Días atrás la Casa Blanca anunció la concesión de la "Medalla Presidencial de la Libertad" al presidente colombiano, Alvaro Uribe, y a los ex primeros ministros de Gran Bretaña y Australia, Tony Blair y John Howard respectivamente.

Según el comunicado, los tres eran merecedores de la distinción "por su trabajo en la mejora de las vidas de sus ciudadanos y por sus esfuerzos para la promoción de la democracia, los derechos humanos y la paz en el exterior".

Blair y Howard, respaldaron las guerras en Afganistán e Irak, enviaron soldados en la invasión y ocupación de esos países, y colaboraron en la llamada "guerra contra el terrorismo" que incluyó el secuestro y traslado clandestino de prisioneros, y la desaparición de personas. La mejora de vida de sus ciudadanos, la promoción de derechos humanos y la paz quedará para otra ocasión.

Uribe por su parte, negoció con los paramilitares y narcotraficantes, agredió a un país vecino, y fomentó las ejecuciones extrajudicales de guerrilleros, sindicalistas, sospechosos de colaborar con la guerrilla, y de jóvenes inocentes usados para ser presentados como bajas en combate. Todo un modelo de democracia para el presidente norteamericano.

La revelación a fines de noviembre de los casos de "falsos positivos" (asesinatos de jóvenes reclutados con la promesa de un trabajo, para ser presentados después como combatientes guerrilleros) conmocionó a parte de la sociedad que ignoraba los hechos.

Sin embargo, la desclasificación reciente de documentos del Departamento de Estado norteamericano, da la razón a quienes denunciaron que esa práctica venía llevándose a cabo desde mucho antes, y que el otorgamiento de recompensas por la administración del presidente Alvaro Uribe, sólo había impulsado esos asesinatos.

Además, los documentos desclasificados revelaron que el gobierno norteamericano conocía esa práctica desde el año 1990, y que el ejército colombiano mantenía desde principios de los 90, extrechos vínculos de colaboración con los paramilitares narcotraficantes.

Michael Evans, investigador de la National Security Archive, que se dedica a conseguir que se le levante la reserva a la mayor cantidad posible de documentos oficiales en temas relacionados con la seguridad de Estados Unidos, reveló que en documentos de 1990 ya se reconoce la práctica de los "falsos positivos".
Evans, especializado en documentos sobre Colombia, mostró un cable aprobado por el embajador de Estados Unidos, Thomas McNamara, de junio de 1990, donde reporta un aumento de violaciones atribuidas al ejército de Colombia. En un caso, McNamara cuestiona la versión de los militares de que habían muerto a nueve guerrilleros en El Ramal, Santander en junio 7 de ese año. "La investigación de Instrucción Criminal y la Procuraduría sugieren con fuerza & que los nueve fueron ejecutados por el Ejército y después vestidos en traje de fatiga. Un juez militar que llegó a la escena aparentemente se dio cuenta de que no había agujeros de bala en los uniformes que coincidieran con las heridas en los cuerpos de las víctimas&"

En otros documentos desclasificados, la embajada norteamericana en Bogotá advertía al Departamento de Estado, sobre la conexión entre las fuerzas de seguridad colombianas y los florecientes grupos paramilitares del país. En un documento de entonces se explicaba que muchos de abusos del ejército sucedieron "en el curso de operaciones conjuntas de grupos paramilitares armados en las cuales participaron oficiales y reclutas".
Cuatro años después, la embajada seguía informando de la misma situación. En un documento desclasificado, el entonces embajador Myles Frechette informaba que la mentalidad de falsos positivos o "body count" como se reconoce esa práctica en inglés, persitía entre los oficiales del ejército colombiano que buscaban ascender o recibir algunos privilegios.

En otro documento, el funcionario Adjunto de Defensa de la Embajada explicaba uno de los motivos que tenían los oficiales colombianos para presentar los asesinatos como bajas en combates señalando que "oficiales de campo que no pueden demostrar una trayectorias de agresiva actividad antiguerrillera (que es cuando ocurren la mayoría de las violaciones a los derechos humanos por parte de los militares) quedan en desventaja a la hora de los ascensos".

Evans también encontró un documento de la CIA, de 1994, que informaba que las fuerzas de seguridad colombianas continuaban "empleando tácticas de escuadrones de la muerte en su campaña contrainsurgente".
Al hacer una evaluación del gobierno del presidente César Gaviria (después secretario general de la OEA), la CIA revelaba que los militares colombianos tenían una "historia de asesinar a civiles de izquierda en áreas de presencia guerrillera, cooperando con grupos paramilitares asociados al narcotráfico en ataques contra sospechosos de ser simpatizantes de la guerrilla y matando combatientes capturados". Añadía además que tradicionalmente el ejército no tomaba prisioneros de la guerrilla.

Otro documento desclasificado anteriormente por el National Security Archive, y basado en una conversación con un coronel del Ejército colombiano ya revelaba esa práctica y sugería que el rápido crecimiento del paramilitarismo estaba relacionado al "síndrome del conteo de bajas" en el Ejército colombiano. "Esta mentalidad tiende a incentivar las violaciones a los derechos humanos por soldados bien intencionados que tratan de cumplir su cuota para impresionar a sus superiores. También podría conducir a que los militares, pasivamente, permitan que los paramilitares sirvan de asistentes del Ejército colombiano y así le ayuden a subir su cuota de bajas de la guerrilla", explicaba el coronel a los funcionarios norteamericanos.
Tras la asunción del presidente Uribe, y la aplicación de su política de "seguridad democrática" los premios y privilegios a los militares que presentarán "éxitos" en su lucha antiinsurgente, se incrmentaron.

La investigación interna de las fuerzas armadas, que concluyó con la destitución de 30 oficiales a fines del pasado año, no reveló la magnitud del problema, el total de asesinatos, ni sus responsables, y la decisión del gobierno de mantener la política de estímulos a los militares que reporten resultados, mantiene la impunidad y la práctica de la campaña terrorista de Estado.