Mientras al mundo se le ha hecho creer de que con la derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la asunción a la presidencia de Vicente Fox la observancia de los derechos humanos ha mejorado en México, la realidad muestra que los asesinatos a campesinos indígenas por motivos sociales y políticos continúan con igual intensidad. En especial para los habitantes del estado de Oaxaca las desapariciones y masacres de personas son una dolorosa realidad cotidiana, donde el poder de los terratenientes, de caciques políticos locales y de los cuerpos represivos sigue viendo en los más pobres y en sus organizaciones comunitarias indígenas al enemigo, haciéndoles objeto de la vieja prepotencia y rapacidad económica, social y del odio racial.

El caso de María Estela García Ramírez, una joven mujer indígena de San Agustín Loxica, a cuyo marido el dirigente comunitario indígena Selerino Jiménez Almaráz lo torturan y asesinaron en abril de 1997 por mandato y con la participación directa del cacique priísta Lucio Esteban Vázquez por entonces presidente municipal de esa localidad, se ha vuelto emblemático. No menos, gracias a la lucha tenaz de esta mujer pequeña de estatura pero con una valentía envidiable que desde entonces no ha descansado para que se haga justicia y se juzgue a los responsables de ese crímen, pero además porque entendió con dolor que el crímen de su esposo no era un hecho aislado y que muchas familias indígenas mas viven situaciones similares que es necesario denunciar y defender.

Estela García se encuentra ahora en Europa para informar y denunciar la situación, representando a la Unión de Pueblos contra la Represión y la Militarización de la Región de Loxica constituída en 1996 por vientiséis comunidades indígenas del municipio de San Agustín Loxica, en cuya cabecera actuaban sujetos criminales al mando del citado Lucio Vázquez Ramírez hoy preso, acusado de ser autor del asesinato de su esposo y de muchos indígenas más. La Unión ha recibido el apoyo además de la Liga Mexicana por la Defensa de los DD.H.H. que les ha asesorado jurídicamente en la presentación de denuncias a nivel nacional e internacional, como la que efectuaron en su momento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Yo he venido hasta aquí para pedirle a la comunidad internacional que se pronuncie sobre lo que estamos sufriendo los pueblos indígenas, y para que sepa que en México no hay ninguna mejoría de los derechos humanos expresa Estela a Liberación en ocasión de una corta visita en Suecia organizada por el Grupo Tinku de Dinamarca.

Hoy Estela tiene 31 años. Pero en abril de 1997 era muy jovencita y estaba recién casada con Selerino Jiménez a quien su comunidad indígena lo respetaba y quería como un futuro líder natural, cuando una noche estando de visita en la casa de su mamá en la comunidad de Santa María Jalatengo, irrumpieron en la vivienda elementos enmascarados de la Policía Judicial del Estado de Oaxaca disparando por doquier y rompiendo todo, pegándoles a hombres y mujeres e hiriendo en un balazo en una pierna a su esposo y lastimando también a un hermano suyo. A Selerino se lo llevan detenido, apareciendo su cuerpo destrozado por torturas varios días después, donde Estela García finalmente lo encuentra en la morgue en Pochutla, luego de ser interrogada y de que le exijan el pago de dos mil pesos para poder llevarse el cadáver. Sola y desesperada no sabe que hacer, pero gracias a la ayuda de la gente humilde del mercado que hacen una colecta y le ayudan a transportar el cuerpo de Selerino, puede finalmente darle sepultura. La explicación que entregan las autoridades es que Selerino Jiménez había muerto en un enfrentamiento y que era «un guerrillero».

Estela no se rinde y permanece en Oaxaca para denunciar el crímen, donde encuentra a 40 indígenas más en su misma situación, a quienes también le habían asesinado a sus familiares. Junto a tres mujeres deciden entonces viajar a la capital y el 10 de junio de 1996 se instalan en El Zócalo para denunciar las masacres que se están produciendo en Oaxaca. A los poderosos de San Agustín Loxicha, en especial al citado asesino Lucio Vázquez les molestaba la acción comunitaria de Jiménez, quien se oponía a que tierras y bosques fueran usurpados por el expresidente municipal y sus compinches.

Oaxaca, el terror del Estado

Con el pretexto de que en ese Estado estaba operando una fuerza guerrillera del Ejército Popular Revolucionario; 138 personas habían sido detenidas, 250 tenían libradas en su contra órdenes de detención, 10 personas estaban desaparecidas (posteriormente aparecieron en las cárceles) y 40 habían sido asesinados, cuando el gobernador Diodoro Carrasco del PRI militariza la región a partir de agosto de 1996.

En ese Estado sureño limítrofe con el de Guerrero, Veracruz y Chiapas, rico en recursos naturales y donde las comunidades indígenas intentan mantener formas democráticas de gobierno para defender sus tierras y cultura, se organizan guardias blancas en estrecha conexión con terratenientes, políticos, policías judiciales y militares que desatan una represión que no ha cesado hasta hoy, aunque el actual gobernador sea José Murat del partido del presidente Fox.

Sin ir más lejos, pocas semanas antes de que Liberación mantuviera este encuentro con Estela García a fines de mayo, 26 campesinos fueron masacrados en el paraje Aguafría, municipio de Santiago Xochiltepec por una disputa por 4 mil hectáreas de tierras ricas en madera que el Tribunal Agrario les había concedido. Entre más de una docenas de detenidos acusados de la masacre se encontraban las propias autoridades municipales.

Muchas de las víctimas habían realizados con anterioridad denuncias de que eran objeto de amenazas, sin embargo sus advertencias fueron despreciadas por las autoridades.

De cuatro bases militares que cierran la región instaladas en 1996, aun quedan tres.

El año pasado ya la CIDH de la OEA hizo una petición dirigida a las autoridades mexicanas para que detuvieran a 16 policías involucrados directamente el operativo -no enfrentamiento- en el que el ex-alcalde de San Agustín Loxicha, Lucio Vázquez comandó y asesinó al esposo de Estela García, Selerino Jiménez Almaráz. Finalmente Vázquez ha sido juzgado y encarcelado, pero poderosos intereses protegen a este matón y usurpador de los bienes de los indígenas. La lucha de Estela y muchas familias afectadas no cesa, pese al terror institucional que aun campea en el país azteca contra los pueblos indígenas. Organizaciones como Unión de Pueblos contra la Represión y Militarización de la Región Loxicha, la Comisión Mexicana de Defensa y Promisión de los Derechos Humanos y muchas otras reclaman que la opinión pública internacional detenga estos crímenes de lesa humanidad, que en plena democracia siguen produciéndose en México.

Pepe Viñoles