El Congreso boliviano finalmente en el madrugada del martes aprobó la Ley de Régimen Electoral Transitorio que permitirá la realización de elecciones generales, prefecturales y municipales, en diciembre y abril con un padrón biométrico y la incorporación del voto de los residentes bolivianos en el exterior.

La decisión del Congreso resolvió finalmente la crisis electoral empantanada por la intransigencia del bloque opositor, obligando al presidente Evo Morales a iniciar el viernes 9 una huelga de hambre al tiempo de asegurar que se apela a la huelga para "defender a la democracia".

Entre negociadores oficiales y la oposición
El congreso boliviano volvió a sesionar el lunes en la noche para tratar la ley que regulará las elecciones generales y regionales previstas para diciembre y abril próximos, tras el acuerdo logrado entre negociadores oficiales y la oposición, mientras miles de personas, entre ellas el presidente de la república, Evo Morales, mantenían una huelga de hambre exigiendo la sanción de esa ley.

El Congreso estaba bloqueado desde el pasado jueves cuando la oposición decidió no participar de los debates, impidiendo el quórum para sesionar, y boicotear así la sanción de la ley que regula las elecciones previstas en la sancionada reforma constitucional aprobada en un referendo.
La negociación alcanzada en la noche del domingo por una comisión multipartidaria incorporara en el texto la elaboración de un padrón biométrico, el voto en el extranjero y la representación legislativa para minorías étnicas.

El presidente del Congreso, el vicepresidente Alvaro García, afirmó este lunes, "tenemos en manos ya el trabajo de esa concertación y, por lo tanto, vamos a proceder a aprobar la ley".
La negociación para modificar el proyecto de ley arrancó después que la Corte Nacional Electoral aceptara confeccionar el padrón biométrico para lo cual la presidencia decidió aportar 35 millones de dólares, y ante la convocatoria de la Central Obrera Boliviana (COB) y el Consejo Nacional por el Cambio a marchar sobre La Paz "para cerrar el Congreso" o aprobar la ley, con carácter de emergencia.

"Hemos incorporado los avances cualitativos más significativos que se contemplaban ya en la Constitución", entre otros, la posibilidad de que las minorías indígenas accedan a la representación legislativa", a razón de un escaño por cada uno de los 9 de los departamentos bolivianos, excepto el sureño Potosí, de mayoría quechua, tercera etnia del país, y que a diferencia de los ocho restantes no contiene en su jurisdicción minoría étnica alguna, precisó el ministro de Autonomías, Carlos Romero, cabeza de la concertación por parte del gobierno de Evo Morales. La ley también alberga "la posibilidad de incorporar a la ciudadanía, a los compatriotas residentes en el exterior", alrededor de 300.000, en 13 países de América, Asia y Europa, a la toma de decisiones políticas.

Además contiene un precepto para la elaboración de un nuevo padrón electoral biométrico, que elimina cualquier mecanismo discriminatorio y ventila hasta el más mínimo indicio de infiabilidad.
"Vamos a tener un reempadronamiento no sólo moderno sino absolutamente incluyente de todos los ciudadanos del campo y la ciudad, de todas regiones, hombres y mujeres, porque la mejor manera de construir un país, la mejor manera de construir una comunidad de destino histórico y de construir convivencia armónica entre bolivianas y bolivianos es precisamente facilitando la mayor participación ciudadana", afirmó Romero.

Romero exaltó que la mesa de consenso político salvó las profundas diferencias existentes entre el proyecto planteado por Diputados, de mayoría oficialista, y de Senadores, controlada por la oposición, que encendió la querella en el Congreso. El vicepresidente García Linera había acusado a la oposición de "dilatar innecesariamente" y ex profeso la discusión del proyecto de ley original con el argumento de que los estatutos autonómicos votados en los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando en 2008, debían ser incorporados completamente y a contracorriente de la legislación nacional electoral, en la ley.

"Yo, como presidente del Congreso nacional, no voy a aceptar nunca que una instancia que ha desconocido un Congreso nacional, que ha suplantado al Congreso nacional, ahora sea el mismo Congreso nacional que lo reconozca y le dé vicio de legalidad. Eso no va a pasar", afirmó García Linera. "Estamos dispuestos a reconocer la legitimidad de sus estatutos en términos de formar parte de un debate regional. Pero no puede, de contrabando, acceder al ámbito de reconocimiento legal del Congreso, porque fueron elaborados en contra del Congreso, sustituyendo al Congreso", insistió.

La oposición boliviana también condicionó la consensuación de la ley a la renuncia del presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE), José Luis Exeni, después que éste garantizara la construcción de un registro electoral biometral, vía rasgos dactilares y fisonómicos y que el presidente Morales garantizara financiar la empresa con 35 millones de dólares.

Sindicatos amenazan con cerrar el Congreso
Los sindicatos y movimientos sociales bolivianos habían resuelto convocar a una concentración en La Paz para presionar la aprobación de una ley electoral, que era tratada el lunes y a contrarreloj en el Legislativo.
"Aprueban la ley o cerramos el Congreso", advirtió el líder de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Isaac Avalos, que secunda desde el jueves la huelga de hambre que por la misma causa que lleva adelante el presidente Evo Morales.
La decisión de convocar a la marcha fue suscrita también por la Central Obrera Boliviana (COB) y el Consejo Nacional por el Cambio (Conalcam).

"Estamos cansados" de tanta espera en el Congreso que se demoró casi cinco días para alcanzar un acuerdo político que canalice la ley electoral que normará los comicios presidenciales, en diciembre que viene, y de prefectos y munícipes, en abril de 2010, dijo Avalos.

"En todo el país hay que mantener la huelga de hambre y trasladarse al Congreso", urgió Avalos a sus bases, mientras que el líder de la COB, Pedro Montes, protestó contra la oposición en el Congreso porque, sostuvo, "no quieren a la clase trabajadora".

Bajo la consigna "ley o cierre del Congreso", Montes aseveró que para los congresistas "ya no hay oportunidad".