La investigación parlamentaria sobre las operaciones comerciales de ANCAP, tropezará con el curioso hecho de que quien asesoró legalmente al ente energético en las cuestionadas operaciones de asociación con la empresa Sol Petróleo en Argentina, fue el Estudio Jurídico Nahum Bergstein, encabezado por el legislador forista del mismo nombre.

La comisión investigadora tiene documentos que señalan que la Sociedad Financiera de Inversión (SAFI) creada para la nueva sociedad entre ANCAP y Sol Petróleo, tiene como sede el mismo domicilio del estudio jurídico que dirigen el legislador forista.

Así, la Cámara de Senadores entrará sin quererlo en otro debate paralelo: la participación de legisladores en el asesoramiento a las empresas públicas y la eventualidad de que éstos sean víctimas de presiones de empresas o que realicen lobbys para ellas.

El parlamento y el Tribunal de Cuentas, desconocen la totalidad de los negocios de ANCAP en el exterior. Sin embargo, el diputado forista, Nahum Bergstein, puede tener información relevante que aportar. El estudio jurídico Bergstein, del cual es titular, asesoró a ANCAP en sus negocios en el exterior, y a empresas extranjeras en asociación con la estatal uruguaya, y esa actividad fue señalada en la página web que publicita el estudio jurídico.

La página web se editaba en español hasta el pasado año, y en ella se destacaba el asesoramiento brindado al ente energético en sus negocios en el exterior. En este año, la página fue modificada y ahora sólo se edita en inglés. En esta nueva edición, los vínculos del Estudio Bergstein con ANCAP están relativizados aunque se señala que prestó asistencia a una empresa argentina en un joint venture con la empresa estatal de Uruguay.

Cuando ANCAP, bajo la presidencia del economista Eduardo Ache, concretó la compra de las acciones de Sol Petróleo, la operación más cuestionada debido a que se pagaron las acciones sobre evaluadas, el titular del estudio jurídico era senador del Foro Batllista, sector liderado por el entonces presidente de la república, Julio María Sanguinetti.

La página web del Estudio Bergstein, no oculta las actividades legislativas de su titular, sino que por el contrario, lo usa como un gancho publicitario. Y en la lista de actividades desarrolladas, figuran unas cuantas que pueden caer al límite de la constitucionalidad.

Por ejemplo, su participación en los negocios del Grupo Man y la distribuidora de azúcar Trazen, vinculadas al ex secretario de la presidente de Sanguinetti, Elías Bluth, que como se sabe contratan con el estado, la tarjeta Visa Internacional, que se vincula con el Banco República, o Gas de Francia, que recibió la concesión de la Compañía del Gas, hoy Gaseba. También se ofrece a clientes extranjeros a asesorarlos en las privatizaciones que realice el estado o en los llamados a licitación, o en iniciar inversiones en telefonía celular.

El artículo 124 de la Constitución establece que los legisladores no podrán, durante su mandato, Intervenir como directores, administradores o empleados en empresas que contraten obras o suministros con el Estado, los gobiernos departamentales, entes autónomos, servicios descentralizados o cualquier otro órgano público y tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la administración central, entes autónomos y servicios descentralizados. La inobservancia de lo preceptuado en este artículo importará la pérdida inmediata del cargo legislativo.

Los legisladores siempre se han movido con delicadeza a la hora de cuestionar actividades profesionales o comerciales de sus pares en actividad y que rocen la inconstitucionalidad en ese artículo, aunque otras veces han sido más severos con los legisladores que pierden sus bancas.