Ernesto Tamara. El año 2008 será recordado en la historia por varios acontecimientos.
En primer lugar por la crisis financiera que ha globalizado la recesión iniciada en Estados Unidos, y por la victoria en las elecciones presidenciales de ese país, del candidato demócrata Barack Obama. El primer afronorteamericano en llegar a la presidencia.
Dos acontecimientos históricos que coinciden con el pronóstico de que la hegemonía estadounidense en un mundo unipolar, ha llegado a su fin.

Fue además un año que para América Latina se inició con una ofensiva de las fuerzas de derecha, con procesos separatistas en Bolivia, la agresión de Colombia a Ecuador -para bombardear y asesinar al dirigente de las FARC Raúl Reyes-, la rebelión de los productores de soja en Argentina, un levantamiento indígena en Perú, y una mayor presencia de grupos narcotraficantes amenazando a varios gobiernos, y la instalación del paramilitarismo colombiano dentro de Venezuela en una estrategia de desestabilización a largo plazo.

Algunas tendencias políticas insinuadas a principio de año se incentivaron, mientras otras se desastivaron casi definitivamente. Por ejemplo, después de marzo era casi seguro una reforma constitucional y la reelección de Alvaro Uribe en Colombia, tras resistir todas las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y vínculos con los grupos narcoparamilitares. Sin embargo, ya a fines de año, la reelección sólo queda como un sueño y el apoyo que tenía el mandatario comienza a disminuir tras la crisis de las llamadas pirámides financieras y la denuncia del asesinato de jóvenes pobres de las ciudades y campesinos para ser presentados por el ejército como guerrilleros caídos en combates y cobrar los premios otorgados por el gobierno dentro de su proyecto de "seguridad democrática".

Relevo en la Casa Blanca
El 2008 comenzó con la carga de ser el año de elecciones presidenciales en la mayor potencia del planeta, por lo que muchos acontecimientos locales eran abordados con esa óptica.
En el partido Demócrata, Hillary Clinton y Barack Obama eran los principales candidatos, mientras que entre los republicanos, el senador y veterano de la guerra de Vietnam, John McCainy el ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani recibían las mayores adhesiones.

En un proceso electoral considerado el más costoso de la historia, más de 2.400 millones de dólares gastaron los dos candidatos presidenciales que se enfrentaron en noviembre (en total los dos partidos gastaron más de 5.300 millones), finalmente se impuso con amplia ventaja el candidato demócrata.
En ese desenlace pesaron los 8 años de mandato de George Bush, con dos guerras iniciadas al inicio y aún sin concluir, y la crisis financiera más grave de los últimos 70 años alentada por una política económica neoliberal.
Los ocho años de gobierno de Bush han sido nefastos para los más pobres en su país, pero una bendición para la industria armamentista y los sectores más poderosos de la sociedad.

Bush recibió de su antecesor, el presidente Bill Clinton, un superávit fiscal de 236.000 millones de dólares en el 2000, que en poco tiempo transformó en déficit y que se estima alcanzará los 500.000 millones cuando se cierre el año fiscal 2007.

Inició su mandato reduciendo impuesto a los más ricos y recortando gastos en la seguridad social, subsidios de enfermedad, etc. Al mismo tiempo permitió que creciera la campaña contra los inmigranres ilegales al punto que es uno de las temas principales de la actual campaña electoral.

Se autoproclamó un "presidente para la guerra" cuando su país sufrió los atentados de las Torres Gemelas en Nueva York y en la sede del Pentágono en septiembre del 2001, aunque después algunos de sus colaboradores revelaron que antes de los atentados ya tenía planes para lanzar una guerra contra Irak.
Bush puede vanagloriarse también de haber destruído los pocos visos de respeto a la legalidad internacional y de establecer una estructura internacional de cárceles secretas para practicar torturas, desapariciones y retener indefinidamente a supuestos "terroristas" sin acusación ni proceso.

Fin de la hegemonía yanqui
En sus "méritos" el presidente Bush puede anotarse también que no logró imponer una solución al conflicto de Medio Oriente, como había anunciado en diciembre del 2007 en la Cumbre de Annopolis, no logró impedir el programa nuclear iraní ni establecer sanciones drásticas a ese país. En cambio si puede atribuirse la mayor crisis financiera y económica de los últimos 70 años, y finalmente, su nombre podrá ser recordado por poner fin a la era de la supremacía militar y económica de Estados Unidos en el mundo.
Hasta un informe de inteligencia norteamericano concluye que para poco más de 10 años, Estados Unidos tendrá que compartir el dominio del mundo con otras naciones.

Un documento dado a conocer por el Consejo de Inteligencia Nacional, sostiene que antes del año 2025 estallarán grandes conflictos por el dominio de mercados y materias primas y augura un superpoblado y complejo mundo multipolar, sumamente fragmentado, donde Estados Unidos tendrá una mermada influencia.
El informe expresa que ya ha pasó la era en la cual el predominio norteamericano se daba por descontado, argumenta que en la nueva situación mundial el sistema occidental perderá todo su esplendor a mediano plazo y pronostica que la Unión Europea estará muy dividida, lo que impactará negativamente en el poderío militar que hoy detenta la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

La enorme crisis militar, económica y de prestigio internacional a que Bush ha conducido a Estados Unidos, está abriendo paso, según diversos analistas internacionales, a la confección de un mundo multipolar, enterrando la supremacía que desde la caída del Muro de Berlín, había sostenido el imperio norteamericano.
La debilidad y falta de liderazgo de Estados Unidos quedó de manifiesto al desatarse la crisis financiera. Las propuestas de soluciones partieron desde fuera de Estados Unidos, ya que el inquilino de la Casa Blanca parecía más preocupado en hacer sus maletas que contribuir a aclarar la situación económica.

La crisis financiera
Los primeros síntomas de la crisis financiera comenzaron a manifestarse el pasado año 2007 con la quiebra de instituciones crediticias que ofrecían préstamos para la compra de viviendas. Al principio todos parecían conformarse con la quiebra de algunas instituciones y la concentración del mercado financiero en pocas instituciones. Pero la quiebra hipotecaria era mucho más profunda.

A la crisis hipotecaria se le sumó la subida desenfrenada de los precios del petróleo y los alimentos que agravaron aun más la situación, todo en medio de una especulación brutal en las Bolsas de Valores.
En marzo del 2008 el gobierno norteamericano tuvo que avalar la compra del fondo de inversiones Bear Stern por la banca Morgan.
En julio, el Estado debió salir al rescate de las dos mayores financieras hipotecarias Freddie Mac y Fannie Mae -entre ambas tenían el 50% de las hipotecas del país-.

El 15 de septiembre, el Banco de Inversión Lehman Brothers pidió protección crediticia ante la ley, oficiamente declarándose en quiebra financiera. Mientras tanto, el banco de inversión Merrill Lynch fue adquirido por Bank of America, a mitad de su valor real, y el fondo de inversión AIG tuvo que ser capitalizado por el Estado.
Finalmente en octubre, el Congreso norteamericano aprobó el plan de rescate financiera por 700.000 millones de dólares, sin que hasta ahora haya ayudado a revertir la situación.
El paquete fue considerado el pago de un chantaje de los grandes bancos al Estado, bajo la amenaza de declararse en quiebra y cerrar.

Ahora el sector industrial, con los fabricantes de automóviles a la cabeza, reclaman un salvataje similar.
El presidente electo Barack Obama anuncia en tanto un programa de inversiones estatales para crear 2,5 millones de empleos, en una propuesta similar a la del "New Deal" del presidente Rooselvelt para salir de la crisis de 1929.

¿Cambios con Obama?
La sola asunción de un presidente afronorteamericano en un país que hasta hace 40 años mantenía la segregación racial, es un paso importante, aunque el candidato ganador esté anunciando ya algunas prácticas políticas similares a la de sus antecesores.

Quizás el mayor efecto del cambio de gobierno en Estados Unidos se concrete en la política interna y en un mayor respeto a las normas internacionales, aunque algunas prácticas imperialistas continuarán, ya que, como el bloqueo a Cuba, son política de Estado compartida por los dos partidos que se turnan en la Casa Blanca.
El equipo de gobierno ya anunciado está plagado de ex funcionarios de la administración Clinton (1992-2000) además de confirmar la permanencia del actual Secretario de la Defensa.

En su campaña electoral, Obama anunció pocos cambios en la relación con Latinoamérica, aunque es probable que elimine algunas de las nuevas restricciones hacia Cuba decretadas por el presidente Bush. Es decir, se volverá a la situación existente en el gobierno de Clinton, y casualmente, la esposa de Clinton, Hillary, será la secretaria de Estado.

Por otra parte, la crisis económica y la recesión ya instalada en Estados Unidos, concentrará los esfuerzos iniciales de la nueva administración, y la relación con Latinoamérica, que por otra parte cada día se muestra más dispuesta a resolver sus asuntos sin la presencia del patotero del norte, no será una prioridad para Obama.

En este sentido, Obama ya ha anunciado planes para incentivar la economía y advirtió que la situación económica todavía empoeorará más antes de comenzar el repunte.

Uribe extiende la guerra fuera de fronteras pero termina sin reelección
A principios de año parecía que el conflicto colombiano podría entrar en una fase de negociación a través de las gestiones humanitarias iniciadas por la senadora liberal Piedad Córdoba, el presidente de Venezuela Hugo Chávez, y otros actores nacionales e internacionales.
Para confirmar esa sensación de que se abría una puerta de negociación, a principios de enero las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) concedieron la liberación de Clara Rojas y Consuelo González, tras la mediación de Córdoba y Chávez.

En ese entonces, el presidente colombiano, Alvaro Uribe, agradeció a Chávez por la gestión que permitió la liberación de las dos políticas retenidas por la guerrilla, y al gobierno de Cuba que, reveló, durante los cinco años y medio de su gobierno, "de manera discreta ha hecho todos los esfuerzos para ayudar a que Colombia construya la paz".

El mandatario también agradeció la gestión de la Cruz Roja Internacional y de la senadora Piedad Córdoba, gestora inicial de estas negociaciones.
Sin embargo mostró poca flexibilidad para avanzar en un acuerdo de liberación de rehenes y presos con la guerrilla.

Uribe insistió en mantener su concepto de "seguridad demócratica" que implica la derrota militar de la guerrilla, aunque admitió la posibilidad de establecer una zona de encuentro para avanzar en un diálogo con la insurgencia, como había propuesto la Iglesia a finales de noviembre.
Asimismo llamó a los miembros de las FARC a desmovilizarse y a considerar lo que describió como "una negociación sencilla, ágil, de buena fe, en la cual serían rodeados de garantías democráticas". Uribe no adelantó ninguna otra medida para avanzar en una negociación concreta.

Al mismo tiempo, las FARC dieron a conocer un comunicado donde expresan que la liberación de las retenidas es un primer paso "esperanzador que invita a pensar en la posibilidad de la paz en Colombia".
"Esta liberación humanitaria y unilateral, se da a pesar de los palos atravesados en la rueda por el propio Presidente Uribe, enemigo jurado del canje de prisioneros y enemigo de la paz con justicia social, siguiendo los lineamientos de Washington", añadía el comunicado.

"Los esfuerzos deben dirigirse ahora a lograr el despeje militar de Pradera y Florida como escenario del diálogo gobierno-FARC para el acuerdo y la materialización del canje que haga posible la liberación de todos los prisioneros y de los guerrilleros presos en las cárceles del régimen, incluidos Sonia y Simón Trinidad, (presos en EE.UU)", decía el comunicado.

Pero, las expectativas de avanzar en la mediación y el diálogo fueron definitivamente quebradas con el ataque colombiano, con apoyo norteamericano, a una base transitoria de las FARC en territorio ecuatoriano.
En una operación nocturna, aviones colombianos bombardearon el campamento, seguido de un asalto en helicópteros y tropas especiales que se dedicaron a liquidar a los heridos y recuperar equipos. 17 presuntos guerrilleros fueron muertos en el ataque, entre ellos el número dos de las FARC, Raúl Reyes. Su cadáver fue rescatado y llevado a Bogotá, siendo enterrado en un lugar secreto varios días más tarde. La autopsia realizada por médicos militares colombianos permite concluir que fue ultimado cuando estaba herido.
Posteriormente, militares ecuatorianos que llegaron al lugar rescataron tres estudiantes heridas, dos de ellas mexicanas, que confirmaron que el ejército colombiano remató heridos después del ataque.
Las estudiantes habían llegado al campamento desde Quito, donde participaban en una conferencia internacional y querían entrevistar al jefe guerrillero dentro de un plan de estudio de la realidad latinoamericana.

La violación de la soberanía territorial ecuatoriana provocó una crisis regional. El gobierno de Colombia engañó al presidente ecuatoriano dando falsa información sobre la ocurrido.
Al principio Correa se enteró de la muerte de Reyes por una llamada telefónica del presidente Alvaro Uribe, varias horas después de lo ocurrido, y la primera versión había sido la de un choque entre soldados y guerrilleros que culminó con la fuga hacia Ecuador de los insurgentes.
Sin embargo, horas después el ministro de Defensa de Colombia revelaba el ataque aéreo a un campamento improvisado de las FARC en territorio ecuatoriano, a dos kilómetros escasos de la frontera, y el ingreso de soldados colombianos a Ecuador para capturar el cadáver.

Horas después Correa llamaba a su embajador a consultas y advirtió que iría "hasta las últimas consecuencias para que se aclare este escandaloso hecho que es una agresión a nuestro territorio".
Correa calificó la situación de "extremadamente grave e intolerable". En una alocución nacional, el mandatario explicó que "luego de la visita por parte de nuestras fuerzas armadas y autoridades políticas del gobierno a la zona de ataque, irrefutablemente se confirma que el Ecuador sufrió un planificado ataque aéreo y una posterior incursión de tropas colombianas, con plena conciencia de que estaban violando nuestra soberanía", señaló.
"Fue una masacre. Los aviones colombianos ingresaron al menos 10 km a nuestro territorio para realizar el ataque desde el sur, luego llegaron tropas transportadas en helicópteros que culminaron la matanza, incluso se hallaron cadáveres con tiros en la espalda", aseguró.

Para Correa, todo esto demuestra que el Ministerio de Defensa colombiano, la Cancillería de dicho país y el propio presidente Uribe, más aún cuando le informó del hecho vía telefónica, le están mintiendo a Ecuador y al mundo.

"Lo que ocurrió, repito, fue claramente una acción deliberada dentro de nuestro territorio, la cual atenta contra nuestra soberanía, los acuerdos bilaterales con Colombia y contra el derecho internacional, pero sobre todo contra el respeto y la confianza que deben existir entre países vecinos y hermanos. No podemos confiar en un gobierno que traiciona la confianza de un pueblo hermano", indicó.

Tanto Ecuador como Venezuela, que se solidarizó con el gobierno de Quito, movilizaron tropas a la frontera. Colombia amenaza con una guerra en Sudámerica, advirtió el presidente venezolano Hugo Chávez.

Soluciones sin Estados Unidos
La Oganización de Estados Americanos (OEA) reaccionó como siempre con mucha lentitud y formalismo. La escalada belicista fue finalmente frenada en una cumbre del llamado Grupo de Río, celebrada en Santo Domingo, sin la presencia de delegados o funcionarios norteamericanos.

En esa reunión, el presidente colombiano Alvaro Uribe, pidió disculpas por el ataque a territorio ecuatoriano, se comprometió a no empreder nuevas acciones de ese tipo, pero insistió en que su doctrina de la "seguridad democrática" para Colombia, está por encima de las fronteras y el respeto a la soberanía de sus vecinos.
Es significativo que el acuerdo para frenar la escalada bélica y recomponer las relaciones se haya verificado sin la presencia de diplomáticos norteamericanos. Cómo subrayaron varios líderes regionales, mientras la Organización de Estados Americanos (OEA) se toma varios días para "analizar" la situación sin condenar una agresión que abiertamente infringe contra el artículo 21 de su Carta Orgánica, en una cumbre de seis horas, los líderes latinoamericanos, aunque discutieron fuertemente, llegaron a firmar un documento que compromete a las partes y frena el deterioro de las relaciones y la movilización de tropas en las fronteras.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, dijo que Estados Unidos quiso bloquear todo intento de resolver la crisis con Colombia en favor de su país.

Correa reveló que varios dignatarios le dijeron que los presionaron para que no tomaran ninguna posición y descartaran trabajar para una solución al conflicto ecuatoriano-colombiano, con el argumento de que se trataba de un problema bilateral.

"Por suerte, los mandatarios entendieron que se abordaba un asunto multilateral y se resolvió este conflicto, generado por la violación de la soberanía nacional de Ecuador por fuerzas militares de Colombia", subrayó.
Correa destacó que Estados Unidos es responsable de que la crisis no se haya resuelto en la OEA. "Uno de los problemas de que OEA no avance más rápido, son los Estados Unidos" recalcó el gobernante. Para ello insistió que esta experiencia hace necesario crear una OEA, sin Estados Unidos. Necesitamos una OEA sólo conformada por países de la región, "es decir una Organización de Estados Latinoamericanos", resaltó Correa.

Acumulando denuncias
Tras la muerte de Reyes el gobierno de Colombia cerró todos los caminos de negociación y estimuló una política de pago de recompensas a los guerrilleros de las FARC que deserten y asesinen a sus jefes. Una política que al parecer le dió ciertos frutos.
Mientras tantos, los jefes paramilitares acogidos a la ley de "justicia y paz" comenzaron a involucrar a altos políticos del "uribismo" y hasta el mismo presidente, en componendas políticas y en masacre contra campesinos.

El fenómeno conocido como la "parapolítica" llevó a la detención de más de medio centenar de diputados y senadores, entre ellos del primo del presidente, el senador Mario Uribe que intentó refugiarse en la embajada de Costa Rica.

El presidente Uribe fue acusado por su presunta participación en la masacre del pueblo El Aro de octubre de 1997 cuando era gobernador de Antioquia.
La investigación que aún permanece abierta, está basada en el testimonio de un paramilitar preso por otros crímenes, y a quien Uribe calificó de "bandido con ánimo de venganza contra un ciudadano honorable"
Otra denuncia que lo involucró fue la compra del voto de la diputada Yidis Medina para habilitar la reelección de Uribe en el 2006.

Tras el procesamiento de Yidis Medina por el delito de cohecho (al aceptar pago por su voto), la Corte Suprema de Justicia solicitó a la Corte Constitucional que revisar el Acto Legislativo que permitió la reelección presidencial. Sin embargo tiempo después, la Corte Constitucional admitió que aunque existió la compra de voto, la releeción fue válida.
Pero, a medida que las denuncias contra legisladores oficialistas comenzaron a acumularse, la credibilidad del gobierno fue cayendo.
Sopresivamente, a mediados de mayo, el gobierno de Uribe liquidó todas las investigaciones con la extradición de 14 jefes paramilitares a Estados Unidos.

"Los antiguos jefes paramilitares no han cumplido con los compromisos que asumieron en el proceso de paz. Algunos han reincidido en actividades criminales, otros no cooperaban de manera debida con la justicia y todos incumplían con la indemnización a las víctimas", dijo el presidente colombiano al justificar la medida. Los jefes paramilitares eran reclamados por Estados Unidos acusados de narcotráfico, lavado de dinero y financiación del terrorismo.

En Colombia no era un secreto que los jefes paramilitares seguían con el negocio de la droga, ocultaban sus fortunas para no indeminizar a sus víctimas, y mantenían vínculos con las nuevas bandas paramilitares emergentes.

En ese momento, la justicia investigaba a más de 60 legisladores salpicados en este escándalo, 33 de ellos en la cárcel, entre ellos Mario Uribe, primo del presidente. Además, los jefes "paras" estaban confesando la infiltración en los aparatos del Estado, incluyendo el ejécito. Salvatore Mancuso, uno de los jefes para extradictado había revelado que el actual ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, se entrevistó con él varias veces para organizar un compló contra el ex presidente Ernesto Samper. También aseguró que el vicepresidente Francisco Santos buscó apoyo de las AUC para crear un frente paramilitar en Bogotá. Con la extradición, la justicia colombiana perdió a sus principales testigos de la parapolítica.

"Se fueron los testigos de la parapolítica, con quienes los políticos han hecho los acuerdos", dijo comentó el ex ministro de Defensa Rafael Pardo y ex aspirante a la presidencia por el opositor Partido Liberal.
Por su parte, la ex canciller y dirigente del Polo Democrático, María Emma Mejía, consideró la decisión como una verdadera "tragedia" para la justicia colombiana que ahora no podrá juzgar los delitos contra la humanidad cometidos por estos paramilitares. "Todos ellos tenían delitos de lesa humanidad que debían haber sido juzgados en Colombia y por Colombia", agregó.

Con respecto a las víctimas y sus familiares, Iván Cepeda, director del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), expresó que la extradición estuvo orientada a dejar en la impunidad a los políticos, militares y empresarios que estuvieron detrás de esos crímenes. "Esta decisión busca impedir que se identifique a los cómplices políticos, militares y económicos, una parte de los cuales están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia", enfatizó Cepeda.

Tiempo después, la justicia comenzó a liberar a los políticos investigados.
Al mismo tiempo, el presidente Uribe presionó a la justicia para iniciar la investigación de supuestos vínculos de la guerrilla con legisladores opositores. La denuncia estaba basada en el contenido de los correos electrónicos encontrados en las computadoras y memorias portátiles capturadas a Raúl Reyes.

Durante meses, el gobierno colombiano filtró a la prensa supuestos contenidos de la computadora y brindó interpretación de su contenido, atribuyendo alias a personajes políticos locales y hasta presidente extranjeros.
Sin embargo, la seriedad de las denuncias basadas en el contenido de la computadora de Reyes fue lesionada con la comprobación de que la misma fue manipulada, además del mal manejo de la información contenida. En un intento por involucrar a un ministro ecuatoriano, la prensa reveló una foto del ministro en el campamento de las FARC. Sin embargo se comprobó que se trataba del secretario general del Partido Comunista argentino, Patricio Etchegaray que le había realizado una entrevista publicada en una revista argentina.

La liberación de Ingrid Betancourt
En el peor momento de popularidad internacional de Uribe, en una oscura maniobra aún no totalmente aclarada, el ejército colombiano logra la la liberación de Ingrid Betancourt y otros 14 prisioneros de las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia (FARC) a principios de julio.
Al parecer el ejército usó las negociaciones emprendidas por representantes del gobierno francés con las FARC. El gobierno colombiano interceptó -o Francia le entregó la información- las negociaciones y contactó a dos mandos medios guerrilleros a cargo de los retenidos ofreciendole una recompensa para desertar con los prisioneros.

Montaron un espectáculo con un helicóptero pintado con el símbolo de la Cruz Roja para engañar a los custodias que no estaban al tanto de la negociación y simularon una operación de canje de prisioneros.
La acción, que otorgó oxigeno a un devaluado presidente, lesionó a las FARC sumergidas en una crisis con la muerte de Reyes y otros dirigentes, y la deserción de mandos medios.
Pero, un mes más tarde, a fines de agosto, el gobierno colombiano sufrió otra crisis con la captura del hermano del ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia investigado por su relación con el paramilitarismo y el narcotráfico.

Según una investigación preliminar, Guillermo Valencia habría favorecido a la organización comandada por Daniel Rendón Herrera, hermano del ex jefe paramilitar conocido con el alias de El Alemán.
Tiempo después, a mediados de septiembre, el Tribunal International de Opinión, celebrado en la sede del Parlamento Europeo, halló al gobierno de Colombia culpable de crímenes contra la Humanidad, tras recibir el testimonio de varios testigos, y en consonancia con el fallo de tribunales similares anteriores.
Mientras la justicia prosigue esa investigación, se conoció que el ejército ha presentado "falsos positivos" en la lucha contra la insurgencia.

Hace dos años, empezaron a desaparecer campesinos y marginados sin motivo alguno. Sus cuerpos fueron encontrados después, a decenas de kilómetros, y el Ejército los contabilizó como insurgentes muertos en combate. En total han sido supuestamente 55 víctimas, aunque las ONG elevan hasta 2.100 los casos de posibles ejecuciones extrajudiciales, cometidas desde 2002 presuntamente por militares, en complicidad con narcotraficantes, paramilitares y delincuentes comunes. Oficialmente, la justicia investiga más de mil desapariciones.

Más de 3.000 funcionarios del Ejército están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación en relación con los cientos de casos que han sido denunciados. El gobierno ha destituido a 40 militares hasta ahora.

Para finalizar el año, el presidente Uribe se ha visto involucrado en una nuevo escándalo: la quiebra de las financieras que ofrecían alta rentabilidad a los depositantes.
El fenómeno de las "pirámides" no sólo afectó a la campaña de recolección de firmas para impulsar una reforma constitucional que le permitiera una nueva reelección, sino que también afectó a uno de sus hijos, asociado al negocio.

Al punto que el ex ministro del Interior del gobierno de Álvaro Uribe, y tradicional líder del Partido Conservador, Carlos Holguín Sardi, pidió a los miembros de su partido "no votar un referendo reeleccionista incierto, porque serán ellos quienes paguen los platos rotos y se quedarán sin posibilidades de reaccionar".
Se declaró el más uribista y reeleccionista de todos, pero reveló que el propio jefe de Estado le había dicho que estructurara su campaña con la claridad de que no iba a haber reelección. Por eso llamó a los partidos a arrancar motores y empezar la gesta electoral.

(Continúa en el próximo número)