escribe Ruth Herrera Montoya

El gobierno de Nicaragua presionado por las instituciones internacionales (FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo) hace dos años inició planes para privatizar las plantas hidroeléctricas de Nicaragua (Empresa Hidrogesa- GEOSA) y la distribución del agua potable (ENACAL) empezando por los departamentos de Chinandega, León, Matagalpa y Jinotega y continuando con Managua. La estrategia es privatizar éste vital líquido elemento utilizando el eufemismo de contrato de operación y administración o consultoría de administración, etc.

La Red Nacional de Nicaragua en Defensa de los Consumidores denunció públicamente el 17 de julio de 2002 los planes del gobierno para solicitar propuestas de compañías extranjeras para las cuatro plantas de ENACAL precitadas. La Red Nacional de Nicaragua en Defensa de los Consumidores convocó una demostración en contra de la privatización del agua que fue bienvenida en muchos sectores que se habían pronunciado en contra de la privatización.

Desde comienzos del año 2002 la Red Nacional de Nicaragua en Defensa de los Consumidores ha denunciado la privatización de las plantas hidroeléctricas y demandado que la generación de energía de bajo costo se mantenga en manos del Estado, porque la privatización se traduce en costos más altos y tarifas más altas para el consumidor, en el impedimento del uso del agua a los productores en economía de subsistencia (agricultores, irrigadores, pescadores), así como en grandes daños ambientales. Además, la licitación de Hidrogesa se hizo a menos de la tercera parte de su valor real en condiciones totalmente perjudiciales para el Estado.

Debido a la presión y protestas generalizadas del público, en setiembre, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la Ley 440 que suspendía la privatización del agua y creaba un obstáculo para los planes de venta de Hidrogesa y ENACAL. Además el Contralor General de Nicaragua ha anulado la licitación de Hidrogesa debido a presuntas corrupción e irregularidades que han rodeado el proceso.

El presidente Bolaños de Nicaragua ha solicitado el veto de la Ley 440 de la Asamblea Nacional a efecto de darle luz verde a la venta de las plantas hidroeléctricas. A efecto de conservar el agua, que es vida, y en apoyo al pueblo de Nicaragua, este veto no debe prosperar y debiera denunciarse por su complicidad con los planes del FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para hundir nuestra nación en una pobreza mayor.

Teniendo en consideración todo lo anterior, uno debe preguntarse ¿a cuál es el Estado de derecho al que se refieren instituciones tales como el FMI, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, cuando se atropellan las leyes de nuestro país para imponer la ley de la selva, la de ellos, la del capitalismo salvaje? Nuestro llamamiento es para no privatizar ni el agua ni las plantas hidroeléctricas. El préstamo del FMI junto con las condiciones de privatización se debe DENUNCIAR CON TODA ENERGÍA ante el mundo, de manera que todos conozcan los procedimientos con los que dichas instituciones dizque ayudan al tercer mundo. Siembran las semillas de las tormentas y luego no pueden entender de dónde viene el tornado. En Nicaragua las propuestas para privatizar el agua y las plantas hidroeléctricas constituyen un tema muy delicado que no sorprende que genere mucha resistencia. Estas instituciones (tales como el FMI) le dan tal salto olímpico a las leyes de la Asamblea y la Constitución que uno tiene que preguntarse ¿hay algo que respeten estas instituciones?.