El Congreso colombiano dio un nuevo paso en la limitación de las libertades públicas, al aprobar una comisión del Senado, un proyecto de ley que permitirá a los militares realizar allanamientos y capturas si orden judicial. La medida se asemeja a las potestades que tenían los militares en las dictaduras sudamericanas de los 70.

La medida aparece cuando desde varios sectores de la sociedad colombiana se reclama del gobierno una voluntad negociadora con los grupos guerrilleros, y tras el fracaso de la ofensiva militar, que intentó liberar a varios secuestrados y que culminó con la muerte de un ex gobernador.

La reforma constitucional a estudio del Congreso, ya superó 3 de las 8 etapas necesarias para su promulgación. Adicionalmente, mientras el Gobierno pedía esas facultades solo para combatir el terrorismo, el Senado las amplió a todo tipo de delitos. Asimismo, el Senado no atendió las advertencias de la Organización de Naciones Unidas ni de varias organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, que pidieron no aprobar esas facultades.

El proyecto de acto legislativo, que pasará a la plenaria del Senado, permite las detenciones, registros domiciliarios e interceptación de comunicaciones sin previa orden judicial, autoriza a la Fiscalía General la la creación de unidades especiales con miembros de las Fuerzas Militares a las que se les otorgarán facultades de Policía Judicial y le ordena a los Alcaldes que recolecten información y elaboren un informe de residencia de los habitantes.

El texto aprobado dice que para combatir la delincuencia en aquellos sitios donde no exista una autoridad judicial la Fiscalía General podrá conformar unidades especiales con miembros de las Fuerzas Militares para cumplir funciones operativas.

Eso significa que los soldados y policías podrán recoger pruebas, tomar declaraciones y efectuar otras labores que hasta hoy solo realizan personal especializado del DAS, el CTI y la Dijin.

El Gobierno distribuyó un documento en el que justifica por qué requiere las facultades de Policía Judicial para las Fuerzas Militares. "Bien pueden (FFMM) ser dotadas éstas de herramientas jurídicas especiales de Policía Judicial, no como una imposición tiránica del Estado, sino como una natural y equitativa consecuencia del principio general de prevalencia del interés social sobre el privado", dice el documento.

Rechazo de la ONU

Poco antes de la votación, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos pidió, entre otras cosas, abstenerse de dotar a Fuerzas Militares de facultad de policía judicial, mayor presencia de la Procuraduría y la Defensoría en zonas de rehabilitación y un grupo especializado en la Fiscalía que investigue nexos con los grupos paramilitares.

El organismo propuso ayer 27 recomendaciones prácticas y concretas para hacer frente a la degradación del conflicto, principalmente por los "métodos inaceptables" a los que han recurrido las Farc, el Eln y los paramilitares; al agravamiento del desplazamiento forzado como estrategia de guerra y la ambigüedad del compromiso estatal en la lucha contra el paramilitarismo.

El informe de la ONU da cuenta de un aumento significativo de denuncias de violaciones atribuidas directamente a miembros de la Fuerza Pública, en comparación con el año 2001, y reseña que muchas de estas conductas se realizaron en desarrollo de la política de seguridad del nuevo gobierno. Por eso, comenta que le preocupa especialmente la adopción y ejecución de la política de seguridad, las medidas de conmoción interior, la actuación de la Fuerza Pública en las zonas de rehabilitación, la situación de la antigua zona de despeje, el auge de los grupos paramilitares, las falencias de la administración de justicia, las insatisfactorias condiciones de la población carcelaria, el desplazamiento forzado y la victimización de los grupos étnicos, entre otros.

Semanas antes, y coinciendo con la visita del presidente Uribe a Estados Unidos, varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, cuestionaron sus iniciativas de seguridad y de antiinsurgencia.
En un comunicado conjunto, Wola, el Centro para la Política Internacional (CIP), el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Latinoamericanos, Amnistía Internacional, y la Oficina en los Estados Unidos para Asuntos Colombianos destacaron que, desde que Uribe asumió la presidencia han aumentado las restricciones a las libertades civiles, el conflicto armado ha escalado y persisten la impunidad frente a los grupos paramilitares.

En un comunicado paralelo, Human Rights Watch dijo que E.U. debía presionar al presidente Uribe para que obtenga resultados en la protección de los derechos humanos. Por su parte, Amnistía Internacional cuestionó también las políticas oficiales, por su impacto en la población civil.

Más dinero para Fuerzas Militares

Por otra parte, trascendió que el gobierno de Estados Unidos está tramitando ante el congreso de ese país un paquete de ayuda por 130 millones de dólares destinados a las Fuerzas Militares de Colombia.
El anuncio fue hecho esta semana por el embajador de Colombia ante E.U., Luis Alberto Moreno, quien indicó que los dineros se destinarán a la compra de aviones, plataformas de inteligencia y equipos de campaña. Moreno sostuvo que la administración Bush también gestiona otros 470 millones de dólares (para un total de 600) destinados a programas de fumigación y erradicación de cultivos ilícitos, apoyo a entidades como la Fiscalía y ayuda a desplazados.