escribe Jorge Gil Solá

El referéndum del domingo 14 no se refiere a la paz mundial ni al futuro de la humanidad sino a la política monetaria y financiera. Convendría entonces abordar estas cuestiones para saber en qué consisten y como nos afectan.

No hay un solo argumento del SI, en el aspecto económico, que no haya sido rebatido con éxito por sus mismos partidarios. En 1996 se realizó una investigación oficial sobre la Unión Monetaria Europea, UME. Es el estudio más completo realizado hasta hoy en Suecia. Fue dirigido por Lars Calmfors, profesor de economía internacional de la universidad de Estocolmo. Calmfors fue en su momento asesor económico de Carl Bildt cuando éste era primer ministro y es actualmente presidente del Consejo Económico, un organismo de expertos que asesora al gobierno en materia financiera. Basado en motivos políticos Calmfors ha expresa su apoyo al SI, pero reconoce que esa opción carece de fundamento desde el punto de vista económico. Más aún, opina, en la página de debate del Dagens Nyheter (2003-07-05), que un SI a la UME no aumentará la ocupación y que los argumentos en sentido contrario son tendenciosos y de grosera confección casera («hemsnickrade»). Esta apreciación se refiere especialmente al material de propaganda de la asociación empresaria Svenskt Näringsliv utilizado por la Fundación Suecia en Europa donde se afirma que un triunfo del SI aportaría entre cien mil y trescientos mil nuevos puestos de trabajo.

Como los ejemplos de las verdades a medias son innumerables voy a dar sólo uno. El primer ministro Göran Persson afirma en una solicitada de su partido que el SI contribuiría a una vivienda más barata debido a la baja de las tasas de interés bancario. Efectivamente, es muy probable que esas tasas bajen de un 0,1 a 0,5 por ciento. Pero de ninguna manera ello influirá en el precio de la vivienda pues lo decisivo es la política actual de abandono de las subvenciones y eliminación de los controles a la especulación, lo que ha causado un aumento de los precios de ésta del 100 por ciento en los últimos cinco años, es decir doscientas veces más que el beneficio que podría otorgar una disminución de las tasas.

Sin embargo hay un aspecto que a mi modo de ver es de suma importancia y no ha merecido suficiente atención. En el primer debate por el canal 1 de televisión una voz en off explica que: 1) hay que diferenciar entre la política monetaria y la financiera, 2) de la política monetaria se ocupa el Banco Central (Riksbanken) y la regula a través de las tasas de interés, 3) las tasas bajas sirven para dinamizar la economía y las altas la frenan, 4) si triunfara el SI sería el Banco Central Europeo, BCE, el organismo que pasaría cumplir ese papel, 5) también se puede regular otro aspecto de la economía a través de los impuestos y los gastos, 6) esto pertenece a la política financiera, que es responsabilidad del parlamento, y seguirá siendo así al margen del resultado del referéndum, 8) se podría dar el caso de que los diferentes países se encuentren en distintas fases del ciclo económico y el BCE no pueda fijar tasas de interés que se adecuen a cada situación, pero es aquí donde entra a jugar la política financiera para corregir esos desequilibrios.

En términos generales todos aceptan esa explicación, aparentemente neutral, muy similar a la ofrecida oficialmente en los folletos del parlamento y el ministerio de finanzas. En todo caso las diferencias provienen de la distinta importancia que se le dé a uno u otro mecanismo. Sin embargo la explicación tiene dos fallas.

En primer lugar se oculta el verdadero papel que juega la banca central. No se trata sólo de la tasa de interés. Los bancos centrales, incluido el sueco, pueden aumentar o reducir la disponibilidad de dinero en la sociedad y fijar criterios para el otorgamiento del crédito. O sea, no sólo la cantidad de circulante sino las líneas generales que determinan cómo y a quién se presta y en qué condiciones. Una herramienta clave en la actividad económica de un país.

El papel de los bancos centrales

Richard Werner, un economista alemán que vive desde hace una década en Japón, describe en su libro Princes of the Yen cómo un círculo pequeño y poderoso enquistado en el Banco Central de ese país ha manipulado la política monetaria para lograr sus objetivos. Primero para crear una enorme burbuja especulativa en la década de los 80, cuando el precio de la tierra y de los bienes inmuebles alcanzó alturas impresionantes, y luego para pinchar la burbuja a través del sencillo mecanismo de retirar circulante monetario. Con ese medio se lograron dos objetivos: reforzar la autonomía de la banca central y, sobre todo, presionar para alcanzar reformas económicas estructurales. En otras palabras, asegurar una orientación neoliberal del conjunto de la economía.

Se podría suponer que semejante poder tendría que ser razón suficiente para que los ciudadanos exigieran el mismo grado de transparencia y control democrático que existen en otras instituciones. Pero no es así. El parlamento, que tradicionalmente tenía a su cargo la política monetaria sueca, resolvió, como parte de la convergencia hacia la Unión Europea, UE, aprobar una propuesta del gobierno y transferir esa responsabilidad al Banco Central a partir del 1 de enero de 1999. Esa decisión implicaba asímismo la autonomía de los funcionarios del Banco. Con ello se rompía con un principio democrático elemental, que en Suecia tiene además carácter constitucional: que quien detenta poder debe responder de sus actos ante los ciudadanos.

La derecha tiene perfectamente en claro esta cuestión. Lars Wohlin, que fuera jefe del Banco Central sueco a principios de los 80, declara que el punto más importante hoy es lograr un gobierno burgués y allanar el camino al futuro ministro de finanzas para que pueda llevar a cabo un profundo cambio estructural. Entre las condiciones necesarias para ello señala el fortalecimiento, independencia y legitimidad del Banco Central para poder aplicar consecuentemente el pacto de estabilidad de la UE. Y agrega: «Yo mismo he visto lo difícil que resulta a los políticos tomar decisiones que frenen la inflación.

Caen en sinuosas discusiones sobre los grupos que pueden verse afectados» (DN, 2003-08-19). Urban Bäckström, secretario de estado durante el gobierno burgués y presidente del Banco en la década de los 90 declara a su vez que «hasta ahora hemos seguido el proceso de la UME como un hilo conductor que nos llevaría al euro. Pero con una triunfo del NO las cosas van a cambiar y eso me preocupa sobremanera.

Las fuerzas del NO quieren una política diferente donde no tengan peso la estabilidad de precios y el orden en las finanzas públicas. Dentro del Partido de Izquierda, de los ecologistas y de la izquierda de la socialdemocracia hay muchos que no quieren un Banco Central independiente» (DN, 2003-08-19). Estas posiciones coinciden con las del dirigente conservador Bo Lundgren quien, en una reunión de activistas por el SI del norte de Suecia les recomendó «tener en cuenta que el mayor peligro de un triunfo del NO es el fortalecimiento de las fuerzas que se oponen a la autonomía del Banco Central y a las medidas económicas para sanear las finanzas estatales. Un triunfo del SI, por el contrario, fortalecerá una política de baja inflación y estabilidad económica» (DN, 2003-08-17).

Por supuesto Suecia no es un caso aislado. Desde hace unos veinte años se da una tendencia cada vez más pronunciada en el sentido de separar la política monetaria de la órbita parlamentaria, fortalecer la independencia de la banca central y por lo tanto debilitar la posibilidad de regulación gubernamental. Un detallado estudio publicado en la revista brasileña Sociologia e Política (1998, n. 10-11) trata precisamente sobre este tema. El estudio analiza el hecho de que entre 1989 y 1994 (en sólo cinco años) más de treinta países modificaron su legislación para lograr esa autonomía. En América Latina lo hizo Chile en 1989, Argentina, Colombia, Ecuador y Venezuela en 1992 y México en 1993. Lo mismo ocurrió en los países que formaban parte de la Unión Soviética, en los del este europeo y, naturalmente, en los que componían la UE: Italia, Portugal, Bélgica, Francia, Grecia y España. También siguieron ese camino Tailandia, Corea del Sur y Alemania.

La ley orgánica del Banco Central de Chile enuncia que la institución tendrá por objeto velar por la estabilidad de la moneda y que sus atribuciones, a esos efectos, serán la regulación de la cantidad de dinero y de crédito en circulación, la ejecución de operaciones de crédito y cambios internacionales y el dictado de las normas en materia monetaria, crediticia, financiera y de cambio. Más adelante aclara que la regulación de la cantidad de dinero en circulación y de crédito y del conjunto del sistema financiero y del mercado de capitales, es atribución exclusiva del Banco (títulos I y III).

La carta orgánica del Banco Central de la República Argentina dispone también las mismas atribuciones (regulación de la cantidad de dinero y del crédito y el dictado de normas en materia monetaria, financiera y cambiaria), establece que la entidad es autárquica y que en la formulación y ejecución de su política no está sujeta a órdenes, indicaciones o instrucciones del gobierno ni del parlamento. Con tales atribuciones el banco llevó a cabo el control de la paridad cambiaria durante el menemismo lo que eliminó la inflación pero causó una prolongada recesión, aumentó la desocupación y la pobreza y terminó llevando al país a la profunda crisis que todos conocemos.

En Brasil un ley sobre el carácter y las atribuciones del Banco Central está parada debido a las divergencias de criterio entre los partidos y dentro de ellos, pero esto ha sido motivo de una polémica que ha aportado muchos elementos interesantes.

Esos antecedentes muestran que la atribución de fijar las tasas de interés viene entonces a ocupar un lugar secundario a pesar de que es lo único que se menciona. Así llegamos entonces a la segunda falla de la explicación del canal 1. La política financiera, la posibilidad de utilizar el presupuesto y fijar impuestos y gastos, queda encuadrada dentro de los límites que ponga el Banco Central. El gobierno puede redactar el presupuesto que le parezca y el parlamento podrá darle su visto bueno, pero si el Banco decide restricciones a la cantidad de circulante no habrá dinero para llevar adelante ninguna política. La gente podrá pues, con más o menos nerviosidad, seguir preocupándose del nivel de las tasas mientras le vacían los bolsillos con medidas de las que no tiene ni la menor idea.

Muchos especulan sobre cuáles son los círculos interesados en esta tendencia. Voy a mencionar un solo hecho. Hace alrededor de un año, cuando el gobierno de Eduardo Duhalde trataba de implementar medidas de política financiera, llegó a la Argentina una misión del Fondo Monetario Internacional. El diario Página 12 comentaba entonces: «Una de las preocupaciones centrales del FMI es verificar la autonomía del Banco Central [...] El Fondo pretende mantener bajo el exclusivo control del Banco todo el esquema de reestructuración del sistema financiero; es decir, sin injerencia del ministerio de economía ni de ningún otro órgano político dependiente del gobierno. La pretensión de las autoridades del Fondo, al imponer la designación de un consejo de notables, es justamente poder dirimir estos aspectos del proceso de reestructuración fuera del ámbito político» (2002-07-09). El consejo de notables que proponía el FMI para formular y verificar las medidas de política financiera estaba compuesto por funcionarios de la banca canadiense y del BCE.

Más allá de las especulaciones, la conclusión más importante que podemos sacar es que en el único Banco Central en el que se puede confiar es aquel que sea abierto, esté democráticamente compuesto y dirigido y cuyas autoridades deban responder por sus actos ante los organismos libremente elegidos por la ciudadanía.

El Banco Central Europeo ni se acerca a una entidad con esas características. En la información del parlamento sueco sobre la UME se dice que el BCE «es responsable de la política monetaria en la unión monetaria», que «es independiente de todos los organismos políticos y tiene como principal objetivo mantener la estabilidad de precios; es decir, una inflación baja». Naturalmente, en ningún lugar se habla de promover el crecimiento, una más justa distribución del ingreso o evitar el desempleo. Eso, se dice, es función de cada gobierno a través de la política financiera. Ya hemos visto uno de los impedimentos que los gobiernos tienen para ejercer esas atribuciones. Mencionaré otros.

Las entradas acumuladas del Banco Central sueco en los últimos cuatro años alcanzan la cifra de 73 mil millones de coronas. Eso equivale al conjunto del presupuesto escolar sueco. Actualmente ese monto es transferido por el Banco Central al gobierno pero no se podrá disponer del mismo en las mismas condiciones si triunfa en SI pues las funciones del Riksbanken pasarán a centralizarse en el BCE. Además, el gobierno se ha comprometido, como condición para que Suecia forme parte de la UME, a no tener un déficit presupuestario superior al tres por ciento del Producto Interno Bruto. De modo que si una coyuntura económica baja obligara al gobierno sueco a tomar medidas de urgencia para paliar la desocupación, o en cualquier momento, pongamos por caso, invertir en el mejoramiento del sistema de salud o de educación en un grado tal que ello no se vea compensado por la entrada de impuestos, pueden ocurrir dos cosas: una es que, al no tener una moneda única, las autoridades de la UME tengan que conformarse con una dura reprimenda. La segunda es que adoptemos el euro. En ese caso sufriremos sanciones por incumplimiento de los acuerdos. Esto significaría miles de millones de coronas de multa. No podemos dar una cifra exacta porque dependerá de la cantidad del déficit y del carácter y las circunstancias del gasto, pero en cualquier caso la cifra será superior a lo gastado «indebidamente» y puede alcanzar al 0,5 por ciento del PIB. Eso equivale al total de la ayuda anual sueca a los países de Asia, África y América Latina.

A lo que quiero llegar es que la posibilidad teórica de corregir el chaleco de fuerza de la política monetaria impuesta por el BCE tiene muy pocas probabilidades reales de ser modificada por un gobierno que se encontrará con las manos cada vez más atadas.

Desearía agregar que estoy lejos de tener una visión nacionalista. Creo que es un problema que no podemos encarar desde el ángulo de la nación, sino desde un punto de vista de clase. No se trata de que en principio sea mejor decidir aquí y no en Frankfort o Bruselas. Si la EU, la UME y el BCE fueran organismos democráticos y estuvieran dirigidos por personas no ya de izquierda sino al menos con sensibilidad social, y en Suecia decidieran Bo Lundgren, Lars Leijonborg o Alf Svensson, yo estaría muy probablemente apoyando el SI. Pero los señores directores del BCE son la esencia del neoliberalismo y han hecho su carrera ligados a lo más granado del capitalismo financiero internacional. Los Wallenberg o los Bonnier tienen pues muchísima razón en apoyar el SI. Ahora bien, si uno es un trabajador y además una mujer sola con hijos o anciano, enfermo o desocupado es de esperar que entienda cuál es la posición que coincide con sus intereses y prefiera que las decisiones que afectan su bienestar sean tomadas donde sea posible ejercer un mayor control.

Tampoco podemos negarnos a ver la realidad de las transformaciones operadas en el mundo de hoy. La globalización no se debe a una conspiración diabólica sino que es la consecuencia natural del desarrollo de las fuerzas productivas. El problema no está allí sino en la orientación neoliberal que ha logrado imponer la burguesía a nivel internacional. De modo que históricamente la salida más acertada es esforzase en dar una respuesta al mismo nivel. Sin embargo, no se puede aceptar la ceguera política de proponer el ingreso a la UME confiando ingenuamente que en algún futuro incierto estemos en condiciones de cambiarla por dentro. Eso será lo que, a pesar de todo, habrá que hacer si nos vemos obligados a ello por el triunfo del SI. Pero hoy se nos presenta la oportunidad concreta de optar por permanecer afuera e influir en un terreno en el que tenemos mayor probabilidad, peso y certeza de ejercer una presión más efectiva.

Si el lector ha llegado hasta aquí habrá sacado ya una conclusión más: que no se trata tanto de la opción entre el euro y la corona, sino de las políticas que están detrás de ambas monedas. Por lo tanto, aún con un triunfo del NO, nos queda una tarea pendiente y nada fácil: la democratización de los organismos que deciden sobre la política monetaria y financiera para poder tener un margen más amplio de influencia en un aspecto que es básico para el bienestar y la justicia.