El escándalo de coimas por la compra de aviones Mirage a Bélgica en 1994 amenaza con convertirse en tema de campaña electoral para gobierno y oposición con miras a los comicios generales de diciembre. El Caso Mirage estalló a mediados de enero con la detención de cuatro ex militares, incluyendo el entonces comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Ramón Vega, cuya defensa pretendió involucrar al gobierno del ex presidente Patricio Aylwin y su titular de Defensa, Patricio Rojas, ambos del Partido Demócrata Cristiano (PDC).
Estos, al rechazar las insinuaciones, mencionaron que, en realidad, la compra de esos 25 cazabombarderos Mirage Elkan se inició en su gobierno, pero culminó en el siguiente, del ex presidente Eduardo Frei y el ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma, igualmente del PDC.
Eduardo Frei, intervino en la sesión especial del Senado y se defendió de las vinculaciones que le han hecho a su administración respecto a la compra de los aviones Mirage realizada por el gobierno chileno al belga entre 1993 y 1994.
El encuentro estuvo marcado por un fuerte debate político, en el cual el ex mandatario responsabilizó al gobierno de Patricio Aylwin de esta transacción que tiene procesados al ex comandante en jefe de la FACH, Ramón Vega, y a otros tres altos oficiales de la institución.
Los argumentos de Frei para deslindarse de cualquier tipo de responsabilidad se basan en dos documentos. El primero es una carta de intenciones entre el fisco chileno y la FACH con el Ministerio de Defensa de Bélgica , la cual se firmó el 28 de febrero de 1994, fecha en la que aún gobernaba Patricio Aylwin.
El segundo texto es un decreto que data del 1 de marzo de ese mismo año, y que autoriza al comandante en jefe de la Fuerza Aérea para adquirir las 25 aeronaves de combate. Este se tramitó el 10 de marzo de 1994, justo un día antes de que Eduardo Frei asumiera la presidencia.
"Aquí están los decretos. Este negocio se cerró el día 1 de marzo, tramitado con fecha 10, y yo asumí el día 11 de marzo del año 1994. Nosotros sólo implementamos lo que estaba sancionado, publicado y decretado por el gobierno, por lo tanto, no teníamos nada que hacer. No tenemos nada que ocultar y tengo mi conciencia y mis manos muy limpias", aseveró.
Este controvertido caso ha estado marcado por el debate sobre el sistema de adquisición de material bélico y armamentos de las Fuerzas Armadas, pero también por el cuestionamiento en que funciona la ley reservada del cobre que autoriza de que el diez por ciento de las ventas de Codelco sean ingresadas para la compra de armas por parte de las distintas ramas.
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