Con severos cuestionamientos a los militares y civiles que estuvieron al mando del país durante la dictadura -por haber violado los derechos humanos- y señalando que un número importante de personas fueron enterradas en dependencias militares y luego cremadas y arrojadas al mar, la Comisión para la Paz presentó su informe final que recopila la información recogida al cabo de 31 meses ininterrumpidos de labor para aclarar el destino de los detenidos-desaparecidos durante el gobierno de facto.

El extenso documento de 32 páginas y 14 anexos, fue entregado al presidente Jorge Batlle y al vice-presidente Luis Hierro, y contiene la firma de los seis integrantes del grupo: Nicolás Cotugno, Jorge Osorio, Gonzalo Fernández, José DElía, José Claudio Williman y Carlos Ramela.

En un mensaje a la población, el presidente Batlle destacó que el trabajo del grupo es la versión oficial sobre la situación de los desaparecidos y anunció una serie de resoluciones administrativas, proyectos de ley y comunicaciones a los poderes del Estado.

En el documento, se plantean valoraciones respecto al rol del Estado en defensa de los derechos humanos, se realiza una serie de sugerencias que van desde la declaración de ausencia de desaparición forzada, a la enseñanza de los valores democráticos, y sistematiza la información recabada en cada caso de los desaparecidos.

El informe se refiere a las más de 170 denuncias de uruguayos desaparecidos en Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Bolivia y Colombia. Respecto a los desaparecidos en nuestro país, considera confirmadas 26 denuncias, ya que existen elementos de convicción coincidentes y relevantes que permiten asumir que las personas (...) fueron sometidas a apremios físicos y torturas en centros clandestinos de detención y fallecieron, en definitiva, sea como consecuencia de los castigos recibidos -en la enorme mayoría de los casos- o como consecuencia directa de actos y acciones tendientes a provocar su muerte en algún caso excepcional.

Agrega que no es posible confirmar un caso (el de Urano Miranda) debido a que existe información trascendente pero no suficiente a esos efectos.

Asimismo, sostiene que no es posible confirmar o descartar una denuncia (Ever Rodríguez Sanabria), debido a la poca información con la que se cuenta. Por último, considera descartadas cuatro denuncias porque no se accedió hasta la fecha a información o evidencia, que vincule el destino de las personas desaparecidas con el tema de la Comisión. Entre ellos figura Olivar Sena, persona que según el Servicio de Paz y Justicia, que realizó su propia investigación, desapareció por la dictadura.

Asesinatos

El informe aclara que de los antecedentes de las personas fallecidas hay evidencia de que la enorme mayoría de ellas no participaba en forma directa en actos de violencia ni integraban organizaciones subversivas. La fecha de sus muertes pone de manifiesto, por su parte, que la mayoría de ellas se verificaron después que la sedición había sido desarticulada y derrotada y cuando sus integrantes se hallaban detenidos en establecimientos de reclusión.

En cuanto a Argentina, la Comisión dice que pudo obtener conclusiones que demuestran la detención clandestina de numerosos ciudadanos uruguayos en territorio argentino y su desaparición forzada y fallecimiento como consecuencia de torturas y/o ejecución, a partir de procedimientos donde existieron, en algunos casos acciones represivas con distinto grado de coordinación y colaboración entre fuerzas de ambos países.

Respecto a la situación en Argentina, concluye que fueron confirmadas 13 denuncias de personas que fallecieron y fueron sepultadas en cementerios de la provincia de Buenos Aires. Considera confirmadas 42 denuncias -sin el respaldo objetivo y formal de los casos anteriores-, y estima que tienen una confirmación parcial otros 73 casos.

En tanto, en Chile se confirmaron parcialmente siete denuncias, en Paraguay, dos casos, en Brasil se descartó una, al igual que en Colombia, y en Bolivia se aclaró un caso.

En el informe final se incorporó un ítem que no figuraba en el preinforme presentado en octubre del año pasado: el de los restos de los desaparecidos en Uruguay. En este tema, la Comisión reconoce y señala que tal como lo consagra incluso el propio derecho consuetudinario de guerra, los familiares deben ser amparados en su derecho a tener una tumba donde honrar a sus seres queridos.

Destino de los restos

La Comisión informa que recibió de fuentes militares versiones e informes coincidentes sobre cuál habría sido, en términos generales, el destino de los restos de los desaparecidos cuyo fallecimiento ha sido confirmado. Se aclara que la Comisión no puede -ni debe- confirmar esa información y se limita simplemente a transmitirla en términos generales, destacando que los uruguayos merecen a esta altura -a juicio de este Cuerpo- una explicación más clara y contundente sobre el destino de los restos. El grupo explica que no pudo ubicar los restos de las personas desaparecidas, debido a la información recabada.

En tal sentido informa que, los restos de Abel Adán Ayala y Héctor Castagnetto da Rosa, habrían sido arrojados al mar en una zona cercana al Cerro de Montevideo.

Indica además que habrían sido enterrados en dependencias de las Fuerzas Armadas, las siguientes personas desaparecidas que murieron a partir de 1974 en Montevideo: José Arpino Vega, Carlos Arévalo Arispe, Luis Eduardo Arigón, Oscar Baliñas Arias, Ricardo Blanco Valiente, Eduardo Bleier Horovitz, Juan Manuel Brieba, Julio Castro Pérez, Julio Gerardo Correa, Ubagesner Chávez Sosa, Lorenzo Escudero Mattos, Luis Eduardo González González, Miguel Mato Fagian, Fernando Miranda, Otermín Montes de Oca, Félix Ortiz, Antonio Paitta, Eduardo Pérez Silveira, Elena Quinteros, Amelia Sanjurjo Casal, Juan Américo Soca y Oscar Tassino.

En cuanto a Horacio Gelos Bonilla, sostiene que sus restos habrían sido enterrados en una zona de bosques entre la Ruta Interbalnearia y la costa.

El informe dice que los restos de todas las personas desaparecidas que fallecieron a partir de 1973 -24 en total- habrían sido exhumados hacia fines del año 1984, incinerados o cremados mediante la utilización de calderas u hornos de fabricación informal alimentados con formas adicionales de combustión y arrojados finalmente al Río de la Plata, en una zona cercana al Barrio Paso de la Arena que ha sido ubicada y señalada con precisión. El paraje, deshabitado, está utilizado en jurisdicción de la Prefectura Nacional Naval, y es utilizado frecuentemente para práctica de tiro militar. La rocosa ensenada, de unos 150 metros de largo, habría sido el escenario elegido.

El grupo cuestiona a quienes gobernaron durante la dictadura. Sostiene que la Comisión ha formado convicción plena acerca de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el régimen de facto.

Desde la tortura, la detención ilegítima en centros clandestinos, hasta llegar a los casos más graves de desaparición forzada, se constata la actuación de agentes estatales que, en el ejercicio de su función pública, obraron al margen de la ley y empleando métodos represivos ilegales.

Sugerencias

En base a estas consideraciones, la Comisión para la Paz realiza en su informe una serie de sugerencias para generar una conciencia colectiva nacional que condene por igual toda forma de intolerancia y violencia y que procese un auténtico y definitivo NUNCA MAS entre todos los uruguayos.

Una primera sugerencia es crear una secretaría de seguimiento debido a los trámites que se deben realizar por los desaparecidos en Argentina.

Luego sugiere al presidente, que se promueva una iniciativa legal tendiente a crear la figura específica y propia de la Ausencia por Desaparición Forzada, declarable a través de un procedimiento sumario que admita, como prueba suficiente, las conclusiones de este Cuerpo.

También propone reparar patrimonialmente -en sede administrativa y por vía sumaria- los daños y perjuicios generados por la actuación ilegal de agentes del Estado, que beneficie a aquellas familias de personas fallecidas en nuestro país que no han cobrado a la fecha indemnización alguna por los hechos que se señalan en el informe.

Finalmente, la Comisión sugiere la promoción y fomento del estudio de esa etapa de la vida nacional y la vigencia de los valores humanos y su respeto, en todos los ámbitos de la enseñanza.

Asimismo, que se revean y actualicen las normas legales vigentes, de forma de contemplar delitos como tortura, delitos contra la humanidad, genocidio, desaparición forzada, y se ratifiquen y aprueben tratados, pactos y convenciones internacionales que se impulsan, como forma de mantener al país en la vanguardia de aquéllos que hacen del individuo y del respeto de sus derechos una prioridad básica y esencial.