Edgard Muelle Góngora*

El Anteproyecto de la ley de Reforma de la Constitución, preparado por la Comisión de Constitución, Reglamento y Acusaciones Constitucionales, con aporte de especialistas y profesionales de diferentes disciplinas ya se encuentra en el Congreso de la República. El siguiente paso, antes de la aprobación del texto por el Pleno y posterior ratificación mediante Referéndum, es el debate correspondiente en todos los ámbitos de la sociedad peruana, ya sean profesionales, gremiales, universitarios, etc que permita la elaboración de una Carta Magna que sea el instrumento jurídico fundamental del desarrollo democrático e integral de nuestra patria.

El Perú, actualmente se encuentra en un proceso de recuperación democrática tendiente a establecer el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática, recientemente recuperados después de los años de oprobio y corrupción del régimen autoritario de Fujimori.

Siendo imperiosa la participación de la sociedad civil en un propósito como el presente, los profesionales del Derecho lejos de mantenernos al margen de esta discusión, debemos mostrar el impulso de la responsabilidad moral de participar en la consolidación de la estructura jurídica del Estado peruano.

Evidentemente al hablar de una reforma constitucional total, en virtud de lo dispuesto por la Ley 27600, en concordancia con los Arts. 32 y 206 de la Constitución actual, esto es, un nuevo texto de la Constitución Política del Estado, tenemos que referirnos a temas de gran importancia como: los derechos y libertades fundamentales de la persona humana, el régimen económico, el sistema de gobierno, la estructura del Estado, el régimen electoral, el Poder Judicial, la función y estructura legislativa, la descentralización, los gobiernos regionales y locales, y otros. Una reforma constitucional logrará sus propósitos en la medida en que el contexto político y el consenso social la hagan viable; la concertación es otro factor importante en este proceso, sin obviar, por supuesto la participación de la sociedad civil en los debates que le otorguen legitimidad a este proceso. En esta ocasión, en el entendido de que esencialmente el marco formal e institucional de la reforma constitucional radica en el Congreso Peruano, quiero referirme a la constitución del Parlamento y su eficacia y funcionalidad que, en definitiva, garantizará no sólo una verdadera y auténtica reforma constitucional, sino esencialmente porque el Congreso constituye uno de los paradigmas del desarrollo del sistema democrático peruano.

El Parlamento, al margen de ser unicameral o bicameral, o de ser considerado poder del Estado o poder legislativo, es en realidad una institución extraordinaria-mente compleja que cumple igualmente cometidos complejos con vínculos estrechos con la sociedad a la que representa y en el Estado, dentro del cual actúa. Como muy bien puntualiza el profesor español Enrique Guerrero, el Parlamento no es una entidad homogénea, con una estrategia única y una sola voluntad, sino que está compuesto por mayoría y minorías, que son expresión del pluralismo y la fragmentación social y cuyos intereses y objetivos son frecuentemente distintos, que pueden integrarse en una decisión común, por la voluntad de la mayoría.

El Parlamento, bajo estas circunstancias, viene a cumplir 4 funciones esenciales: de representación, legislativa, de control y legitimación. La primera función (representación) implica representar al pueblo como titular de la soberanía y mantener la conexión con el ciudadano; la legislativa es considerada hasta hoy como la función primordial que realiza el Parlamento, siendo así que éste es denominado como el Poder Legislativo; la función de control del Parlamento respecto del gobierno es considerada ahora como la esencia del funcionamiento democrático de todo sistema político; y finalmente la función de legitimidad que reside en la existencia de procedimientos democráticos que legitiman el proceso general de gobierno. Legitimidad, indica J. Habermas, también precisa del afianzamiento de prácticas deliberativas, esto es, las instituciones de la democracia deben ser esencialmente transparentes y abiertas al debate público si se desea que sigan siendo legítimas.

Consideramos que la situación política actual peruana reúne dichas condiciones. En el ámbito de las ciencias políticas, gracias al aporte, entre otros, de los tratadistas Humtington y Polsby (Political Development and Political Decay), ahora se habla de la Institucionalización del Parlamento y de la posibilidad de medir tal institucionalidad parlamentaria, en otros términos que determinen la autonomía del Parlamento, que éste se diferencie con nitidez de otras instituciones del sistema político, que no esté dominado por los aparatos partidarios y que sus miembros desarrollen una carrera propia y verdadera.

En cuanto a la unicameralidad o bicameralidad, al margen de que el sistema parlamentario actual sea consecuencia de los cambios efectuados por el régimen autoritario de Fujimori, consideramos que el sistema tradicional de dos cámaras, además de remontarse históricamente este sistema a la división de clases y castas, hace del trabajo parlamentario lento, engorroso, con debates demasiado amplios, una pugna permanente entre cámaras y una compleja forma de toma de decisiones. Si bien es cierto que la legislación comparada de América Latina muestra una tendencia hacia la bicameralidad, con excepción de Ecuador, Venezuela y Perú, pero no es menos cierto que todo sistema tradicional debe tender hacia una evolución cualitativa, como ha sucedido en los Estados Europeos y otros países desarrollados del mundo.

El desarrollo de los sistemas parlamentarios en los Estados democráticos tiende entonces a la institucionalización del Sistema Unicameral como forma racional, de eficiencia y de seriedad en el trabajo legislativo.

La necesidad de un Parlamento funcional en nuestro país es entonces imperiosa. Esperamos que los debates de la reforma constitucional a escala nacional contribuyan al fortalecimiento de nuestro sistema parlamentario, que el Congreso peruano garantice un verdadero equilibrio de poderes frente al sistema de gobierno Presidencialista que por tradición cultural y política ha correspondido al Perú. La sociedad civil tiene que tomar conocimiento de estas circunstancias y la participación política del ciudadano debe estar dirigida a garantizar un Parlamento funcional, con representantes convenientemente formados, que conozcan de sus roles y funciones, que participen activamente en el desarrollo institucional parlamentario y no sean meros convidados de piedra, o que en algunos casos consideren la participación parlamentaria como una buena perspectiva económica.

*Abogado peruano.