Pero los incidentes y protestas no trascendían a mayores conflictos. Sin embargo, la violación del territorio ecuatoriano por tropas colombianas para bombardear un campamento provisorio de las FARC, y la versión mentirosa brindada por el presidente Alvaro Uribe a Correa, llevaron la tensión al máximo.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, fue informado horas después de la acción por el presidente colombiano, Alvaro Uribe en una llamada telefónica. En esa conversación, Uribe dió una versión diferente de lo realmente sucedido.

El presidente colombiano habló de una persecusión y combates iniciados en territorio colombiano y que por el fragor de la lucha habían continuado más allá de la frontera, de manera involuntaria.
Sin embargo, el propio ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, dió una versión diferente pocas horas después en conferencia de prensa. El ministro reveló el ataque con aviones a un campamento en territorio ecuatoriano, y justificó la violación de la soberanía del país vecino con el mismo argumento que utilizó el presidente norteamericano George Bush para atacar e invadir otros países: el combate contra el terrorismo en cualquier lugar.

La operación militar habría sido preparada con participación de la inteligencia militar norteamericana, y probablemente con datos recabados por aviones espías de la base militar de Manta, en territorio ecuatoriano.
Correa explicó que, según comprobó el ejército ecuatoriano en el lugar de combate, cerca de la localidad de Angostura, a 250 kilómetros al noreste de Quito y 130 kilómetros de la frontera con Perú, ''no hubo ninguna persecución caliente''.

Los guerrilleros fueron ''bombardeados y masacrados mientras dormían, utilizando tecnología de punta (...) seguramente con la colaboración de potencias extranjeras'', señaló Correa.
Relató también que una patrulla militar que acudió a la zona encontró ''15 cadáveres de guerrilleros, 2 guerrilleras heridas, en un campamento improvisado ... dentro del territorio ecuatoriano (...) los cadáveres estaban en piyama''.

Según el Jefe de Estado ecuatoriano, se trataba de un ''campamento temporal de la guerrilla colombiana (...) que claramente se invadió el espacio aéreo ecuatoriano (...) y que entraron a llevarse el cadáver de Raúl Reyes''.

El mandatario calificó al hecho como ''una verdadera bofetada a la relación civilizada que deben tener países hermanos, países fronterizos''.

Correa retiró su embajador en Bogotá y denunció la agresión colombiana en varios organismos internacionales, movilizando tropas a la frontera. La tensión disminuyó un poco con la resolución de la Cumbre del Grupo de Río, reunido en Santo Domingo, sin la participación de funcionarios norteamericanos.

Reforma constitucional
Mientras tanto, la Asamblea Constituyente avanzaba en la discusión del nuevo contenido de la Carta Magna, que debería concluirse para fines de mayo. Casi coincidentemente con el ataque colombiano y la probable participación de militares norteamericanos de la base de Manta, la Asamblea Constituyente aprobó incluir en la nueva Constitución la prohibición de instalar bases militares extranjeras en el país. Una de las promesas electorales de la coalición Alianza País que llevó a Correa a la presidencia.

"Ecuador es un territorio de paz, por lo que no se podrá establecer en él bases militares extranjeras o de coalición, ni instalaciones extranjeras con propósitos militares" decía el artículo aprobado en marzo.
La realización de la Asamblea Constituyente había sido también una de las promesas electorales de Correa. La Alianza País dominó la Asamblea con 80 curules en un total de 130, pero habilitó la participación de distintos sectores de la sociedad con aporte a las comisiones.

En los últimos 25 años se ha reformado tres veces la Constitución, en 1983, 1992 y 1996.
La etapa final de la discusión en la Constituyente se vio empañada ante la denuncia de que legisladores del partido Sociedad Patriótica (PSP), que dirige el ex presidente Lucio Gutiérrez, intentó comprar votos de asambleístas para boicotear la mayoría oficialista e impedir la aprobación de determinados artículos.
También en los últimos días se registró la denuncia del presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, de Alianza País, que quería extender el plazo de discusión. Entonces el presidente Correa llamó a los constituyentes a respetar los plazos establecidos. A fines de junio finalmente el plenario de la Constituyente sancionó la nueva carta magna.

"Un nuevo Ecuador acaba de nacer con la aprobación de la flamante Constitución nacional", afirmó el nuevo presidente de la Asamblea Constituyente, Fernando Cordero.
Cordero señaló que la apuesta por el sí significa el avance del cambio, a favor de los derechos de la mujer, de los discapacitados y de los niños, a quienes el Estado cuidará desde su concepción.
La legislación fue aprobada con el respaldo de 94 asambleístas, mientras otros 32, miembros de la minoría opositora, votaron en contra.

No hubo abstenciones, ni votos en blanco, pero se registró la ausencia de cuatro representantes de la Constituyente.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, afirmó aquí que la flamante Constitución representa el acta de nacimiento de una nueva patria.

Se trata del comienzo de un proceso decisivo para lograr la segunda independencia, por la vía pacífica, democrática y para salir del neoliberalismo, resaltó Correa en su intervención realizada en la ceremonia oficial de presentación del nuevo texto constitucional.
A fines de septiembre, el texto constitucional fue sometido a plebiscito, y la nueva Carta Magna recogió el respaldo del 70% de los votantes.

Tras conocer los primeros resultados el presidente Rafael Correa destacó que "hoy el Ecuador ha decidido un nuevo país" y llamó a la unidad "para avanzar en esta nueva dirección que el pueblo ecuatoriano acaba de decidir".

En sus primeras palabras tras concluida la cita electoral, Correa agradeció a todos los ecuatorianos y en especial a aquellos que están en el exterior, unas tres millones de personas, "migrantes exiliados de la pobreza, de sistemas perversos" ya que según las estimaciones, también en el exterior ganó el SI.
Correa dijo que el triunfo no era propiedad de personas, sino el resultado de un proceso "que es de todo un pueblo, no de un gobierno, no de un presidente, no de un movimiento político" y calificó la jornada como "un momento histórico que trasciende con mucho a las personas que por accidente, por fortuna hemos estado más visibles en este proceso".

Al ser consultado sobre su presentación como candidato a las elecciones presidenciales en 2009, dijo que "esa será una decisión de mi movimiento ciudadano, que es el Movimiento País, Patria Altiva y Soberana, aquí no hay la dedocracia, somos un movimiento tremendamente democrático y ellos verán a quienes lanzan de candidato.

Obviamente yo soy el que tiene mayores probabilidades, pero yo no busco nada para mí, pero estaré donde me necesite mi patria".

Revisión de la deuda externa
Otra de las iniciativas anunciadas por Correa antes de asumir la presidencia era la de controlar el origen de la deuda externa y de algunos convenios internacionales que habían sido perjudiciales para el país.
En este proceso el gobierno ecuatoriano chocó con la empresa constructora brasileña Odebrecht y con el gobierno de Brasil al cuestionar el proceso de crédito y construcción de la la hidroeléctrica San Francisco, que presenta daños estructurales.

El ministro Coordinador de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea ratificó esta semana el derecho del Estado ecuatoriano a llamar a arbitraje al banco estatal brasileño Bndes por un crédito que sirvió para la construcción la hidroeléctrica San Francisco.
"Si nosotros consideramos que ese crédito está mal hecho, que tiene problemas legales, vamos a un arbitraje para que sea el derecho internacional el que prime y no nuestra voluntad o la voluntad de una empresa o de un gobierno", aseguró Larrea.

Brasil llamó a consultas a su embajador en Quito como rechazo al arbitraje interpuesto en la Cámara de Comercio Internacional, cuya sede está en París.
Poco después, el presidente Rafael Correa, anunciaba una moratoria al pago de una parte de la deuda externa de su país (corresponde al 39% del total), que considera "inmoral" e "ilegítima", y ha dicho que no abonará un cupón de intereses de los bonos Global 2012.

"Lo que se ha hecho con la deuda es inmoral, es traición a la patria, claramente ilegítima. Ahora tenemos que ver si podemos demostrar su ilegalidad, sobre todo en los tribunales internacionales", apuntó el mandatario. El gobierno ecuatoriano ha emprendido una ofensiva regional para exponer el informe de auditoría de su deuda externa en varios países de América.

La decisión del gobierno estuvo basada en un estudio de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC), que investigó los pasivos internacionales de Ecuador en los últimos 30 años.
Esa comisión encontró serios indicios de supuestas ilegalidades en la contratación de ciertos créditos internacionales, lo que ha llevado a la Fiscalía a iniciar una indagación previa contra varios ex gobernantes.

Conflictos internos
Tras la ratificación popular de la nueva Constitución, el presidente Correa comenzó a recibir fuertes críticas de los indígenas organizados que rechazan la ley de minería presentada por el gobierno.
El pasado noviembre, el Gobierno de Rafael Correa presentó un proyecto de ley de minería que actualmente estudia la Asamblea Nacional para su aprobación.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, (CONAIE), ha cuestionado ese proyecto de ley pues considera que perjudicará el medio ambiente y pondrá en riesgo a las comunidades ancestrales. El gobierno por su parte afirma que la extracción se realizará con plena responsabilidad ambiental.
Sin embargo, la organización indígena que ya tuvo un enfrentamiento con Correa en mayo durante la discusión de la Carta Magna, considera que la propuesta ley de minería amenaza los derechos humanos y colectivos del país.

Asimismo, los indígenas presentaron a la Asamblea una propuesta de modificación del proyecto de ley de Agua y Soberanía Alimentaria porque consideran que en el texto que está a estudio, se permite la privatización de este recurso natural.
Al mismo tiempo, Marlon Santi presidente de la CONAIE, adelantó que fortalecerán Pachakutik, el brazo político de la confederación, para las elecciones generales del próximo año. La CONAIE ha acusado al gobierno de "neoliberal y racista".

Pero, la disputa con la CONAIE ha tenido también repercusiones internas al movimiento político que respaldó al presidente Correa.
En unas recientes declaraciones Correa amenazó con deshacer Alianza País, si persisten las luchas internas por los cargos.

Correa aprovechó su informe semanal para hacer un llamamiento "cariñoso, pero claro y contundente" a los integrantes de Alianza País con el fin de que trabajen en conjunto y por los intereses nacionales y no particulares.

Apuntó que las condiciones de base para integrar el movimiento Alianza País son la decencia, representatividad y afinidad ideológica, porque, según él, "éste es un proyecto ideológico, de izquierda, nacionalista".
"Noto con tristeza que empiezan disputas por cargos", dijo al referirse a las recientes situaciones internas del movimiento de cara a en las primarias previas a las elecciones generales del próximo año. Los ecuatorianos acudirán a las urnas el próximo 26 de abril para elegir presidente, vicepresidente, integrantes de la Asamblea Nacional y otras autoridades. Correa ha pedido a su vicepresidente, Lenín Moreno, repetir con él como candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente.