El grupo de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos destacó el trabajo realizado por la Comisión para la Paz, pero al mismo tiempo reclamó continuar con las investigaciones de los asesinatos de Héctor Gutiérrez Ruíz y Zelmar Michelini, y el castigo para los responsables de las desapariciones, señalando que la impunidad jurídica debilita el valor de la legalidad democrática, pero la impunidad como discurso oficial degrada moralmente a la sociedad.

En una declaración dada a conocer al otro día de hacerse público el informe de la Comisión para la Paz, presentado como un iforme oficial por el presidente de la república, Jorge Batlle, los familiares de detenidos desaparecidos evaluaron los avances realizados.

Se destaca que sin facultades investigativas ni poder coercitivo, la Comisión para la Paz estableció lo ocurrido con algunos de los detenidos desaparecidos y avanzó en la ubicación e identificación en territorio argentino de los restos de varios de ellos.

En definitiva, se reconoce la responsabilidad del Estado como tal en la detención y desaparición de nuestros familiares y en la instrumentación de una práctica sistemática de violación de los derechos humanos por parte de la dictadura cívico-militar que ejerció el Poder del Estado entre 1973 y 1984.

Familiares señalan que se probó la coordinación represiva entre los gobiernos militares de la región y destaca que aunque no utiliza el término de terrorismo de estado, denuncia su práctica.

Como hemos denunciado desde hace casi 30 años, apoyados en múltiples y coincidentes testimonios, las Fuerzas Armadas realizaron traslados ilegales, intercambio de prisioneros, tráfico de niños y vuelos de la muerte, delitos cometidos con total impunidad por los gobiernos de Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Bolivia. La confirmación de nuestras denuncias demuestra que cuando pedíamos la verdad no teníamos ojos en la nuca, sino el afán de contribuir a que el Uruguay del futuro se construyese sobre la base de una revisión crítica, honesta y por ello ejemplarizante, del pasado reciente.

Sobre la falta de colaboración de policías y militares en el trabajo de la Comisión, familiares destaca que queda entonces en evidencia que institucionalmente los militares y policías, amparados en la impunidad, persisten en mantener el silencio de todos estos años, lo cual presupone de facto una voluntad tácita de continuar el crimen.

Familiares cuestiona la versión, no avalada por la Comisión para la Paz, sobre el destino de los restos de los detenidos desaparecidos. Según ella, nuestros familiares fueron perseguidos, detenidos, torturados, asesinados, desaparecidos, enterrados, desenterrados, vueltos a enterrar, desenterrados, incinerados, y sus cenizas tiradas al mar, es decir, vueltos a desaparecer. La última etapa de este plan perverso habría comenzado a consumarse a fines de 1984, cuando el país salía de la dictadura cívico militar.

En ese sentido destacan que debieron existir responsables políticos de esa decisión por lo que reclaman que se actúe judicialmente para desmentir o actuar en consecuencia si ese fue el destino final.

Por otra parte, familiares cuestiona algunas de las recomensaciones de la Comisión para la Paz.

En primer lugar solicitamos que se constituya en el país una Institución Nacional de Derechos Humanos a partir de la cual se promuevan y defiendan todos los Derechos Humanos y en la que, a un tiempo que se preserva la información documental que ha resultado del trabajo de la Comisión, se de lugar a la continuidad del mismo, en aquellos casos en que falta aún información.

Aspiramos asimismo, ahora que se ha roto la cultura del silencio, a que el estado asuma plenamente la responsabilidad que le compete en la educación en derechos humanos, tanto hacia el interior de las fuerzas armadas y de seguridad, como en el conjunto de las áreas de acción del Estado, especialmente a nivel de educación pública.

También reclaman cotinuar con la investigación del asesinato de la nuera del poeta Juan Gelman, secuestrada en Buenos Aires y asesinada en Montevideo, asi como el esclarecimiento de los los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutierrez Ruiz.

Recuerdan que han perseguido por años la búsqueda de la verdad como forma de reivindicar la dignidad personal de nuestros familiares, pero la búsqueda de la verdad también como valor moral.

La impunidad jurídica debilita el valor de la legalidad democrática, pero la impunidad como discurso oficial degrada moralmente a la sociedad, porque para ponerla en práctica es necesario no sólo no castigar a los responsables de atroces violaciones a los derechos humanos, sino además falsificar -como falsificaron- la realidad, para encubrir y a veces hasta justificar sus prácticas inhumanas.

La Asociación de Familiares sostiene que el informe de la Comisión para la Paz no representa un punto final, sino que, como decía Perico, es un punto de reinicio en el esclarecimiento de nuestro pasado reciente.