MONTEVIDEO. Los uruguayos quedaron sorprendidos luego de conocerse aquí nuevos acuerdos ocultos firmados entre el gobierno del presidente Jorge Batlle y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que una vez más ponen sobre la mesa el tema de las privatizaciones.

De acuerdo con un documento anexo, que acompaña los compromisos firmados por el Ejecutivo y el organismo financiero internacional, la administración de Batlle se compromete a estimular la competencia en el sector de las telecomunicaciones a partir del próximo 31 de marzo.

El material contiene también los compromisos de la parte uruguaya de elaborar un expediente sobre estrategia, en el cual se dispondría de los activos remanentes de los bancos que tienen aquí sus actividades suspendidas, así como un reglamento para estimular la competencia en el sector petrolero.

En su cuadro dos, el material anexo adherido a la carta de Intención firmada por Montevideo y una misión del FMI, y, que tiene por denominación Acciones y puntos de referencia estructurales bajo el programa 2003, parece tirar por la borda el resultado del plebiscito de 1992, según comenta hoy el diario La República.

En esa ocasión, la ciudadanía rechazó por mayoría la privatización de los servicios telefónicos estatales concentrados en la empresa ANTEL, contrario a lo que quería la administración en ese entonces, bajo la presidencia de Luis Alberto Lacalle.

Según el material revelado, el gobierno también pactó con el organismo acreedor a reducir el personal en el banco Hipotecario del Uruguay (BHU), lo que pone en riesgo el empleo de más de 500 funcionarios de esa entidad.

Medios de prensa a lo largo y ancho del país reflejan este tema en sus principales titulares, mientras parlamentarios de izquierda continúan la solicitud sin éxito ante la administración a fin de que se informe como corresponde sobre todos los compromisos asumidos por el país con el FMI.