escribe Dick Emanuelsson

Duras condenas contra la guerrilla de las FARC luego que una pipeta de gas, artillería casera de la insurgencia, cayera en una iglesia donde 300 personas de la población civil se habían refugiado. El fatal hecho ocurrió el 1 de Mayo en el municipio de Bojayá, en el departamento del Chocó, noroccidente colombiano. Bajo los escombros quedaron 119 personas muertas, entre ellas 42 niños. En un comunicado del Bloque José María Córdoba de las FARC-EP, lamenta el trágico hecho. En los combates más de 500 paramilitares fueron dados de baja por los guerrilleros.

En otra declaración, la Unión Europea condena tanto a la guerrilla como a los paramilitares. Más de 500 efectivos de éstos últimos, se habían trasladado el 21 de abril, 220 kilómetros en siete embarcaciones, fuertemente armados, desde el Golfo de Urabá hasta Vigia del Fuerte. La travesía tarda 3 días pasando por muchos retenes de la Armada Nacional, incluso una base de la armada sin que este organismo del Estado colombiano, hiciera algo para impedir la gigantesca concentración de tropas paramilitares por el Río Atrato.

Fuertes intereses económicos

El periodista español, Paco Nadal de El País, fue el primer reportero de llegar al lugar de los combates y entrevistado en la emisora Caracol, confirmó la desesperación de la población civil, acusando al Estado colombiano de dejar a pasar a los paramilitares ¿como pasaron 7 tangas (embarcaciones) cargadas de paramilitares frente a una base de la Armada en Río Sucio?. También afirma, que las razones de la incursión paramilitar en esta zona del país, obedece de fuertes intereses económicos y estratégicos por parte de EE.UU. y el Fondo Monetario Internacional. En la región hay grandes proyectos en camino.

Omisión oficial

Los paramilitares y policía Nacional habían sido expulsados por la guerrilla de las FARC en marzo del 2000. La estación de la Policía fue destruida y 28 uniformados dados de baja. Había fuerte presencia de paramilitares en la zona que aterrorizaba a la población, desalojándola hacía Quibdo, la capital del departamento del Chocó. Después de la arremetida guerrillera, la situación se calmó en esta parte del Chocó, mientras en otras, los grupos paramilitares siguieron asesinando y desplazando gente, según informes de los organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.

Tanto el Defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes, como el encargado de la oficina de la ONU en Bogotá, el sueco Anders Kompass, habían advertido al gobierno y a las autoridades militares el 21 de abril, cuando los paramilitares arribaron en Vigia del Fuerte y Bojayá. Pero el gobierno de Pastrana sólo registró la alerta. Los paramilitares, después de permanecer un día en los cascos urbanos, se desplazaron a la zona rural. En Colombia, varios analistas se preguntaron porqué la insurgencia dejó a los paramilitares avanzar hasta llegar a su destino. La respuesta es sencilla; los dejó entrar al saco para después cerrarlo.

Helicóptero paramilitar

En los últimos días de abril comenzaron los combates. Los paramilitares estaban cercados por un lado por la guerrilla y por el otro lado por una ciénaga. Del aire recibieron apoyo de un helicóptero que desde varios años había participado en los combates y también en ametrallamientos contra la población civil.

Según pobladores locales y voceros de las FARC, también recibieron apoyo aéreo del Avión Fantasma, de la FAC. En esos bombardeos y combates perdieron la vida 130 guerrilleros; pero las tropas paramilitares fueron prácticamente aniquiladas. Por eso escribió con amargura el jefe de la AUC, Carlos Castaño, en una carta al diario El Tiempo el 9 de abril: Y nuestros muertos ¿quién los llora?.

Según información de varias fuentes del Estado, periodistas, población civil y otras fuentes, confirman que las bajas de los paramilitares en Bojayá, fueron más de 500. Se calcula, que el enfrentamiento entre los 1.500 guerrilleros de las FARC y los paramilitares fue el combate más grande durante la guerra civil en Colombia.

La población como escudo

Quizás fue el grupo restante y sobreviviente que tomó posiciones alrededor de la iglesia, el puesto de salud y la escuela en Bojayá. En la declaración por los trágicos hechos, la insurgencia señala lo siguiente:

Los paramilitares, desalojados de sus posiciones, tomaron como escudo a la población. Allí asesinaron a decenas de personas y obligaron a un grupo de pobladores a concentrarse en la iglesia. Todos aquellos que intentaron escapar del lugar fueron tiroteados por los paramilitares atrincherados en la iglesia y sus alrededores. En declaraciones a la emisora RCN, Mario Montoya, jefe de la 4ª Brigada en Medellín y responsable en la zona de los hechos, declaró, que según el cura de Bojayá, Autún Ramos, no había combates en el casco urbano con los paramilitares. Con esa afirmación, el general dejó toda la responsabilidad a la guerrilla la cual pidió a la Unión Europea de colocar en la lista de Grupos terroristas en el mundo.

Pero el otro que declaró indignado, fue el padre Ramos, quien denunció que el general
estaá colocando palabras en mi boca que nunca he dicho. El sacerdote confirmó que se encontraban en la iglesia junto a unos 300 habitantes de Bojayá, rezando y escuchando los tiroteos en las afueras de la iglesia cuando estalló la pipeta de gas que causó la tragedia.

La guerrilla, había disparado contra paramilitares pero la bomba se desvió por completo y dejó 119 civiles muertos.

Las investigaciones cuestionadas

El gobierno, el presidente, los generales y todo el establicimiento colombiano denunció a las FARC inmediatamente por la acción, que calificaron de terrorista, sin haber hecho una investigación real.

Pastrana viajó a Chocó y prometió luz, agua potable, acueducto, educación y salud, derechos humanos que siempre han sido negados a la población en el departamento más pobre de Colombia. Pastrana también exigió a Anders Kompass de realizar una visita en el zona luego de la tragedia. El sueco viajó el jueves pasado y terminó su investigación tres días después. Pero las autoridades, los militares y sobre todo, los fiscales, se quejaron porque el representante de la ONU no quiso seguir en la pista de los órganos oficiales si no hablar con la gente de la población civil. Y el resultado no fue el esperado, sino un balde de agua fría contra Pastrana y la cúpula militar.

Nos preocupan los testimonios de la gente. Están diciendo con muchísimo dolor que hay presencia paramilitar y ésto con la presencia de la fuerza pública está creando confusión dentro de la población que teme que por la presencia de los paramilitares va a haber otro ataque de la guerrilla, afirmó Kompass a la prensa que, desesperadamente en vano había tratado de tener un comentario durante los tres días de Kompass. Cuando comentó los hechos, lo hizo en forma imparcial basado en los testimonios de la gente afectada.

Militares y paras juntos

Pero no solamente Kompass ha sido muy crítico sobre las versiones oficiales de cómo ocurrieron los hechos en Bojayá. La iglesia católica en el departamento, a través de la Diócesis Pastoral de Quibdo, denunció en una entrevista en la emisora RCN que cuando se fue el presidente Pastrana para Bogotá, entraron los paramilitares heridos que fueron atendidos por el ejército. El prelado no tenía nada en contra de eso, pero dijo que, es muy extraño que los paramilitares sanos, ahora están en las filas del ejército y actúan y hacen formaciones
juntos.

El representante religioso también mencionó, que nadie cree en las palabras del presidente Pastrana. Yo sé, que estas declaraciones nos van a traer problemas, pero tenemos que sacar la verdad de lo que pasa en el departamento, concluyó el vocero de la Diócesis Pastoral de Quibdo.

¡Más para la Guerra!

Los que aplaudieron el rompimiento unilateral del proceso de paz por parte del presidente Andrés Pastrana el 20 de febrero, han disminuido notablemente en las encuestas. La razón es sencilla. La pobreza y la crisis económica no da más. La guerra ha significado costos de 200 mil millones de pesos (cerca mil millones de dólares) durante los dos primeros meses de guerra total.

El Banco Mundial señaló hace dos semanas, que hay más de 27 millones de personas que viven en la pobreza. De ellos más de nueve millones viven en la indigencia, es decir, en la miseria y la pobreza total. Pero no faltan los que todavía creen en la solución militar.

El diario El Tiempo entrevistó a varios analistas y militares para sondear sobre su opinión de la guerra.
El director del Departamento Nacional de Planeación, Juan Carlos Echeverry, en el documento Manejo de Riesgos del Estado, informó que el número de soldados profesionales se incrementó de 22.000 en 1999 a 52.000 el año pasado y que el objetivo del Plan Fortaleza es incorporar otros 10.000 soldados por año y ampliar el servicio de policía a 192 municipios que no lo tienen.

¡Un millón de soldados!

Por su parte, el general Gustavo Porras, ex comandante de la XII Brigada del Ejército resumió recientemente la situación: Veo a un país impotente para solucionar la guerra. Está maniatado, no puede manejar su seguridad con 100.000 soldados para controlar la calaña de bandidos, llámense guerrilla, autodefensas o narcos. Y decía que el pie de fuerza se debía incrementar en un millón de efectivos e incrementar el 10 ó el 15 por ciento del PIB al gasto militar.

Mil masacres paramilitares en tres años

Muchos de ellos pensaron, que sólo terminar con la zona del despeje y dejarla bajo las bombas y misiles, se arreglarían con la guerrilla. Pero la guerra no está solamente en San Vicente de Caguán, esta en Chocó, cerca de la frontera de Panamá. Al mismo tiempo hay combates en Saravena, Cravo Norte en la frontera con Venezuela. O en el Nariño, Putumayo o en Caquetá, en el sur del país, donde la insurgencia prácticamente tiene esos grandes departamentos bajo su control.

El gobierno no presentó ni una sola de las reformas políticas prometidas, ni sociales o económicas, durante los tres años de proceso de paz. Pero fueron ejecutadas más de mil masacres paramilitares durante este lapso. Entre ellos mucha gente del departamento del Chocó.

Hay un estado, según varios de los candidatos oficiales de la presidencia, que está en descomposición por la corrupción y el robo por parte de los políticos. El último congreso tiene una participación con más del 35 por ciento de los paramilitares. El presidente designó un fiscal de la nación para absolverlo en el escándalo llamado Dragacol, donde Pastrana es acusado de recibir una suma millonaria en la campaña electoral de 1998. Hace una semana explotó la noticia que dos millones de dólares habían sido desviados por la cúpula de la policía antinarcóticos del Plan Colombia.

Es esa ilegitimidad que pone el peligro la existencia del estado colombiano actual.