En la madrugada del 27 de junio de 1973, los tanques del ejército cercaron el Palacio Legislativo, a esas horas, desierto. En la madrugada, un grupo de senadores, había sostenido la última sesión de la Cámara, ya en conocimiento de que el presidente colorado, Juan María Bordaberry, estaba redactando el decreto de disolución del Parlamento, suspensión de la actividad de los partidos políticos y otras medidas administrativas que terminaban con la escasa democracia formal existente.

Nadie convocó esa noche a defender las instituciones, y nadie demostró sorpresa por lo que se preparaba. El Parlamento era entonces prácticamente el último bastión de una democracia que había sido brutalmente recortada en los cinco añös anteriores.

Con la censura impuesta desde el anterior gobierno de Jorge Pacheco Areco a los medios de comunicación social, el Parlamento era la única caja de resonancia para las denuncias de torturas y de la escalada militar.

Los periódicos solo podían publicar esas denuncias si estaban registradas en las actas de las sesiones del Parlamento. De esa manera, se conocieron las denuncias de torturas, la muerte en los cuarteles, el testimonio de Hugo Bardecio, fotógrafo policial, secuestrado por los tupamaros, revelando el aparato del "Escuadrón de la muerte" y sus vínculos con la jerarquía del Ministerio del Interior, oficiales militares y embajadas extranjeras.

Para muchos, el golpe de Estado se había formalizado antes, con la aprobación en abril de 1972 del "Estado de Guerra interno", o aún mucho antes, cuando el país comenzó a ser gobernado por decreto, al margen de la Constitución. De hecho, el primer desaparecido uruguayo, el estudiante de medicina y enfermero, Luis Ayala, es de mediados de 1971, cuando aún gobernaba el "democrático" presidente, Pacheco Areco.

De todas maneras, las "tentaciones" militares de tomar el poder, estuvieron presentes y amenazantes, desde muy temprano. En su libro "Alto al Fuego II", los periodistas Nelson Caula y Alberto Silva, revelan documentación y testimonios que demuestran que los militares estuvieron desde la década del 30, inspirados por las corrientes nazi fascistas europeas de esa época, amenanzando el poder, y combinados con sectores políticos.

El ex agente de la CIA, Philips Agee, en su libro testimonio, "La CIA por dentro", recuerda sus contactos en Uruguay, donde estuvo asignado a principios de la década del 60, y las manipulaciones políticas para llevar a cabo un golpe de Estado, cuando aún no existía en el país, ni la guerrilla, ni una izquierda fuerte, ni una central sindical. Agee ya señalaba al general Aguerrondo, como un militar golpista. El militar era conocido por la represión a los trabajadores de los frigoríficos del Cerro, en el año 1959. Precisamente de ese año es el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y el inicio de la "latinoamericanización" del Uruguay.

Crisis económica y social

El país había crecido bajo la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, gracias a sus exportaciones de productos agropecuarios y al desarrollo de una industria de sustitución. Concluidos estos conflictos, la industria de sustitución no resistió la competencia externa y los precios de los productos básicos cayeron drásticamente. Se inició entonces una espiral inflacionaria que comenzó a afectar seriamente el poder de compra de los salarios. La clase obrera, que con el relativo desarrollo industrial había crecido y se había fortalecido, se lanzó entonces a la resistencia de las medidas restrictivas en materia salarial, defendiendo el poder adquisitivo de los salarios logrados en años de lucha.

Estos reclamos fueron reprimidos por una calse dirigente temorosa de perder sus privilegios.

En ese marco económico social, al comienzo de la década de los '60, comienza a crecer las organizaciones sindicales, y en especial en aquellos sectores más marginados, como los trabajadores de la caña de azúcar del norte, y del arroz en el este del país. Primero plantearon el cumplimiento de las escasas leyes que existían para los trabajadores rurales, y presentaron el reclamo de volcar las tierras improductivas a una reforma agraria nacionalista.

Las diversas tendencias sindicales comenzaron un proceso de unificación, con el objetivo de crear una central única, al tiempo que en el campo politico de la izquierda, comenzaba a notarse la influencia de la Revolución Cubana.

Al tiempo que crece la lucha de los trabajadores y la izquierda también inicia un proceso de búsqueda de unificación y creación de un frente popular, la reacción endureza sus métodos de lucha. Habían comenzado a organizarse bandas fascistas, se atentaba contra los locales de partidos políticos de izquierda, se atentaba contra personas, en algunos casos se les habían tatuado con elementos cortantes esvásticas nazis. Incluso fue asaltada la Universidad de la República por bandas fascistas con la complicidad del jefe de Policía de Montevideo. En el ambiente político se manejaba la posibilidad de un golpe militar, al punto que la única central sindical, la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), en 1964 aprobaba un Plan de resistencia al Golpe de Estado.

Ante esta ola represiva, el movimiento popular ensaya diversas formas de organización y resistencia, y comienza a surgir el movimiento guerrillero urbano.

En 1967, muere el presidente Julio César Gestido y asume en su lugar el vicepresidente, Jorge Pacheco Areco. La transición sucede en medio de cavildeos de golpe de estado y convocatoria de nuevas elecciones.

Pocos meses después, en junio de 1968, el presidente decreta las Medidas Prontas de Seguridad, congela precios y salarios, prohibe el funcionamiento de algunos partidos políticos y sindicatos, y clausura algunos periódicos. Las huelgas fueron reprimidas severamente, y se llegó a la militarización de los empleados bancarios para romper el conflicto.

El gobierno de Jorge Pacheco Areco (1967-1972) funcionó durante todo su mandato dentro de esquemas autoritarios, pues decretó la suspensión de las garantías individuales en varias ocasiones, clausuró y censuró medios de comunicación, utilizó la tortura sistemática contra los detenidos acusados de pertenecer a la guerrilla o militantes activos de la izquierda. El primer desaparecido ocurrió bajo su mandato, y habilitó la intervención extranjera. Funcionarios norteamericanos, como Dan Mitrione, llegaron al país a enseñar métodos represivos y torturas, se hizo masivo el envio de militares a estudiar contrainsurgencia en las bases norteamericanas en Panamá, y se mantuvo contactos extrechos con los gobiernos dictatoriales de Argentina y Brasil, al punto que este ultimo país, preparó una invasión a Uruguay, si el Frente Amplio, coalición de izquierda, ganaba las elecciones en noviembre de 1971.

El estilo de gobernar al margen de la Constitución y la ley llevó a intensas negociaciones entre los partidos políticos de la oposición para impulsar un juicio político en el Parlamento que culminara con la destitución del presidente y la convocatoria a nuevas elecciones. En estas negociaciones participaron algunos militares y el vicepresidente de la República, Jorge Abdala.

Sin embargo, las dudas de algunos políticos y algunos éxitos del gobierno en el combate a la guerrilla, dejaron sin efecto estas negociaciones.

Las elecciones de 1971 que fueron denunciadas por fraudulentas, en perjuicio del candidato del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate, llevaron a Juan María Bordaberry del Partido Colorado a la presidencia.

Recientemente, papeles desclasificados del gobierno de Estados Unidos, se presentan indicios de intervención de ese país en las elecciones uruguayas para fraguar el resultado (ver nota aparte).

Las elecciones de 1971 se producen en un momento de auge del movimiento popular, con la izquierda unificada en el Frente Amplio (desde demócratas cristianos a comunistas y la expresión política de la guerrilla) y con las expectativas creadas por el gobierno socialista de Salvador Allende en Chile, las expresiones nacionalistas de gobierno boliviano del general Torres, y la creciente resistencia a la dictadura argentina.

Simultáneamente, el gobierno norteamericano de Richard Nixon, respalda a las dictaduras latinoamericanas que enfrentaban movimientos de resistencia armada, y prepara a los militares de las escasas democracies para asumir el gobierno.

El papel de la CIA

Así lo revela un ex agente de la CIA, Ralph W. McGehee, que formó parte de la organización entre 1952 y 1977, y publicó un libro llamado "Deadly Deceits: My 25 years in the CIA" ("Engaños mortales: Mis veinticinco años en la CIA"), donde detalla la participación de EEUU a través de la CIA en la preparación de las dictaduras latinoamericanas y en la represión que impusieron luego de conquistar el poder.

A partir de la desclasificación de documentos, la historia de la CIA "está haciéndose dolorosamente clara", sostiene el ex agente. El entrenamiento para torturas "que rivalizaron con los nazis" y la asociación de la CIA con los "escuadrones de la muerte" para los que "el Departamento de Información e Inteligencia sirvió de cobertura", son algunas de las confesiones realizadas por el ex agente sobre las operaciones de la CIA en Uruguay. En el rubro torturas destaca particularmente la participación como instructor del "conocido torturador" Dan Mitrione.

Según McGehee la CIA armó directamente "la policía secreta" y "escuadrones de la muerte" en "El Salvador, Guatemala, la Nicaragua pre-sandinista, Corea del Sur, Irán, Chile y Uruguay". El ex agente señala que esas operaciones son las responsables de "torturas, desapariciones y muertes". McGehee reconoció también que "en 1973 la CIA supervisó y asesinó al presidente Salvador Allende" en Chile y señaló que la empresa electrónica norteamericana ITT "ofreció un millón de dólares a la CIA para que diera un golpe". Agregó que la agencia colaboró con los militares chilenos desde 1971 para elaborar un listado de "20.000 candidatos a ser asesinados la mañana del golpe".

En un libro donde se reconoce la participación norteamericana en crímenes cometidos en 42 países de todo el mundo, también se admite la existencia de la "Operación Condor" para concretar el "arresto y asesinato de políticos e intercambio de prisioneros entre Paraguay, Argentina, Chile y Uruguay". Según McGehee, "Estados Unidos brindó inspiración y asistencia financiera y técnica para la represión. La División de Servicios Técnicos de la CIA proveyó de equipamiento de tortura" a las dictaduras latinoamericanas.

En otros países del continente, la CIA "organizó grupos terroristas para atacar y asesinar políticos de izquierda sin implicar a los gobiernos. Estos grupos incluyen La Mano Blanca y Ojo por Ojo en Guatemala, La Banda en República Dominicana y El Escuadrón de la Muerte en Brasil". McGehee, que fue durante 14 años "oficial de operaciones" en el extranjero y durante 11 años oficial de alto rango en el cuartel general de la CIA en Langley, no duda y afirma que en función de todo lo expuesto la organización para la que trabajó durante un cuarto de siglo "debería ser abolida, su liderazgo terminado y sus principales miembros juzgados por crímenes contra la humanidad".

McGehee asegura que en Uruguay la CIA "estuvo asociada a los escuadrones de la muerte. La estación de la CIA tuvo un control sobre las listas de los más importantes activistas de la izquierda. Entregó nombres de sus familias y amigos. Mediante el servicio de alianza, la CIA obtuvo y entregó (a los servicios de inteligencia y al escuadrón de la muerte) nombres completos, fecha y lugar de nacimiento, nombre de los padres, direcciones, lugar de trabajo y fotografías. Fue una información invalorable para las operaciones de control de los subversivos y una variedad de otros propósitos".

En 1969, la agencia envió a nuestro país al "conocido torturador" Dan Mitrione. El ex agente comenta que hasta ese año, "las fuerzas de derecha solamente habían utilizado la tortura como último recurso. Mitrione los convenció para que la usaran como una práctica rutinaria. Su dicho era: 'El dolor exacto, en el lugar exacto, en la cantidad exacta para obtener el efecto deseado'. Las técnicas de tortura que enseñó a los escuadrones de la muerte rivalizaron con los nazis. Finalmente se volvió tan temido que los revolucionarios lo secuestraron y asesinaron un año después".

Posteriomente McGhehee afirma que entre 1970 y 1972 los oficiales de la CIA "utilizaron el respaldo de informantes para ayudar al Departamento de Información e Inteligencia, que a su vez fue cobertura de los escuadrones de la muerte". El ex agente norteamericano se refiere o al Departamento de Inteligencia y Enlace de la Policía.

Asume Bordaberry

Bordaberry asume el gobierno en marzo de 1972 y con apoyo limitado de los dos partidos tradicionales. La semi tregua establecida por el movimiento guerrillero terminó y ante la inoperancia del gobierno para actuar contra el escuadrón de la muerte, el MLN-T realiza una acción de ejecución de algunos de sus jefes, en abril de ese año. El gobierno recrudece la represión y la hace más amplia, e incorpora al ejército en la conducción de la misma. En mayo de ese mismo año, y tras la muerte de cuatro soldados en un ataque del MLN-T a la residencia del comandante en jefe del Ejército, presentada como un ataque a soldados indefensos, el Parlamento decreta el "estado de guerra interno", habilitando al ejército a cumplir funciones policiales, a detener personas sin orden judicial, retenerlas en cuarteles y procesarlas por la justicia militar, como en tiempos de guerra.

En el año transcurrido hasta el formal Golpe de Estado en junio de 1973, las Fuerzas Armadas detuvieron a decenas de miles de personas, aplicaron la tortura en forma sistemática, asesinaron y desconocieron todas las garantías constitucionales. En ese período, lograron desarticular al aparato armado de la guerrilla, y después asaltaron el gobierno. En febrero de 1973 los jefes militares presionaron al presidente para el cambio de un ministro, en lo que se denominó el Acuerdo del Boiso Lanza, y que sólo enfrentó la resistencia de un sector de la Armada.

Finalmente, el 27 de junio, Boraberry disolvió el Parlamento, y poco después decretó la disolución de la central de trabajadores (CNT), prohibió a todos los partidos políticos, intervino la Universidad de la República, e impuso categorías para todos los ciudadanos, según sus antecedentes políticos o sindicales.

La Central Nacional de Trabajadores (CNT), reaccionó de inmediato al Golpe de Estado, según tenía previsto desde 1964, y decretó un paro general con ocupación de lugares de trabajo. La resistencia duró tres semanas. El 9 de julio, se llevó a cabo una manifestación por la principal avenida de Montevideo, covocada en la clandestinidad. En la represión fueron detenidos los principales líderes de la izquierda que aún estaban en libertad.