MONTEVIDEO. El diputado Felipe Michelini (Nuevo Espacio) solicitó la reapertura del expediente judicial relativo a los asesinatos de su padre, el senador Zelmar Michelini (Frente Amplio), y del diputado Héctor Gutiérrez Ruiz (Partido Nacional), ocurridos en la ciudad de Buenos Aires en 1976.

Ambos legisladores se habían exilado en Argentina tras el auto golpe del 27 de junio de 1973 del presidente Juan María Bordaberry (Partido Colorado), que derivara luego en la dictadura cívico-militar que asoló el país durante los siguientes diez años. Según todos los indicios, Michelini y Gutiérrez Ruiz fueron secuestrados y asesinados por paramilitares uruguayos y argentinos en el marco del Plan Cóndor.

El expediente judicial que investigaba sus muertes había sido abierto en 1985, pero en 1986 el expediente fue clausurado sin perjuicio (es decir, archivado), ya que el Poder Ejecutivo de la época, presidido por Julio Sanguinetti (Partido Colorado) entendió que el caso estaba abarcado por la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Dicha Ley, también conocida como Ley de Impunidad impide juzgar a los policías y militares que violaron los derechos humanos durante el período dictatorial. Sin embargo, los civiles están expresamente excluídos de esa inusual amnistía previa, y hay suficientes elementos como para sospechar que varios de ellos fueron los autores intelectuales del crimen.

Días pasados, pues, Felipe Michelini se reunió con el Fiscal de Corte, Oscar Peri Valdéz, y éste dio lugar a que planteara la reapertura del caso ante el juez penal Roberto Timbal, quién inmediatamente libró oficios solicitando información sobre el caso a los ministerios del Interior y de Defensa Nacional, al gobierno de Estados Unidos, a la justicia argentina y al Parlamento uruguayo. Entre la información solicitada se encuentran las actas del Consejo de Seguridad Nacional (organismo cívico-militar que funcionaba durante la dictadura) , en una de cuyas reuniones se habría votado el asesinato de Michelini y de Gutiérrez Ruiz.

Al gobierno de los Estados Unidos se le solicitaron los documentos relativos al caso desclasificados recientemente por sus diferentes dependencias estatales. Al Poder Legislativo uruguayo se le solicitaron las actas de la Comisión Investigadora sobre el Secuestro y Asesinatos Perpetrados contra los ex legisladores Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini, que en su momento fueron enviadas a la Suprema Corte de Justicia y después se traspapelaron.

Al cumplirse el 20 de mayo pasado un nuevo aniversario de los cuatro asesinatos (junto con Michelini y Gutiérrez Ruiz ese día fueron asesinados también Rosario Barredo y William Withelaw), el semanario Brecha, publicó un informe del periodista Samuel Blixen en el que reveló que en la Comisión Investigadora Parlamentaria que estudió el caso en 1985, se recogieron testimonios que hacían referencia a una reunión del Cosena donde se votó sobre qué hacer con los cuatro uruguayos. Fue una reunión similar a ésta la que decretó la muerte de la maestra Elena Quinteros en ese mismo año.

El artículo de Blixen indicaba que esos testimonios colocaban al entonces presidente Juan María Bordaberry, el ministro del interior general Hugo Linares Brum, el ministro de Defensa, doctor Walter Ravena, el comandante del Ejército, general Julio César Vadora, el comandante de la Armada, vicealmirante Víctor González Ibargoyen y el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Dante Paladini, en la reunión donde se decidió la suerte de Michelini y Gutiérrez Ruiz, y sólo Bordaberry y Paladini se negaron al asesinato. El ex senador Juan Raúl Ferreira (Partido Nacional), contó al respecto al diario La República que su padre, Wilson Ferreira Aldunate (cuyo asesinato también habría sido ordenado en aquella reunión pero no pudo concretarse pues logró huir a tiempo) decía que aquél partido lo perdimos 4 a 2...

En las actas de la Comisión Investigadora Parlamentaria de 1985, consta el testimonio del embajador uruguayo en Argentina en 1976, Gustavo Magariños, quién relató que 12 días antes de los asesinatos, los cancilleres César Guzzeti de argentina y Juan Carlos Blanco de Uruguay, tuvieron una reunión secreta en una embarcación en travesía por el delta del Río Paraná, parte de cuyo contenido no le fue autorizado a escuchar, dado su carácter de reservado. Puestas así las cosas, los caminos de la investigación de estos crímenes vuelven a confluir en el ex canciller Juan Carlos Blanco, quien en estos momentos está siendo procesado con prisión por la desaparición de la maestra Elena Quinteros