escribe Dick Emanuelsson

BOGOTA. La empresa estatal Telecom será liquidada. 10.000 trabajadores fueron despedidos cuando a las 7:15 p.m. el jueves 12, en un decreto leído por la ministra de Comunicación por todos los canales de televisión, los trabajadores quedaron desempleados.

Inmediatamente se concentraron centenares de trabajadores en Bogotá para protestar contra la decisión tomada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Dos días antes habían sido militarizadas las instalaciones de Telecom como acción preventiva para evitar e impedir que los trabajadores tomaran sus lugares de trabajo.

Jorge Lerma, presidente del sindicato de los trabajadores de Telecom habló con Liberación y subrayó que el sindicato no se va rendir ante las presiones y la decisión del gobierno. Al contrario, seguirá luchando para preservar una de las empresas estatales más importantes del país. En este momento hay concentraciones obreras día y noche alrededor de todas las instalaciones de Telecom y para el 19 de junio se prepara un paro estatal para contrarrestar la ofensiva neoliberal del gobierno colombiano, dice Lerma. Al mismo tiempo se están preparando apelaciones jurídicas contra la decisión gubernamental, ya que, según los sindicalistas, la decisión es ilegal.

Hay bastante juristas para adelantar tareas de orden jurídico y confrontar en ese terreno también al gobierno. Por que violó sus propias normas y la Ley 489 y 142 y no se tiene en cuenta el derecho a asociación, consagrada en tratados internacionales como los artículos 87 y 98 de la OIT, dice el presidente sindical.

Aquí vamos a continuar hasta derrotar ese decreto y garantizarle una vez más al país la continuidad de la empresa nacional de telecomunicaciones y las teleasociadas y reintegro a sus labores de todos trabajadores.

Dividir para privatizar

Al lado la empresa estatal Ecopetrol, Telecom es una empresa estratégica para la república colombiana. Es un patrimonio de todos los colombianos y es una empresa pública importantísima que conecta cualquier pequeñito pueblo en la montaña o en la selva, con el mundo. Pero ha sido un blanco de las transnacionales que desde el 1992 han intentado de coparla, aprovechando la apertura económica, del ex-presidente César Gaviria cuando trató de dividir, para privatizarla.

Los trabajadores y su organización de defensa, hicieron milagros en su lucha heroica que salvó en esos años, la Telecom, como empresa estatal. Pero también tuvo un costo alto por los nueve meses que 13 de los 16 dirigentes sindicales tuvieron que soportar en las cárceles colombianas, hasta que la solidaridad obrera e internacional los sacó de la prisión. Jorge Lerma fue uno de las víctimas, pero no se rindió y el 13 de junio, está otra vez en las barricadas para defender el patrimonio nacional, que es Telecom.

Decreto antiterrorista contra sindicalistas

En esos años, el gobierno probó un decreto antiterrorista dirigido, como decía el gobierno de Gaviria, contra los guerrilleros y los narcotraficantes. Pero en una investigación realizada por la procuraduría, se mostraba que 92 por ciento de los encarcelados por este decreto, eran sindicalistas o líderes de la lucha popular. Casi ningún narcotraficante y menos guerrilleros cayeron presos a gracias al decreto antiterrorista. Dos años después fue anulado el decreto.

Hace una semana, la Comisión Primera del Congreso, repitió la aprobación de una nueva ley antiterrorista, pero esta vez con muchas más facultades a las fuerzas militares. Todas las organizaciones sociales, de DDHH, sindicatos etc., se espantan ante este decreto, que tocará al movimiento popular colombiano.

O, como decía un trabajador de Telecom, desesperado y con sentimientos de impotencia por el plumazo del decreto de liquidación de Telecom; Ahora se ve el verdadero color político neoliberal de Uribe, entregando todo a las empresas transnacionales. Dicen que tenemos democracia y una de las democracias más antiguas de América Latina. ¡Que gran mentira! ¡Con razón que en este país no se puede hacer otra oposición que la armada, por que la democracia de ellos, es la de las transnacionales, mientras los trabajadores nos quedamos en la calle, pasando hambre y represión.

Sindicalistas masacrados

La decisión de liquidar Telecom fue tomada el mismo día que en Ginebra, la OIT informaba, que en Colombia fueron asesinados 184 dirigentes y activistas colombianos el año 2002. Esa macabra cifra constituye 86 % de todos los sindicalistas asesinados durante el año pasado que, en su totalidad, fueron 213 en todo el mundo.

En este momento hay decenas de dirigentes sindicales, como Hernando Hernández, ex-presidente y el actual secretario internacional de la USO, la federación sindical de los trabajadores petroleros, encarcelados con la acusación que son guerrilleros o auxiliadores a la guerrilla.

Pero esa etiqueta ya están colocando por parte de la fiscalía, no solamente a los sindicalistas, sino hasta los monseñores de la iglesia católica, como en el caso del Monseñor Serna, de 82 años, que incluso lo nombraron jefe de finanzas del Frente Bolchevique, de ELN, en el departamento del norte de Tolima. La acusación se basa en supuestos testimonios de desertores guerrilleros, que para quedar bien ante la justicia, puede dar testimonios que neutraliza cualquier persona que esté contra la política del actual gobierno, dicen los críticos a ese tipo de justicia. El desertor resulta ser un delincuente común, sentenciado 16 veces por robo y otras actividades delictivas.

La Fiscalía esta paramilitarizándose

Las cárceles colombianas están hacinadas tres veces más que se capacidad original. El congresista Gustavo Petro, ex-guerrillero del M19, dice a este reportero que todo el aparato de la Fiscalía esta paramilitarizándose, lo que significa, que en el momento actual cualquier persona corre el riesgo de ser detenido y acusado de ser subversivo, según el congresista.

La red de informantes, creado por el presidente pocos días después su instalación el 7 de agosto del año pasado, informó la semana pasada que 1,5 millones colombianos pertenecen a aquella red, lo que significa que hay informantes por todos lados que hacen vigilancia, inteligencia y observaciones a personas extrañas o sospechosos. Son reportados a la fuerza pública y en muchos casos son detenidos y colocados ante la televisión, presentados como milicianos o directamente de ser guerrilleros. Ahora propone el gobierno, que en cada conjunto o barrio se van a crear redes de informantes.

Se endurece más el conflicto social y armado

Con el decreto de liquidación de Telecom quedarán 50.000-70.000 colombianos con un incierto futuro, incorporándose al ejército de desempleados de más de 4 millones y unos 3-4 millones más que son subdesempleados en un mercado laboral con 60 por ciento de personas perteneciendo al sector informal. De ahí es fácil reclutar nuevos soldados, policías o informantes ya que estas son las únicas fuentes de trabajo en una Colombia donde el desempleo es enorme.

Sin duda, muchas personas se van a dirigir hacía la montaña para incorporarse a la insurgencia con lo que se endurece más la guerra y el conflicto social y armado, el cual el gobierno considera es un conflicto netamente contra unos bandidos o matones profesionales, como se expresaba el presidente Álvaro Uribe la semana pasada.

Internet para los despedidos

Pero el presidente ha sido generoso, dijo un funcionario presidencial, por qué ha abierto una línea gratuita donde cada trabajador, de los 10.000 despedidos, puede consultar su situación, en la empresa a través de una página de internet que acaba de abrir el señor presidente Uribe.

Ecopetrol y el Seguro Social serán liquidadas, con toda seguridad. Sin embargo, el Ministerio del Interior y de Justicia, Fernando Londoño, dijo, en una charla que esto es solo un comienzo. Habrán más decretos en las próximas dos, tres semanas de liquidaciónd de empresas públicas, dijo el controvertido ministro.

Ecopetrol está, en este momento, militarizada en las dos refinerías más importantes del país, la de Barrancabermeja y Cartagena, por 1.500 efectivos del ejercito. Los dirigentes sindicales son impedidos a entrar a las plantas. Igual que en 15 instalaciones de Telecom en toda Colombia.

1.800 millones de dólares a las transnacionales

La liquidación de Telecom tiene dos fundamentos elementales: Eliminar al sindicato que es un contradictor muy fuerte en el ámbito político, por que es el único que se ha atrevido de denunciar arbitrariedades y políticas de corrupción que se adelantado al interior de esta empresa, dice Jorge Lerma.

El segundo elemento; al crear una empresa nueva es poder garantizar a las empresas transnacionales, llamase Tochu, Siemens, Nortel o Ericsson pagarles una deuda inexistente de 1.800 millones de dólares. Para eso crearon la nueva empresa y para eso quieren arrasar con el sindicato, agrega el sindicalista.

La empresa Ericsson en Colombia fue bautizada en la década -70 por los trabajadores de ser la cara sucia de Suecia, por su actitud antisindical, lo cual ha significado que varios de sus trabajadores han sido apresados después que la empresa haya llamado a la policía. También fue erradicado por completo el sindicato seccional. La Ericsson es la empresa más grande en el mercado de teléfono en Colombia, seguida por la Siemens. Ambas empresas han sido involucradas en escándalos de corrupción de altos funcionarios estatales y políticos.

La Ericsson como pata negra

La Ericsson fue denunciada el año pasado por haber enviado técnicos a las instalaciones de Telecom en la ciudad de Bucaramanga para hacerlas a funcionar por el paro que adelantaba el sindicato como última alternativa contra el contrapliego lanzado por la empresa. En esta los trabajadores perderían varios de sus conquistas sociales y pensionales, pero la huelga general, logró de salvar las conquistas y la empresa como patrimonio nacional de los colombianos. Pero su función de patanegra, como dicen los trabajadores suecos a los rompehuelgas, no resultó positivo ya que el paro siguió.

La semana pasada fueron despedidos 12 trabajadores y dirigentes sindicales en Bucaramaga y llamados de rendir indagatoria a la fiscalía bajo la acusación de sabotaje y terrorismo.

Un año después el paro, la gerencia de Telecom y el gobierno se toman venganza contra los trabajadores, militarizando a sus lugares de trabajo para terminar la obra de despedir todos los trabajadores para así hacer lo clásico neoliberal de un outsorcing, es decir, poner todos los trabajadores en la calle y solamente mantener un núcleo de trabajadores necesarios y contratar para la funcionalidad de Telecom contratistas donde los trabajadores no tienen los derechos logrados durante décadas de lucha obrera.