MONTEVIDEO. Más de 200.000 uruguayos, de un total de poco más de 3 millones, viven en asentamientos irregulares, en un fenómeno que según diversos actores sociales se agravó durante el último año de crisis y que, de acuerdo al Ministerio de Vivienda, puede seguir empeorando y alcanzar al 10% de la población en 2005. Un estudio del Instituto Nacional de Estadistica (INE) realizado en 1998 estimó que entonces había 151.541 personas viviendo en asentamientos irregulares en Uruguay, sobre una población total de 3.360.000 habitantes.

El documento definió a los asentamientos como «agrupamientos de más de cuatro viviendas, ubicados en terrenos públicos y privados que se construyen sin autorización del propietario en condiciones formalmente irregulares». Cuatro años más tarde, en 2002, el director nacional de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda, Hermann Leis, dijo a la AFP que ahora más de 200.000 personas viven en asentamientos en Uruguay. El jerarca había afirmado en junio que «en el año 2005, de continuarse la tendencia, serían más de 300.000 los uruguayos viviendo en asentamientos», al presentar un estudio sobre el tema ante la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. «Las proyecciones son bien claras: de no dar solución a esto, se volverá inmanejable. Estamos cerca del punto de retroceso imposible», aseguró en la reunión, según la versión taquigráfica.

La arquitecta Cecilia Lombardo, investigadora del Instituto de Teoría y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, afirmó que «existe una gran heterogeneidad en los tipos de asentamientos, desde algunos muy organizados para dividir el terreno, construir e intentar acceder a servicios básicos, hasta otros que son caóticos conjuntos de ranchos de lata, cartón y nylon». Estos últimos conforman lo que en Uruguay se conoce comúnmente como «cantegriles», en irónica alusión al Cantegril Country Club, un exclusivo club del balneario Punta del Este (140 km al este de Montevideo). «En los asentamientos es donde existe más problemática social, que se refleja en hacinamiento, madres adolescentes, jóvenes que ni trabajan ni estudian, menores niveles de enseñanza, y falta de acceso a servicios básicos como el saneamiento», dijo Lombardo. «Por otra parte, se está detectando que el empobrecimiento de la clase media lleva a mucha gente de esos sectores a vivir en asentamientos, lo que se percibe en el traslado de pautas culturales de esa clase que contrastan con las pautas culturales de los sectores tradicionalmente deprimidos», agregó.

Su colega Jorge Di Paula, director de la Unidad de Vivienda de la Facultad de Arquitectura, afirmó que actualmente los asentamientos son la principal forma de crecimiento urbano en Uruguay. «Obviamente es la forma en la que más creció la ciudad, ningún programa habitacional ha crecido a ese ritmo en los últimos 10 años», dijo. La socióloga Julia Elizalde, del gubernamental Programa de Normalización de Asentamientos Irregulares (PIAI), aseguró que el fenómeno crece a un ritmo de 10% anual, y definió a los habitantes de los asentamientos como pertenecientes al sector más pobre de la población. Quienes habitan en asentamientos están socialmente excluidos, tienen dificultades para acceder a servicios, alta desocupación y nula capacidad de obtener créditos o alquileres, y su situación «empeoró en este último año», dijo Elizalde. «Son pobres que están construyendo ciudad: definen urbanísticamente a la ciudad», agregó. Para estas personas obtener comida «se transformó en una prioridad», sostuvo. «Eso hace dos años no tenía el peso que tiene ahora. La preocupación de algunas madres es que el niño sale el viernes de la escuela (donde es alimentado) y hasta el lunes tiene el problema de qué le va a dar de comer», explicó.