escribe Ricardo Daher

Los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, después del trabajo de una Comisión Investigadora en el Parlamento, de la conclusión de los trabajos de dos años de la Comisión para la Paz y de denuncias de nombres de participantes en ese operativo, el crimen continúa impune. La reciente conclusión de los trabajos de la Comisión para la Paz, y el decreto presidencial que pretende dar punto final a la investigación sobre los desaparecidos y los crímenes de la dictadura militar, no avanzó en la investigación de esos crímenes que golpearon la consciencia de todos. Por eso, cada 20 de mayo, los uruguayos vuelven a marchar e reclama de verdad y justicia.

El asesinato de los parlamentarios uruguayos en Buenos Aires, el 20 de mayo de 1976, junto a otros militantes de partidos de izquierda, el secuestro por comandos militares de otras personas, aún desaparecidas, se inscriben en un proceso de definiciones dentro de las cúpulas militares rioplatenses que entonces enfrentaban el reclamo de retorno a la democracia.

El 24 de marzo de ese año, los militares argentinos asumieron el poder de hecho, a través de un golpe de Estado. En las costas del Río de la Plata comienzan a ser encontrados cadáveres sin identificar, con marcas de torturas y violaciones. Sólo entre el 22 de abril y el 28 de mayo fueron hallados 14 cadáveres en las costas, 12 del lado uruguayo.

En Uruguay, los mandos militares y la cúpula civil que los acompañaba en el gobierno comenzaban a definir qué pasos iban a dar para responder a la obligación constitucional de convocar a elecciones nacionales en noviembre de ese año, y entregar la presidencia el primero de marzo de 1977.

La discusión, que un año más tarde provocaría la destitución del presidente Juan María Bordaberry, transcurría también con negociaciones secretas entre algunos representantes del gobierno y de los partidos políticos tradicionales, y el reclamo público de que esos partidos comenzaran a funcionar legalmente.

El 18 de mayo, Día del Ejército, el mismo día en que en Buenos Aires eran secuestrados Michelini, Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo, William Withelaw Blanco y Manuel Liberof, el general Julio César Vadora reiteraba la prohibición a funcionar a los partidos políticos.

En la inauguración de la nueva sede del Comando del Ejército y del Estado Mayor, el general Julio César Vadora señaló: "Reafirmamos nuestra actitud de alerta frente a la sedición y reiteramos que las actividades partidarias deberán permanecer suspendidas, así como apartados del quehacer nacional los culpables del desquicio que reclamó la intervención de las Fuerzas Armadas".

El día anterior, el diario El Día reproducía un editorial de La Mañana, del 16 de mayo, en que se reclamaba el funcionamiento de los partidos políticos tradicionales.

Una semana antes, de visita en Bolivia, donde gobernaba dictatorialmente el general Hugo Banzer, el presidente Juan María Bordaberry descartaba cumplir con el plazo constitucional de llamar a elecciones nacionales en noviembre. Admitía que con la disolución del Parlamento, el 27 de junio de 1973, había roto con la legitimidad de su mandato, obtenido en las elecciones de noviembre de 1971, pero sostenía que entonces había nacido "otra legitimidad" y que ésta carecía de plazos.

Años más tarde, en declaraciones a la Comisión Investigadora del Parlamento, quien fuera ministro de Economía de la dictadura, Alejandro Végh Villegas, explicaba que en esos primeros meses de 1976 se había encontrado en más de una oportunidad con los políticos uruguayos refugiados en Buenos Aires, para sondear una salida política.

El 9 de mayo, el ministro se había encontrado con Wilson Ferreira Aldunate, el líder blanco exiliado en Buenos Aires.. Estas conversaciones no continuaron después de los asesinatos, y el mismo Végh Villegas consideró que los crímenes impidieron el desarrollo de las conversaciones. En la Comisión Investigadora señaló que los militares más opuestos a estas conversaciones, eran los generales Amauri Prantl, Esteban Cristi e Iván Paulós.

Asesinatos, secuestros y robos

Los crímenes de los políticos uruguayos en Buenos Aires fueron acompañados del secuestro de niños, el robo de dinero y pertenencias personales de los secuestrados.

En la madrugada del 18 de mayo, además de Michelini y Gutiérrez Ruiz, fueron detenidos, por personas armadas que se identificaron como integrantes de organismos de seguridad argentinos, Rosario Barredo y sus tres hijos, Gabriel de 4 años, María Victoria de un año y medio, y Máximo de dos meses de edad, William Withelaw Blanco y Manuel Liberof. El ex senador y ex candidato a la Presidencia por el Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate, alertado por la esposa de Gutiérrez Ruiz, que escuchó que los comandos iban a detenerlo, logró huir.

Seis hombres armados se presentaron en el apartamento de Gutiérrez Ruiz, en Posadas 1011, y después de detenerlo, también se robaron todo lo de valor que encontraron en la residencia, cargando 7 maletas que había en el lugar. El custodia policial del agregado militar de la embajada de Brasil, que vivía en el mismo edificio, intentó intervenir en el operativo, pero fue advertido de que se trataba de un "operativo conjunto de la policía y el ejército". En una carta pública de Ferreira Aldunate al entonces dictador de Argentina, Rafael Videla se señala que pese a la alarma del operativo en la vecindad, "nadie acudió desde las nutridas custodias de las embajadas de Brasil, Francia, Rumania e Israel, situadas en la proximidad inmediata". El operativo duró una hora aproximadamente.

Dos horas más tarde secuestraban a Zelmar Michelini, que entonces trabajaba como editor de las páginas internacionales del diario "La Opinión". Fue secuestrado de su habitación en el hotel Liberty, Corrientes casi Florida, el martes 18 de mayo en la madrugada. Unos 15 hombres armados, que arribaron en tres vehículos y anunciaron ser integrantes de los servicios de seguridad argentinos, lo detuvieron delante de dos de sus hijos. Además de revisar el lugar, cargaron pertenencias personales en las fundas de almohadas, y se llevaron entre otras cosas la máquina de escribir, binoculares, una grabadora, carpetas de artículos periodísticos, correspondencia, artículos de valor, y 100 dólares en efectivo.

Ese mismo día, el director del diario "La Opinión", Jacobo Timerman, reclamó de las autoridades argentinas una rápida investigación de los hechos y la pronta aparición de los políticos uruguayos.

El 20 de mayo en la noche, durante una recepción, el ministro de Defensa argentino, José María Klix, confesó ante corresponsales extranjeros de prensa que "se trata de una operación uruguaya, todavía no sé si es oficial o no", reveló Ferreira Aldunate en su carta a Videla.

El viernes 21 de mayo, varios diarios recibieron llamadas telefónicas de supuestos integrantes del ERP que aseguraban haber ejecutado a los políticos uruguayos, por encargo del MLN-T. Ese mismo día, el ministro del Interior argentino, general Albano Harguindeguy, anunciaba que había ordenado una amplia investigación y confirmaba el secuestro de Manuel Liberof.

Con la censura vigente en Uruguay, los diarios publicaban textualmente los cables de las agencias de prensa, sin avanzar en la investigación de los hechos. El hallazgo de los cadáveres es conocido en Uruguay en la noche del sábado 22 de mayo, por un comunicado de la policía federal argentina. El domingo, "El Diario" titulaba "Habrían sido asesinados por el ERP, Michelini y Gutiérrez Ruiz".

Reproducía un comunicado de la Policía Federal Argentina del viernes 21 en la noche en que señalaba: "En el día de ayer, siendo las 21.20 horas, en la intersección de las avenidas Perito Moreno y Dellapiane, fue hallado un vehículo marca Torino, coupé rojo, abandonado. En el interior del mismo se encontraba el cadáver de una persona del sexo masculino e inspeccionando el baúl del mismo rodado, se hallaron otros tres cadáveres, uno del sexo femenino y dos del sexo masculino".

El comunicado señalaba que en el vehículo se encontraban panfletos de una organización subversiva que se atribuía los "ajusticiamientos". Los cadáveres estaban maniatados y presentaban varios impactos de bala. Las víctimas eran Michelini, Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Withelaw. Liberof permanece aún desaparecido. La acusación de que el ERP había efectuado el operativo nació el mismo día de sus secuestros, y el desmentido de esa organización sólo se dio a conocer el 23 de mayo.

Las jerarquías militares uruguayas intentaban frenar el impacto de los hechos e insistían en sus comunicados, sobre el carácter de "subversivos" de los asesinados.

El 25 de mayo, las Fuerzas Conjuntas emiten un nuevo comunicado en el que expresan que el 7 de setiembre de 1973, Héctor Gutiérrez Ruiz fue requerido por la Justicia como "sedicioso con el Nº 781", y añadía que "se cursa el presente comunicado a los efectos de anular la mencionada requisitoria y evitar que ciudadanos incautos enfoquen el suceso como si se tratara de un militante del Partido Nacional".

En la misma línea de las autoridades uruguayas, dos días más tarde, la embajada argentina en Montevideo, a cargo de Guillermo de la Plaza, emitía un comunicado en que prometía investigar los hechos y los atribuía a "la acción de la subversión que agrede al pueblo argentino".

El 29 de mayo, Wilson Ferreira Aldunate, acompañado de su hijo Juan Raúl, abandonaba la sede diplomática de Austria en Buenos Aires para refugiarse en Europa. Antes daba a conocer una dura carta pública destinada al general Rafael Videla, en la que acusaba a los militares uruguayos por los crímenes.

Un nombre tras el gatillo

En mayo de 1996, al cumplirse 20 años del crimen, surge a la luz pública un testimonio ya brindado en la Comisión Investigadora del Parlamento, en que se acusa a un capitán del ejército.

Haydée Trías compareció en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, para reafirmar declaraciones públicas que involucraban a un militar retirado en el asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz.

Según Trías, el militar, que identificó como "el capitán Mattos", en una reunión en la que también estaba Juliana de Sarro, confesó en 1976 haber asesinado a Michelini en Buenos Aires por una suma aproximada a los 20.000 dólares.

De Sarro era madrina de la hija de Trías y estaba involucrada emocionalmente con Mattos. Además, ambas conocían a varios militares. "En aquel tiempo eran un coronel y un capitán, y sabía que había del Esmaco (Estado Mayor Conjunto), pero me entero que había gente hasta de la CIA y algo así como mercenarios", según consta en el acta de la comisión de Derechos Humanos de Diputados.

Según esta versión de los hechos el capitán Mattos fue uno de los militares uruguayos que viajaron a Buenos Aires con el encargo específico de secuestrar y asesinar a Michelini y Gutiérrez Ruiz. Versiones posteriores confirmaron que hubo participación conjunta de argentinos y uruguayos y, según fuentes militares, la denominada banda de Aníbal Gordon tuvo un papel destacado en el operativo. En su testimonio de 1996, Trías sostuvo que sólo ratificaba lo que ya había denunciado en la Comisión Investigadora del Parlamento diez años antes. No obstante, hizo una salvedad en cuanto al nombre del militar: "El nombre de él es Pedro Mattos, capitán de Coraceros. En este momento es capitán", dijo entonces la enfermera. Entonces, su testimonio permaneció en secreto y sólo era identificada por sus iniciales.