escribe Sergio Ramírez

Voceros del Ministerio de Defensa confirmaron que los brigadieres Jaime Lepe y Miguel Krassnoff, reconocidos violadores de los DD.HH, prestan servicios al Ejército como civiles y a contrata. Mientras que tal práctica de ocupar a asesinos y torturadores es una norma castrense, la ministra Michelle Bachelet, subordinándose a las cúpulas militares, planteó la inconveniencia de que esta situación se mantenga.

El brigadier (R) Jaime Lepe Orellana, escolta de Pinochet durante la dictadura militar y secretario general del Ejército, está contratado como civil por la institución castrense, a pesar de que pasó a retiro por su participación en el asesinato del funcionario español Carmelo Soria (1976). No es el único caso de violador de los DD.HH. que desempeña funciones a contrata en las FF.AA. En similar situación se encuentra el brigadier (R) Miguel Krassnoff Marchenko, que en momento de la denuncia estaba detenido, desde noviembre del año pasado, en el Comando de Telecomunicaciones del Ejército por la desaparición de Manuel Edgardo Cortés Joo, militante del MIR, detenido en 1975, por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Actualmente está en libertad condicional. La decisión del tribunal de alzada permitió la libertad de uno de los más feroces asesinos del período dictatorial. También contribuyó a ello que la magistrada del Octavo Juzgado del Crímen de Santiago, María Inés Collin, no decretara una medida cautelar en su contra por los proceso que le sustancia como magistrada exclusiva.

Lepe Orellana se desempeña como asesor en el Comando de Industria Militar, mientras que Krassnoff es gerente del Hotel Militar de Oficiales.

Lepe nunca fue procesado. El juicio en que se investigaba el asesinato de Carmelo Soria fue amnistiado por la Corte Suprema, pero el Presidente Frei vetó su ascenso al cuerpo de generales en 1997. En septiembre del 2000 se acogió a retiro. En esa oportunidad el ministro del Interior, José Miguel Insulza (PS), alabó su figura. Mientras que Carmen Soria, hija del asesinado funcionario español, recordaba recientemente que, según consta en los testimonios de los ex agentes José Ríos San Martín y Michael Townley, Lepe se disfrazó con uniforme de carabinero para secuestrar a su padre y luego participó en las sesiones de tortura que se le practicaron. Además, denuncia: Los exonerados políticos, que no cometieron ningún crimen salvo pensar distinto, no pudieron nunca más trabajar en la administración pública..(&).. Y sin embargo, estas personas que están vinculadas a crímenes atroces, continúan gozando de privilegios a costa de todos los contribuyentes. Es una burla y una atrocidad.

Miguel Krassnoff y Jaime Lepe no son los únicos oficiales involucrado en violaciones a los DD.HH contratados como civiles en el Ejército. Es una situación generalizada. Es común que los uniformados que pasan a retiro sean recontratados como civiles por su institución, especialmente los autores de violaciones a los DD.HH para asegurarle una mayor protección y una superior renta, como compensación de los crímenes que han cometido.

Trabajo garantizado para asesinos.

Estar vinculado a asesinatos y torturas no es un impedimento para disfrutar de mayores prebendas adicionadas a las millonarias jubilaciones que perciben. En efecto, entre los antecedentes del proceso por el asesinato de Tucapel Jiménez consta que dos ex agentes de la DINE, Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier Verdugo, prestaban servicios en el Ejército a honorarios hasta que quedaron en prisión preventiva. Sus servicios, según sus superiores, eran necesarios pues se trata de personal de inteligencia y servicio secreto. Continuaron colaborando desde la reclusión. Pero, no sólo en el Ejército personal implicado en acusaciones por violaciones a los DD.HH ha sido recontratado.

En la Aviación, el ex agente de la DINA, coronel (R) Mario Jahn Barrera, es el actual director del Museo Aeronáutico y del Espacio. Cargo que desempeña desde que pasó a retiro a mediados de los años 80. Barrera (chapa: Luis Gutiérrez) fue de los jefes de la DINA que se desempeñó como embajador itinerante entre los países que conformaron la red criminal conocida como Operación Cóndor, según consta en los antecedentes de los llamados archivos del terror de la dictadura de Alfredo Stroessner. Mientras que el pilotos retirado Emilio Robert de la Mahotiere, se desempeña desde 1996 en Seguridad Operacional de la Dirección de Aeronáutica, con un contrato que se le renueva anualmente. Si bien su participación en el transporte del grupo de asesinos de la Caravana de la Muerte, comandado por Sergio Arellano, está demostrada, el juez Guzmán lo liberó de sanción penal.

Subordinación y carencia de consecuencia.

Las contrataciones de asesinos y torturadores son calificadas de inapropiadas por la ministra de Defensa. En efecto, después de enterarse de que violadores de los DD.HH bajo la dictadura de Pinochet, habían sido recontratados por el Ejército, declaró: Hemos solicitado (al Ejército) que haya una revisión exhaustiva sobre situaciones en las cuales pudiera no ser pertinente e inapropiada la contratación de personas que estuvieran directa y comprobadamente involucradas en situaciones de violaciones de DD.HH. Se considera que la actitud de la ministra es de total subordinación y carente de consecuencia política y humana, dado las promesas de su partido de sancionar a los genocidas uniformados y a que su padre murió por efecto de las torturas aplicadas por quienes ahora ella justifica.

Los antecedentes, que llegaron por una vía no oficial a Defensa, obligaron a una reunión entre la ministra Bachelet y el subsecretario de Guerra, Gabriel Gaspar. La titular de Defensa le pidió a Gaspar que verificara si la denuncia original del diario oficialista La Nación de que Lepe Orellana se desempeña como asesor del Comando de Industria Militar, y si Krassnoff Marchenko continúa en su cargo de gerente del Hotel Militar de Oficiales, a pesar de estar procesado en tres casos, era verdadera. Además, Michelle Bachelet al mismo tiempo que sostenía que hemos manifestado a las instituciones la no conveniencia de la permanencia de personas que estuvieron involucradas en este tipo de juicios y procesos, explicaba que la contratación de ambos personeros es un asunto que compete exclusivamente a esa rama castrense, pues el Ejecutivo no tiene facultades para tomar cartas en el asunto (de acuerdo a la ley la ministra no tiene atribuciones (para decidir sobre el caso). Existe autonomía para las contrataciones).

El comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, no quiso referirse a los antecedentes solicitados. Calificó como complejo el tema de la recontratación de oficiales envueltos en casos de DD.HH. Ese tema es un tema complejo, que no voy a tratar por la prensa sino a través de los canales oficiales. Eso es actuar responsablemente, afirmó. Pero, aún no ha dado respuesta a los requerimientos del gobierno e insiste en que no existe malestar en su institución debido a las últimas revelaciones por las contrataciones como civiles de oficiales en retiro implicados en casos de DD.HH, pues lo considera un problema heredado. Mientras que la ministra de Defensa aseguraba que la opinión del gobierno es que la recontratación por parte del Ejército de los oficiales (R) Jaime Lepe y Miguel Krassnoff no es consistente con la señal clara que existe, de todas las FF.AA, para apoyar plenamente la posibilidad de avanzar en la verdad sobre una serie de situaciones ligadas a temas de DD.HH.

Al conocer la denuncia de las contrataciones, Cheyre habló con la ministra Bachelet para oír los planteamientos del gobierno en cuanto a la inconveniencia de que tal situación se mantenga y expresar su disgusto por tener que enfrentar un conflicto que nace de decisiones adoptadas por sus predecesores y que ha comenzado a ventilarse públicamente. En cambio, la ministra inclinándose ante el poder castrense, subrayó que más allá del derecho gubernamental a solicitar medidas frente a decisiones incoherentes con el espíritu que hoy reina en el gobierno y en las FF.AA, éstas tienen autonomía para contratar a su personal. Y, para que quedara duda sobre el real pensamiento del gobierno en este tipo de casos, remarcó que sólo puede manifestar lo inapropiado de esto.

Las esperanzas de algunos ilusos.

El gobierno de Lagos ha liberado de responsabilidades a Juan Emilio Cheyre, por el escándalo desatado a raíz de la recontratación de oficiales (R) pese a estar vinculados a casos de violaciones a los DD.HH. Para ello, ha aceptado que al ser un problema heredado por Cheyre de las jefaturas anteriores, éste no tiene la obligación de informar ni de despedir a los asesinos involucrados. Por lo cual, el ministerio de Defensa se sumó a la estrategia comunicacional impulsada por el Ejército de no ventilar el tema a través de la prensa y ni la ministra, Michelle Bachelet, ni el subsecretario de Guerra, Gabriel Gaspar, han hablado más del tema. Por su parte, el general Cheyre rehusó nuevamente tratar en forma pública el asunto, señalando que era un tema que estaba fuera de los cuarteles: Los asuntos judiciales, los asuntos de naturaleza política, están fuera de los cuarteles. Mi mayor anhelo es que conozcan el Ejército real, y que las páginas políticas, de trascendidos y las páginas judiciales, no constituyan la preocupación de ustedes. Vamos a lo que interesa, que es el desarrollo profesional del Ejército, que es lo que estamos buscando, señaló.

Algunos ilusos aún esperan los informes que debiera elaborar el Ejército sobre la situación de Miguel Krassnoff y Jaime Lepe. Pero, la realidad indica la falsedad absoluta de los acuerdos de la Mesa de Diálogo convocada en su oportunidad por Lagos, especialmente las promesas de los militares de que era moralmente inaceptable ocultar información sobre las violaciones e los DD.HH. cometidas en dictadura. Por lo cual, Héctor Salazar (PPD), uno de los abogados que integró la Mesa de Diálogo y que en su oportunidad justificó todas las falacias de los acuerdos de impunidad y listas falsas con la ubicación de los cadáveres de 200 detenidos desaparecidos, ahora sostiene que lo ocurrido con los contratados de asesinos es una demostración de que no ha existido plena claridad en sus actuaciones. Y, que la recontratación de oficiales involucrados en casos de violaciones de los DD.HH es borrar con el codo lo que se escribió con la mano en la mesa de diálogo.