La Cumbre del Grupo de Rio, que integran ocho países latinoamericanos, abrió el camino a la intervención militar directa en Colombia, al aprobar una resolución que solicita a las Naciones Unidas que impulse un proceso de paz exhortando a los guerrilleros a firmar un acuerdo de cese de hostilidades y entrar en un diálogo "abierto y transparente", amenazando con adoptar otras "medidas" si el diálogo no se concreta.

Según declaró el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, participante de la Cumbre realizada en Cuzco, Perú, cuando consultó a que se refierían con adoptar otras medidas, el presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, propulsor de la iniciativa, admitió que incluía una intervención militar directa.

Chávez realizó su denuncia a través de su programa semanal, "Aló presidente!", y se mostró preocupado porque la prensa no había informado sobre esta amenaza implícita.

Esta no es la primera vez que se menciona la posibilidad de una intervención militar extranjera para resolver el conflicto colombiano. El presidente Alvaro Uribe, en una gira por Estados Unidos el mes pasado, reclamó más ayuda militar norteamericana, y también mencionó la posibilidad de una intervención directa. Hasta ahora su posición ha encontrada resistencia, por un lado por el alto costo político y militar de esa acción, y por otro, por la falta de confianza en los mandos militares, sospechosos de colaborar con el narcotráfico y los paramilitares.

"Este fue un gran paso porque América Latina no se había atrevido a asumir una posición drástica frente al problema colombiano. Muchos seguían en la patria bobalicona de tratar de comprender a los violentos. Por eso en la Cumbre de Río se dio un gran viraje", sostuvo el presidente colombiano.

En una entrevista concedida al diario argentino, Clarín, Uribe reclama la colaboración de los demás países de la región, "Colombia no puede por sí sola torcerle el brazo al terrorismo".

"El problema es hoy de Colombia, pero mañana puede ser de todo el continente", dijo el mandatario. Además "necesitamos un gran apoyo de la comunidad internacional. Porque el terrorismo en Colombia se financia con un negocio internacional que es el narcotráfico", sostuvo Uribe. Sin embargo negó que esa colaboración signifique participación militar directa, "nosotros tenemos todo el equipo humano militar y policial, pero requerimos una gran cooperación internacional en materia tecnológica, intercambio de información".

Uribe descartó fijar un plazo para la resolución del conflicto, mostrándose más cauteloso que antes de asumir el pasado año, y que su ministra de Defensa, que habla de un plazo de 18 meses para terminar con la Guerra interna.

Uribe, asumió con la promesa de terminar rápidamente con la guerrilla de izquierda, y en sus primeros meses al frente del gobierno, rompió con el diálogo que había iniciado el ex presidente Andrés Pastrana con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y lanzó al ejército en una fuerte ofensiva militar.

Con el mismo estilo de las intervenciones militares norteamericanas, mostró filmaciones de aviones bombardeando campamentos y vehículos supuestamente de la guerrilla, aunque nunca pudo mostrar en el terreno el resultados de esos ataques, ya que el ejército no ingresaba después a las zonas bombardeadas.

En el último mes, al quedar empantanada su ofensiva militar y tras el fracaso del intento de restacar a varios secuestrados por la guerrilla, Uribe debió enfrentar el reclamo de amplios sectores de la sociedad colombiana, para que reinicie un diálogo con los grupos insurgentes. Las FARC tomaron la iniciativa en ese sentido y nombraron a tres de sus comandantes como voceros para un eventual diálogo. También designaron un "gobierno en la sombra" al considerar que Uribe ha fracasado.

Uribe por su parte, presentó un proyecto de ley para amnistiar a los guerrilleros y paramilitares que se desmovilicen, ofreciendo impunidad para cualquier tipo de delito. Al mismo tiempo, impulsa en el Congreso una ley para habilitar al ejército a ejercer funciones de policía judicial, allanar y detener personas sin orden judicial previa.

Mientras el gobierno se niega a establecer un diálogo formal con la guerrilla de izquierda, abre un diálogo con los grupos paramilitares de extrema derecha, responsables, según las oganizaciones de defensa de los derechos humanos, del 80% de los crímenes.