escribe Ricardo Daher

A 18 años de la recuperación de las instituciones democráticas en Uruguay, ningún militar o civil fue procesado por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, salvo la excepción, aún no concluida, del ex canciller, Juan Carlos Blanco que pasó 193 días en una cárcel para prilegiados. Un 20 de mayo de 1976, eran asesinados en Buenos Aires, el senador Zelmar Michelini, el diputado Héctor Gutiérrez Ruíz, y otros militantes de izquierda. En los últimos años, en esa fecha se concentran las actividades por reclamo de verdad justicia.

Los dirigentes políticos de los partidos tradicionales, que se han turnado en el gobierno desde entonces, han hallado la expresión "salida a la uruguaya", para justificar su inoperancia en la búsqueda de la verdad y la justicia. En realidad, se pretende institucionalizar un pacto -nunca escrito se dice- entre políticos y militares concretado cuando se negociaba la salida democrática a la dictadura en 1984, y que incluía el"borrón y cuenta nueva" para todos los crímenes de los militares.

A excepción de los países vecinos que también sufrieron dictaduras, Uruguay no inició ningún proceso para conocer el destino de los detenidos desaparecidos, y adjudicar responsabilidades a los crímenes de lesa humanidad cometidos entonces. La amnistía a la presos políticos de la dictadura, en marzo de 1985, motivó la aprobación de una ley, denominada "de caducidad de la pretención punitiva del Estado", que amnistiaba de hecho a los crímenes de los militares. La redacción de la ley dejaba abierta la interpretación de que los civiles involucrados en esos crímenes podían ser objetos de la Justicia, y otro artículo comprometía al Estado a investigar algunos crímenes, las desapariciones y el secuestro de niños.

Sin embargo, siempre "a la uruguaya", los dos gobiernos de Julio María Sanguinetti (1985-90 y 1995-2000) y de Luis Alberto Lacalle (1990-95) ignoraron la obligación de investigar, o dieron por cumplida la ley, cuando un fiscal militar interrogó a sus pares en 1985, y admitió como verdad las declaraciones de los mismos cuando decían que nada sabían.

El discurso de asunción del presidente Jorge Batlle, en marzo de 2000, sobre la necesidad de "alcanzar el estado del alma" y encontrar respuesta al reclamo de los familiares de detenidos desaparecidos, alentó la posibilidad de encontrar verdad y justicia.

Ese mismo año se creó la Comisión para la Paz con el objetivo de recoger información sobre los casos de desapariciones. A diferencia de las comisiones de la Verdad en Argentina y Chile, la Comisión para la Paz no tuvo potestades investigativas y solo se limitaba a solicitar y recopilar información.

Tras dos años de trabajo, la comisión logró avanzar en conocer el destino de varios casos, reconociendo que fueron muertos en la tortura en dependencias militares o policiales, pero no pudo ubicar sus cuerpos.
Decenas de casos quedaron sin respuesta, pero pese a ello, el presidente Batlle, pretendió dar por concluida las investigaciones, asumiendo el trabajo de la comisión como "la verdad oficial" y la clausura de toda investigación.

El decreto presidencial fue cuestionado por los familiares de detenidos desaparecidos y no ha sido admitido como prueba en los pocos casos que la Justicia lleva adelante sobre algunos de los crímenes cometidos por la dictadura.

Salvo contadas excepciones, la Justicia ha estado renuente en investigar los crímenes de los militares y de los civiles que los acompañaron en el proceso, pese a las múltiples denuncias públicas que incluían los nombres de los participantes. La Justicia uruguaya se ha caracterizado por su escasa iniciativa a la hora de actuar "de oficio", ya sea en estos crímenes como en los casos de corrupción de políticos.

El caso más avanzado, y el único en que se ha dictado la prisión, es el procesamiento del ex ministro de relaciones exteriores durante la dictadura, Juan Carlos Blanco, por su participación en una reunión en que se decidía la suerte de la maestra Elena Quinteros, secuestrada de los jardines de la embajada de Venezuela en Montevideo, en 1976 y desaparecida desde entonces.

También existen denuncias contra el ex presidente Juan María Bordaberry, por su papel en el golpe de estado en junio de 1973, y por el asesinato de 8 militantes comunistas en abril de 1972. Hace poco fue reabierta la investigación sobre el asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruíz en Buenos Aires en mayo de 1976, y se inició un proceso por el asesinato de la nuera del poeta argentino Juan Gelman, ocurrido en Montevideo, después que la joven fue trasladada desde Buenos Aires. Su hija nacida en cautiverio, fue entregada a la familia de un alto jerarca policial.

La "salida a la uruguaya" está diseñada para asegurar la impunidad de los militares, y ahora se pretende, desde el gobierno, ampliar esa protección a los civiles que los acompañaron. Un proyecto de ley en ese sentido ya ha sido presentado en el parlamento, y aunque el mismo no se constituya en ley, ya es una presión en ese sentido sobre los jueces que se atrevan a avanzar en sus investigaciones.