Por Ricardo Daher (Enviado especial)

La aprobación de la enmienda constitucional que permite la reelección indefinida de todos los cargos electivos, no significa la continuidad permanente de la revolución bolivariana y su programa de transformaciones. Es sólo un paso que permite que el líder e impulsor de este proceso de cambios, Hugo Chávez, pueda volver a presentarse como candidato presidencial para las elecciones de 2013. Entonces será el pueblo que determine si habrá continuidad.

Para garantizar que esa voluntad popular se exprese en un sentido positivo, como hasta ahora, será necesario profundizar algunas iniciativas ya lanzadas, emprender transformaciones y rectificaciones de otras, y profundizar el combate a la ineficiencia, la burocracia y la corrupción. Males que heredados de los gobiernos anteriores, siguen muy enquistados y frenando el proceso de cambio. Además de estos males heredados, y los errores cometidos y por cometer, el proceso bolivariano deben enfrentar otros peligros, la persistente agresión de la oligarquía y el imperialismo.
Aunque la oligarquía venezolana es aún más rica que antes, y ninguno de sus bienes ha sido afectado -salvo algunas expropiaciones pagadas por el Estado a precio de mercado- hay un odio permanente y fomentado día a día contra el gobierno del presidente Hugo Chávez.

En este enfrentamiento directo al gobierno y a los sectores sociales más activos en respaldo a los cambios, se emplean todas las formas, desde la propaganda, el rumor, la tergiversación, las acciones políticas legales e ilegales, hasta la lucha armada.

Si bien ningún grupo firma como "movimiento de liberación" de nada, grupos armados paramilitares, que las autoridades ya estiman en 25.000 efectivos, están controlando territorios en la frontera con Colombia, establecen rutas de narcotráfico en el país, asesinan dirigentes sindicales y campesinos a pedido, y están preparándose para acciones de mayor envergadura, llegado a caso.

El pasado 12 de febrero el dirigente campesino Nelson López fue ejecutado de 14 balazos en la espalda por sicarios en el Estado de Yaracuy. Según el Frente Campesino Nacional Socialista Jirajara, con este crimen suman 213 los trabajadores del campo asesinados tras la promulgación de la ley contra el latifundio en el año 2001. La organización responsabilizó de todos estos asesinatos a sicarios contratados por latifundistas y el pasado sábado organizó una marcha de protesta.

El líder campesino y diputado Braulio Álvarez vicepresidente de la comisión de Desarrollo Económico, y legisladores de los estados fronterizos han denunciado el uso de sicarios por los terratenientes para tratar de frenar el cumplimiento de la ley. Los asesinatos, denunció Álvarez, buscan crear incertidumbre para atacar políticas serias y responsables de rescate y producción de las tierras.

Más de cuatro millones de hectáreas de tierras ociosas se han rescatado desde la proclamación de una Ley de Tierras, parte del programa para garantizar la soberanía alimentaria nacional. Aunque el programa abarca únicamente a tierras que no están en producción, enfrenta la resistencia de latifundistas que han acudido al sistema de seguridad privado, copiado de los paramilitares colombianos y con asesores de esos grupos.

Es precisamente esta resistencia de los latifundistas a entregar las tierras ociosas la que ha promovido el ingreso al país de paramilitares colombianos. Una vez establecidos en la zona para defensa del latifundio, comenzaron a promover sus propias agendas de narcotráfico y poder mediante el terror.

Ya en 2004 saltó la alarma por la infiltración de paramilitares colombianos en Venezuela. Entonces, las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 100 paramilitares colombianos que se entrenaban en la finca "Daktari" en las afueras de Caracas con el objetivo de respaldar un ataque al presidente Chávez. Uno de los detenidos le dijo a la prensa que estaban siendo entrenados para atacar las bases de la Guardia Nacional venezolana.
El propietario de la finca donde se encontraban los paramilitares, Robert Alonso se encuentra ahora "exiliado" en Miami.

El 16 de diciembre pasado, el diario Panorama de Maracaibo, Estado de Zulia, publicó parte de un informe confidencial de autoridades militares colombianas donde se confirma la actividad de las "Aguilas Negras" en Venezuela. "La punta de lanza del paramilitarismo en Venezuela está en Maracaibo a cargo del ex policía y poderoso narcotraficante Miguel Villarreal Arcila, alias 'El Salomón', quien en ocasiones también se hace llamar 'Gabriel' o 'El Flaco', sostiene el informe militar. Y agrega "el hombre actualmente es el dueño de la ruta del narcotráfico de Venezuela. Tenemos identificadas 25 rutas del narcotráfico que nacen en Colombia, atraviesan el vecino país y dan a sus costas, de donde sale la cocaína al extranjero".

Chávez convocó a combatir la infiltración

A fines de noviembre del pasado año, el presidente Hugo Chávez advirtió a los militares, policías y guardias nacionales, sobre la necesidad de combatir la violencia paramilitar en la frontera.
Denunció la reactivación de una violencia opositora en los estados fronterizos de Zulia y Táchira, que estaba creando una "zona paramilitar", con mercenarios extranjeros, la CIA y paramilitares colombianos para volver a desestabilizar a Venezuela.

La advertencia partía también ante el anunció de los gobernadores opositores de contratar expertos extranjeros para entrenar a las policías locales. Fue precisamente bajo ese mecanismo que se conformaron los grupos paramilitares colombianos.

Pero, a veces parece que los planteos del presidente demoran en llegar a la conciencia de los destinatarios del mensaje, y un poco más de tiempo para que se comiencen a aplicar.

Esta lentitud de respuesta a las exigencias del presidente, se reflejan en el aumento de los delitos en la frontera. Secuestro extorsivo de ganaderos, asesinatos por encargo, han aumentado y provocado una sensación de inseguridad e indefección. El presidente Chávez volvió a referirse al tema en el discurso de victoria de la enmienda constitucional. El primer reclamo que presentó para la labor de los gobernantes y autoridades para el futuro, fue sobre la seguridad.

Es que el mecanismo de control de los paramilitares parte de provocar un aumento de la inseguridad, y después la restauración del "orden" por estos grupos, logrando asi un apoyo social provisorio.

Control en zonas de Táchira

Desde entonces, las denuncias de mayor presencia de paramilitares, y el reclutamiento de venezolanos para sus actividades delictivas, han crecido. Estas redes del paramilitarismo se han extendido hasta los barrios de la capital donde controlan el tráfico de drogas, y presionan a sus habitantes para imponer su política.
El Estado de Táchira, en manos de la oposición desde las elecciones de noviembre del pasado año, es un ejemplo de la infiltración y poderío de los paramilitares.

El gobernador de Táchira, , César Pérez Vivas, ganó las elecciones de noviembre con un 1,5 puntos de ventajas (505, a 49%), y ahora en febrero, el No se impuso por 57,3 por ciento a 42,6%. Este incremento de la oposición a Chávez, se explica por las presiones de los paramilitares en el Estado, su colaboración con el gobernador, y las acciones de éste contra las instituciones del gobierno central y las misiones.

El diputado de la Asamblea Nacional (AN) Julio García Jarpa denunció que el gobernador César Pérez Vivas, "en alianza con la oligarquía de la derecha colombiana, permitió la entrada y actuación del grupo denominado Águilas Negras, con el propósito de crear caos y perturbar el proceso comicial". Denunció que antes de la consulta popular, el gobernador "ordenó el cierre de 26 infocentros, de un sinnúmero de módulos de Barrio Adentro, ha perseguido a los médicos cubanos que el gobierno nacional destacó en esa región y ordenó el linchamiento de un reconocido concejal de la zona".

Antes de las elecciones regionales de noviembre, se denunció también que el entonces candidato, y ahora gobernador, Pérez Vivas, recibía financiación de empresarios colombianos y del gobernador del departamento colombiano del Norte de Santander, William Villamizar. En el Norte de Santander se formaron las primeras agrupaciones de las "Aguilas Negras" que ahora se han infiltrado en Venezuela.

Según denuncias de los vecinos y periodistas de varios medios alternativos, los paramilitares han logrado imponerse en la actividad económica y organizar la vida social de los habitantes de los pueblos fronterizos.
En la localidad de Rubio (de unos 25 mil habitantes), han establecido un toque de queda a las 10 de las noches, y han sustituído a la policía, estableciendo su propio "orden".

Mejor organizados y con mayor poder militar y económico, los paramilitares liquidaron o expulsaron a los narcotraficantes locales y pandillas de delincuentes, estableciendo cierto orden, logrando asi una base social conforme con este aumento provisorio de la "seguridad".

También se ocuparon de sustituir al Estado en el otorgamiento de créditos a empresas y micro empresas en dólares para las importaciones -de paso lavaban el dinero del narcotráfico-. En Venezuela existe control de cambio y la solicitud de dólares para la importación se debe realizar en CADIVI y lleva tiempo. Los paramilitares facilitan esta operación.

Poco a poco fueron controlando a varias localidades, y repartieron volantes donde se impone un toque de queda después de las 10 pm, donde se amenaza de muerte a los homosexuales, proxenetas, prostitutas, entre otros.

El 21 de septiembre pasado, un aviso en la zona de clasificados del sitio mundoanuncio de Táchira, decía: "paramilitares en rubio OJO - Táchira. Todo gay de Rubio cuídese que llegaron los paramilitares eliminándolos, no salgan despues de la 9pm".

En Colombia hay pasividad o complicidad

La infiltración de los paramilitares hacia Venezuela parece contar con la complicidad de las autoridades colombianas, o al menos, con una pasividad total.

"El paramilitarismo opera a lo largo de la frontera, del lado venezolano y del lado colombiano, y parece ser que las únicas entidades estatales que lo están atacando son las venezolanas", dijo a fines de diciembre el diputado colombiano Gustavo Petro, del izquierdista Polo Democrático Independiente. El parlamentario explicó que el nororiental departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, "todavía es una zona de conflicto entre paramilitarismo y guerrilla. Pero en (los departamentos de) Norte de Santander, Cesar y parte de La Guajira, el control es paramilitar".

Según Petro, este progresivo avance paramilitar "sobre la frontera se da desde antes del ascenso al poder del presidente de Venezuela Hugo Chávez", en febrero de 1999. Según Petro, en la zona "va creciendo el poder paramilitar, controlando progresivamente los negocios (ilegales), básicamente el lavado de dólares y la exportación de cocaína a través de territorio venezolano".

Además, "el contrabando de gasolina venezolana hacia Colombia es manejado completamente por el paramilitarismo", y los "pimpineros", muchachos que transportaban a pie tres o cuatro galones en recipientes plásticos llamados pimpinas, "han pasado de moda", aseveró.

"Hoy, los pimpineros están uniformados y jerarquizados militarmente. Sus jefes son paramilitares. A los que no quisieron hacer parte del paramilitarismo, los mataron", agregó. El Norte de Santander, frente al sudoccidental estado venezolano de Táchira, la más viva frontera entre países andinos, "ha quedado prácticamente bajo control paramilitar", denunció.

Frontera caliente

En los estados fronterizos, ricos de petróleo y otros recursos naturales, de Zulia y Táchira, y el cercano Mérida, la oposición logró una victoria en el referendo constitucional, aunque sólo en Táchira el No logró una ventaja mayor que la lograda por el Si a nivel nacional. En este estado, de fuerte presencia paramilitar, el No a la enmienda obtuvo el 57,3 por ciento, mientras que el Si logró el 42,6 por ciento. En Zulia, gobernada por la oposición en los últimos años, el No recibió 52,7 por ciento, mientras el Si llegó al 47,3 por ciento.

En ambos dos estados, el número de secuestros y crímenes perpretados por los sicarios ha auentado y existe temor, ya que la policía no puede, no quiere o es incapaz de controlarlos. Previo al referendo de la enmienda constitucional, se denunció las presiones de los grupos armados contra los partidarios del Si.

De hecho, el aumento de la oposición en Táchira parece justificarse con la presión paramilitar contra los ciudadanos, y la política de desmantelamiento de las instituciones creadas por el proceso revolucionario.
El gobierno de Táchira está cerrando locales de las misiones barrios adentro, expulsando a los médicos cubanos, y amenazando a todos los que promueven las misiones.

Cabe recordar que en Zulia existe un movimiento separatista que cada poco resurge y que contó con el respaldo de la embajada norteamericana no hace mucho.

El presidente Chávez ha advertido que la oposición busca crear, a semejanza de lo sucedido en Bolivia, una "media luna" opositora, desde donde enfrentar al gobierno por cualquier método de lucha.