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Blancos y colorados por orden del FMI masacraron la banca estatal El lunes amaneció otro Uruguay |
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MONTEVIDEO. En la madrugada del domingo el Senado sancionó la ley de creación del Fondo de Estabilidad del Sistema Bancario con la finalidad que el FMI liberara los US$ 1.500 millones y, corralito de por medio, se retome la actividad bancaria, aunque con las reglas de juego absolutamente cambiadas y desfavorables para los bancos estatales. Una vez definida, con la excepción de Asamblea Uruguay, la negativa del FA a la creación del Fondo, la izquierda contraatacó proponiendo se ventilen todos los movimientos financieros del Estado y de los bancos desde el 1º de enero a la fecha. Los partidos Nacional (Blancos) y Colorado sancionaron la normativa que en sus 14 artículos establece la versión uruguaya del «corralito» en forma exclusiva para la banca oficial en tanto que la internacional sería respaldada por sus casas matrices. El ministro de Economía Atchugarry concurrió a las comisiones integradas de Presupuesto y Hacienda de ambas cámaras en donde realizó un pormenorizado detalle de la ley y respondió a preguntas de los legisladores. Durante la reunión de trabajo, Atchugarry permaneció inamovible en lo relativo a modificar los términos del «corralito», un proyecto de costosa redacción con la inspiración fondo-monetarista. Bancada negativa. La bancada conjunta de Diputados y Senadores del Frente Amplio resolvió votar negativamente en general y en particular el articulado de la ley de congelamiento de cuentas bancarias en consonancia con lo resuelto por la Mesa Política. Los sectores Asamblea Uruguay, Alianza Progresista y Vertiente Artiguista plantearon la posibilidad de que el FA apoyara algunos de los artículos pese a lo cual en una segunda consideración se avinieron a la resolución mayoritaria que resultó unánime. Secreto bancario. A instancias del «Espacio 90» (Partido Socialista y Corriente Popular) la izquierda aprobó asimismo una moción que fue presentada como aditivo en la discusión en Cámara en la cual se establece el levantamiento del secreto bancario para las cuentas de funcionarios políticos de particular confianza, directores de entes autónomos, contratos de obra y gerentes de entidades financieras «con carácter retroactivo a enero del 2002». «Los bancos y entidades financieras que hayan operado entre el 1º de enero de 2002 a la fecha de promulgación de esta ley van a estar obligados a enviar a la Junta Asesora en Materia Económico-Financiera del Estado todos los movimientos de las cuentas mencionadas, retiros de fondos, movimientos de una cuenta a otra del mismo titular e ingresos de fondos a las mismas», señala el texto ultimado por la izquierda. Qué dice la Ley |
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