy no sólo de la minería y la agroindustria, sino que a partir de los años 90, (comienzo de los gobiernos de la Concertación), posee además los sectores forestal, pesquero, eléctrico, comunicaciones, sanitario, bancario, previsional y seguros, hasta alcanzar últimamente hasta el comercio (grandes cadenas de tiendas y supermercados).

Si en la mayoría de los países de América Latina la ola privatizadora se produjo en la década del 90, en Chile las mismas datan de los años 80, siendo "pioneras" en la región en esa materia, privatizaciones que por otra parte favorecieron en principio a un cierto grupo de capitalistas chilenos, que en los 90 salen a invertir en países vecinos, siendo luego desplazados con la llegada masiva al continente de las transnacionales. Capitales españoles, holandeses, alemanes, franceses, japoneses y de otros países compiten hoy con los estadounidenses en territorio chileno en una lucha despiadada por apropiarse de los recursos del país, y desde esa base de "país estable" realizar operaciones en segundos países de la región.

Los dos primeros gobiernos posdictadura de signo democristiano, (Aylwin y Frei Ruiz-Tagle); y el actual encabezado por el presidente Ricardo Lagos, prometieron corregir las inmensas diferencias sociales y disminuir la pobreza que generó en principio la etapa dictatorial en beneficio de una clase alta y media alta, que se enriqueció hasta niveles nunca vistos antes. No obstante las promesas, durante el gobierno de Frei continuó la privatización de empresas públicas.

En opinión del economista Hugo Fazio, director de Centro de Estudios Nacionales Alternativos -CENDA, "Si bien hubo en los 80 formulaciones críticas del modelo por parte de la Concertación y que fueron incluso incorporadas en su programa, todos los gobiernos sucesivos prometieron seguir con el mismo y ninguno ha dicho que renunciaría a él. Y en la aplicación del modelo neoliberal, el gobierno de Ricardo Lagos ha sido el más ortodoxo de todos los de la Concertación, pese a su signo socialista".
Ese funcionamiento a todo vapor y aparentemente sostenido de la economía, en medio de las crisis que

han tenido otros "tigres" como México, Brasil y Argentina últimamente, le han concedido a Chile a nivel internacional la imagen de modelo capitalista solvente, exitoso y estable, que además se ha despegado del resto de la región firmando por separado acuerdos de libre comercio con Corea del Sur, con la Unión Europea y con Estados Unidos. Acuerdos que por otra parte comienzan a ser fuertemente criticados por sectores económicos nacionales y parlamentarios del oficialismo, que ven perjuicios para Chile en los mismos, particularmente en el caso del TLC con Estados Unidos.

Otro de los aspectos no mencionados por los panegiristas del "milagro chileno" es que el éxito entre otros factores externos e internos, se basa todavía y en democracia, en la pérdida brutal de derechos sindicales y sociales que la dictadura le quitó a los trabajadores chilenos. Chile era hasta 1973 uno de los países de América Latina con mayor nivel de sindicalización, y las conquistas y derechos económicos y sociales obtenidas por sus trabajadores de la ciudad y el campo, sectores profesionales etc. en un largo proceso histórico que atravesó todo el siglo pasado, les fueron arrancadas a partir del 11 de septiembre de 1973, sin que hayan podido ser reconquistados. Hoy es menor la cantidad de trabajadores sindicalizados que en el pasado, (sólo un 10% de la fuerza de trabajo), y en lo fundamental prevalecen aún las disposiciones de la época de la dictadura militar que regulan el mercado de trabajo.

" Lo que los trabajadores que tienen empleo han 'ganado´ en esta época, es el acceso a bienes de consumo que en la mayoría de los casos deben, (autos, electrodomésticos y otros) y que en la época de la Unidad Popular no eran posibles o no existían simplemente. Mientras que al mismo tiempo, no han podido recuperar todavía lo que antes tuvieron: estabilidad ocupacional y salarial, derechos sindicales plenos, previsión social asegurada, educación y salud gratis, entre otras conquistas perdidas", dice el sociólogo y economista Manuel Hidalgo, asesor de sindicatos.

Un factor no despreciable para el "milagro" es que Chile se benefició, a partir de la quiebra bancaria de 1983 y de haber pagado la dictadura la deuda externa de entonces, (fundamentalmente privada), de la afluencia de un torrente de inversiones extranjeras como no obtuviera ningún otro país de América Latina y que llegaron a ser de tal magnitud que sobrepasaron las necesidades de la propia economía chilena. Y por último, otro factor no despreciable, como las disposiciones impuestas entonces por los organismos financieros internacionales que restringieron las fugas de capitales especulativos, y que el nuevo tratado comercial con Estados Unidos exige derogar.

En 1994 el "Financial Times" llegó a decir que Chile era "la joya de la corona para los inversionistas, por su estabilidad tanto económica como política" que provenía de la continuidad dada en los años 90 al esquema económico impuesto por la dictadura militar.

Los militares en los cuarteles& y en los negocios

Quizás el aspecto más chocante del Chile actual sea la presencia aun del factor militar como convidado de piedra de la restauración democrática. La Constitución pinochetista aún no ha podido ser derogada y ésta, entre otras cosas, le aseguró a las Fuerzas Armadas un poder que si bien no es visible, sigue siendo un elemento político y económico con el cual los gobiernos democristianos y el actual socialdemócrata han tenido que aceptar y manejar como duro dato de la realidad.

Los militares están presentes en el gobierno a través de un consejo de seguridad nacional, representados en el Parlamento en forma no electiva, y sobre todo en la vida económica como institución dado que se quedaron con inmensas propiedades inmuebles, industrias militares y de las exportaciones del cobre reciben aún un importante dividendo, mayor que el que percibe el Estado. A ex generales y altos oficiales que provenían en gran mayoría de las capas medias, la dictadura les permitió acceder a un nivel económico y social nuevo. Hoy muchos de ellos son millonarios dueños de empresas agrícolas o industrias, pudiéndose codear no sólo con la antigua y rancia burguesía chilena, sino además con magnates y ejecutivos de las transnacionales.

Entre sus negocios más lucrativos se cuentan la venta de armas, empresas de seguridad y otras, además de las muchas veces denunciadas coimas que, se dice, perciben por las adquisiciones de armamentos. Como se ha denunciado, en esos menesteres andaba el ex dictador Pinochet cuando fue detenido en Londres, a pedido del juez español Garzón.

Si bien el actual comandante en jefe del Ejército general Juan Emilio Cheyre ha querido mostrar un cierto distanciamiento de la herencia pinochetista, y le ha bajado el perfil de injerencia política a las FF.AA., en cambio no ha cambiado el "principio" corporativo que les defiende y que impide la concreción de juicios y condenas a ex militares y a muchos aún en actividad, acusados de asesinatos y desapariciones durante la dictadura.

La propuesta sobre DD.HH. recientemente presentada por el presidente Ricardo Lagos refleja, cómo persiste todavía el propósito en los uniformados de impedir que la negra historia dictatorial sea definitivamente revisada y juzgada.

Y no sólo ese capítulo del pasado reciente no ha podido ser cerrado por los gobiernos posteriores. En Chile aún permanecen en prisión un importante número de militantes de organizaciones armadas antidictatoriales, pagando penas por actos cometidos durante el período dictatorial en muchos casos, o por haber participado en acciones dirigidas a los represores militares en el período de transición, cuando la presencia omnímoda de la dictadura aún era mucho más insolente.

Así es como la ley de autoamnistía que preventivamente se votó el dictador Pinochet como propia protección y la de sus subordinados, ha impedido hasta ahora que las denuncias de las víctimas sobrevivientes y de los familiares de torturados, asesinados y desaparecidos, hayan tenido andamiento ante la Justicia. Como tampoco los dos gobiernos democristianos ni este socialdemócrata, han resuelto amnistiar a los presos políticos de la resistencia antidictatorial que paradójicamente han sido juzgados tomando en cuenta el andamiaje jurídico sobreviviente del pinochetismo.

La elitización de la política

Luego del golpe militar y durante todos los años que duró la brutal dictadura, el pueblo chileno y sus partidos de izquierda pagaron un inmenso precio en la lucha por resistir y recuperar la democracia. Socialistas, comunistas, radicales, miristas, cristianos, sindicalistas, sacerdotes, activistas de los Derechos Humanos pagaron con sus vidas, con la cárcel y con el destierro sus esfuerzos por defender al gobierno constitucional derrocado y recuperar lo perdido. Sus mejores dirigentes fueron exterminados por la máquina represora dentro y fuera de fronteras del país andino, mientras Estados Unidos por detrás apoyaba el sucio trabajo.

Ya en 1977, los familiares de presos y desaparecidos realizan una huelga de hambre en la sede de la CEPAL en Santiago. Mientras en Naciones Unidas se condena por cuarta vez a la dictadura, como se producen huelgas de trabajadores en 1980. Las luchas de resistencia armada se intensifican y las pacíficas se van masificando, para desembocar con el triunfo del NO de 1988, en un plebiscito convocado por la dictadura.

Derrotada políticamente la dictadura militar y con sectores de la derecha económica y política exigiendo su fin, se crean en ese tiempo la Concertación y la UDI, como expresión de la derecha política más reaccionaria. Para poco tiempo después la Concertación con la Democracia Cristiana a la cabeza, comenzaron a negociar una salida pactada con algunas reformas constitucionales que son plebiscitadas, pero que no significan finalmente la derogación de la Constitución dictatorial.

Con ese cuadro político se inicia la transición posdictatorial, que deja fuera del gobierno al otrora poderoso Partido Comunista y a otros sectores de izquierda, y que rompe la histórica unidad socialistacomunista que sostuvo el proyecto de cambios de la Unidad Popular y el presidente Salvador Allende, con la incorporación a la Concertación y al gobierno de socialistas, radicales, y de otros sectores de la antigua izquierda.

El pueblo chileno que fue durante varias épocas un activo sujeto de la política, lo que le posibilitó organizarse, sostener por décadas la organización democrática del país, contribuir decisivamente al triunfo de la Unidad Popular y comenzar a materializar su programa de cambios sociales históricos, no ha podido recuperar todavía en 13 años de democracia política el protagonismo anterior.

Estrechada la política en los marcos del nuevo stablishment, los actuales gobernantes y políticos; naturalmente con honrosas excepciones, pertenecen a una élite que se mueve entre ministerios, instituciones públicas y el Parlamento, y a quienes la mayoría de la población los puede conocer más por las fotos de los periódicos y los programas televisivos que mediante el contacto y la discusión directa. Los de izquierda se han quitado hoy el radicalismo verbal de antaño, son responsables y pragmáticos, visten elegantemente y viven en cotos reservados.

Y en los últimos tiempos entre estos nuevos políticos de la democracia chilena, están también los que han aparecido acusados de estar involucrados en negociados, coimas y tráfico de influencias, lo que ha traído un acelerado desgaste político de la Concertación y bastante dolores de cabeza para el presidente Lagos, que ha tenido que ver salir de los Tribunales a algunos de sus ex ministros, colaboradores cercanos y parlamentarios escoltados por agentes policiales camino a la cárcel.

Por otro lado la derecha pinochetista y la tradicional también se han "renovado", y Joaquín Lavín, un antiguo personero de la dictadura y actual alcalde de Santiago, que fue en las pasadas elecciones candidato presidencial único de la UDI y de Renovación Nacional, cultiva el populismo con críticas a la Concertación, alimentando en sectores despolitizados de población que ven con preocupación el ya visible estancamiento económico, y que sienten nostalgia por la "paz y crecimiento" de los tiempos de la dictadura.

Fuera de ese marco político parlamentario e institucional, se ubican el Partido Comunista, socialistas críticos y pequeñas formaciones de izquierda radical; están también las organizaciones sociales y gremiales, desocupados por las privatizacioneslo la quiebra de pequeñas industrias, los familiares de las víctimas de la dictadura, y las organizaciones mapuche que lideran luchas muchas veces fuertemente reprimidas en defensa de sus tierras y cultura amenazadas por los megaproyectos energéticos, de comunicaciones y las devastaciones forestales de las transnacionales.

Estos últimos protagonistas todavía fragmentados y débilmente organizados, a quienes ni el "milagro económico" ni la política oficial les incluye, no han tenido todavía fuerza suficiente para poder irrumpir en el escenario político y social, como viene sucediendo en países vecinos también emergentes de dictaduras militares.

En Chile pocos piensan que la bonanza pueda a corto plazo ser quebrada por una crisis financiera como la de Argentina, pero tampoco nadie está seguro que un día las transnacionales levanten vuelo buscando en el mundo otra "perla" donde aposentarse.

Treinta años después, las profundas desigualdades e injusticias que trajo el golpe militar contra el presidente Salvador Allende, no han sido todavía reparadas. /Pepe Viñoles