La sanción del decreto 1015 fue rechazada por las organizaciones indígenas que se han mantenido movilizadas.
Las organizaciones indígenas y campesinas sostienen que el derecto 1015 es una herramienta para el despojo de sus territorios "y arrasar con las formas tradicionales de trabajo, economía y organización".

Explicaron que el decreto modifica la ley 26505 (ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas), la cual exigía como requisito para la venta de tierras comunales el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los miembros de la Comunidad. La norma modificatoria reduce este requisito al voto aprobatorio del 50 por ciento más uno de los asistentes a la Asamblea Comunal.

En la práctica, el decreto 1015 desconoce el requisito del quórum reglamentario que exigen todas las normas legales. Por ejemplo, si una comunidad de mil miembros hace una "asamblea" con cien personas, bastará el voto de 51 de ellas para disponer de los territorios comunales.

A ello se añade que quienes no son miembros de la Comunidad, podrán pedir la titulación de tierras con el mismo requisito: el 50% más 1 de los asistentes a la Asamblea.

Esto implica un grave riesgo, porque las empresas extractivas que invaden territorio comunal pueden apropiarse "legalmente" de esas tierras amañando "asambleas".

De hecho en los últimos años Perú ha captado más de 400 millones de dólares por año en inversiones mineras y su producción en este rubro se ha multiplicado. Sin embargo ha sido poca la nueva mano de obra ocupada, y las inversiones han castigado comunicades indígenas, han destrozado el medio ambiente y están provocando daños irreparables al ecosistema.

En un reciente VIII Simposio Internacional del Oro que se celebró en Lima, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Perú, Ysaac Cruz, afirmó que hay 15.000 millones de dólares previstos en inversión extranjera para el periodo 2008-2015 en el sector minero.

Cruz expuso que actualmente existen más de "200 proyectos de exploración, 30 más en fase de exploración avanzada y seis minas que van a ampliar sus actividades".

Por su parte, el gerente de la Sociedad Nacional de Minería, Guillermo Albareda, declaró que la existencia de "unos Andes prácticamente vírgenes" en cuanto a exploración, unidos al "sostenido crecimiento económico del país" y un gobierno que "emite buenas señales para la inversión" convierten al Perú en un destino ejemplar para las empresas.

Perú es el primer productor mundial de plata, el tercero de zinc y cobre, así como el quinto de oro. En los últimos quince años, este sector ha concentrado el 62 por ciento de las exportaciones totales del país y sólo en 2006 las ventas al exterior de minerales se calcularon en 14.000 millones de dólares.
Pero estos beneficios no se vuelcan en las comunidades ni en los trabajadores mineros.

Los departamentos, donde prevalece la minería, ostentan los más altos niveles de pobreza del país. Cajamarca, donde está ubicada la Minera Yanacocha -51.35% de cuyas acciones las posee la transnacional estadunidense Newmont Mining Corporation, 43.65% el grupo nacional Benavides y el 5% la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial-, que aporta alrededor del 10% de las exportaciones del país, es el quinto departamento más pobre del país con 77.4% de su población viviendo en la pobreza y 50.8% en la extrema pobreza.

Los mineros de Perú, donde casi el 50 de la población vive en la pobreza, denuncian que más de 90.000 trabajadores son contratados o subcontratados con sueldos de unos diez dólares diarios y que su esperanza de vida no supera los 50 años.