Cuando los militares se fueron a los cuarteles

Con el reestablecimiento del sistema democráticoinstitucional y el fin de la dictadura militar (1976-1983), el gobierno civil electo de Raúl Alfonsín (Unión Cívica Radical), dió inicio a uno de los procesos judiciales más complejos y sensibles de la historia del país, enjuiciar y condenar a las juntas militares por la sistemática violación a los derechos humanos, cuya maxima expresión la constituyen los 30.000 detenidos-desaparecidos: para la sociedad argentina, daños irreversibles en terminos humanos, sociales y culturales.

Las Leyes de Punto Final y de Obediencia Debida (abril de 1987), sancionadas por el mismo gobierno, frenaron este proceso y limitaron las responsabilidades. Aberraciones judiciales que dejaron impunes a muchos de los ejecutores y representantes del proceso militar. La crisis económica en el año 1989 y el proceso hiperinflacionario (poderoso instrumento de disciplinamiento social a los trabajadores), determinó y selló la suerte del gobierno. Los grandes organismos financieros (Fondo Monetario Internacional, Club de París, Banco Mundial) junto a fracciones de grandes capitalistas locales, deliberaron abiertamente en contra de ese primer gobierno de transición encabezado entonces por Alfonsín.

En ese contexto de crisis generalizada el Partido Justicialista (peronista), cuya principal figura Carlos Menem, (hoy acusado y procesado por venta ilegal de armas y cuentas bancarias en Suiza), asumió la presidencia e inició la operación política que exigían los organismos financieros internacionales y el gran capital local: generar las condiciones para la reestructuración capitalista. En materia de DDHH y en consecuencia con la gestión anterior, el nuevo presidente Carlos Menem Partido Justicialista) firma el decreto que deja en libertad a los integrantes de las Juntas Militares, quedando todo la organización del terrorismo de Estado en la impunidad. De acuerdo a investigaciones, se contabilizó la existencia de 340 centros clandestinos de prisioneros distribuídos en todo el país, lo que significaría y comprometería en este sistema de tortura y de asesinatos sistemáticos, a una red de no menos 100.000 personas miembros, entre activos y vinculados.

Sólo la condena moral y las persistentes acciones de los organismos de DDHH han mantenido vivo este reclamo de justicia. La única justicia, digna de sí misma que se conoce en la Argentina, arraigada en la memoria colectiva y con efecto perdurable, es el repudio público: militares y torturadores que son reconocidos en la calle, deben vivir con la censura moral de buena parte de la población, que se hace eco de la consigna popular "Olé, olé, olé, olá, como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar".

Durante años los militares han negado el caracter sistemático e institucional del aniquilamiento del amplio movimiento social transformador existente en los años 70. Trabajadores, estudiantes, intelectuales, religiosos, políticos y militantes revolucionarios fueron incluídos en la categorización "delictual-subversiva" que la dictadura construyó para legitimar y justificar la masiva matanza y la desaparición de miles de personas.

No obstante, la existencia de un enorme material, de diversas investigaciones, de la aparición a mediados de los años 90 de militares confesos, y últimamente la desclasificación de documentos por el Departamento de Estado estadounidense, corroboran la dimensión del plan de aniquilamiento físico de esta fuerza social revolucionaria que intentó evitar la destrucción capitalista de Argentina.
Paradójicamente, una vez más, se confirma también, el conocimiento, la intervención y complicidad de EEUU en el criminal accionar de la dictadura militar. ¿Qué procesos se estaban constituyendo mundialmente y regionalmente para que el EEUU indujera o realizara en Sudamérica una de las más grandes matanzas del último cuarto del siglo pasado? Obviamente en nombre de la "democracia y la libertad".

La crisis económica que afecta al capitalismo en los años 70 y su necesidad de reestructurar las relaciones capitalistas, y por otro lado, su contrapartida, la constitución de fuerzas sociales anticapitalistas e antimperialistas, explican por un lado, la búsqueda de reacomodar el modelo de acumulación; y por otro, la necesidad de imponer para viabilizar este proceso, apelar al instrumento militar. De este modo en un plano más general, desde los años 70 se hace presente y empieza a consolidarse un nuevo patrón de desarrollo capitalista que altera las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales de las sociedades a nivel mundial.

En la Argentina, esto sólo era posible con el aniquilamiento de los cuerpos y las relaciones sociales que se venían progresivamente constituyendo. Ahí la razón del uso y de la irrupción del actor militar en la política.

25 mil pobres por día

Una dimensión inobservable, ha mantenido una continuidad histórica desde la dictadura y muestra que la crisis actual se corresponde con un determinado modelo de acumulación económica y actores sociales intervenientes. Esta inobservabilidad, permitió que el juzgamiento se limitara a los militares y estuvieran ausentes de la sanción penal, un actor central, constitutivo y articulado del primer proceso: los organismos internacionales financieros (banca acreedora), sus representantes locales y los grandes grupos económicos consolidados durante la dictadura. La emergencia de una fracción de grandes capitalistas locales asociados a capitales financieros extranjeros, cuyo rol será imponer el nuevo modelo de acumulación. Fueron quienes aplaudieron las acciones y medidas implementadas por la dictadura, siendo ellos los beneficiarios directos, de la estatización de la deuda privada y de la apropiación de los beneficios, sin importarles sobre qué tragedia social y humana acumulaban su riqueza. La crisis actual, tiene su explicación en este proceso, dirigido y hegemonizado por esta alianza política y económica. Ejercieron también el terrorismo económico y provocaron la hiperinflacion en 1989 y en los años 90 fueron quienes consolidaron definitivamente el modelo neoliberal, y hablaban de que había "Argentina entrado al Primer Mundo". Algunos datos recientes son elocuentes en este sentido. Mientras en el país el endeudamiento externo-público y privado- en 1976 era de 5 mil millones de dolares, en el 2001 era de 150 mil millones de dolares. En el 2001 se fugaron del país 16.026 millones de dólares y el total acumulado de capitales privados que han salido de la economía argentina en los últimos 10 años se ubica entre los 106.356 y los 119.275 millones de dólares (según el informe de la comisión investigadora de Diputados sobre la fuga de divisas).

Los pobres constituyen hoy la mitad de la población, 18,5 millones; y la desocupación junto con la subocupación llega a más de 5 millones de personas. Entre enero y mayo del 2002 el número de pobres creció en 3,8 millones de personas, es decir, 25.000 al día. En este contexto de crisis social, el FMI reclama más ajuste, más desempleo, más privatizaciones, menos Estado socia; una universidad arancelada y elitista, y más garantías para los inversores (cosa que lograron con la suspensión de la Ley de Subversión Económica cuyo objetivo era procesar a los responsables de la crisis bancaria).

Experiencias sociales democráticas y participativas

Desde el inicio de la protesta social generalizada en diciembre del 2001 y la renuncia forzada del ex-presidente Fernando De La Rúa, la Argentina vive una de sus mayoresy más profunda crisis política, social y económica. La clase política, desprestigiada y condenada por la mayoría de la sociedad argentina, ha intentando instalar una serie de personajes públicos, cuya permanencia ha sido fugáz. El incremento de las huelgas obreras convocadas por las tres organizaciones sindicales, los persistentes reclamos de las organizaciones piqueteras, integradas por los sectores más pauperizados de la sociedad. Las asambleas barriales, verdaderas experiencia sociales y locales de la puesta en práctica de la democracia directa y participativa, los organismos estudiantiles y universitarios, configuran la conformación de un proceso de recuperación histórica hacia una organización popular y autónoma. La febril actividad de las asambleas barriales (que excede el reclamo de la liberación del Corralito) e interacción con las organizaciones de desocupados y piqueteros, son indicadores de esta articulación social y política. Miles de vecinos, hacen su primer experiencia política-organizativa y se apropian colectivamente de su barrio, espacios abandonados convertidos en comedores populares, centros culturales y clínicas comunitarias. Paralelamente se producen ocupaciones y tomas de fábricas (metalúrgicas, textiles, papeleras) quebradas y abandonadas por sus dueños, que los trabajadores reactivan y gestionan cooperativamente. Un no al miedo y la recuperación social del espacio público, la calle, constituyen elementos estructurantes de un activismo que va in crescendo y que también se expresa en las multitudinarias movilizaciones que se vienen realizando en el país: en el repudio al FMI y en el continuado reclamo popular de que "se vayan todos los políticos del sistema".

RUBÉN MARÍN es sociólogo. Se ha desempeñado como docente de la Universidad de Buenos Aires, estando vinculado además al movimiento villero en Capital Federal.