Ernesto Tamara. En los últimos días se renovó la ofensiva de los grandes medios internacionales contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Menos de 24 horas después que la justicia de ese país allanara la sede de algunas organizaciones no gubernamentales para acceder a sus balances contables, los medios de comunicación, organizaciones internacionales, escritores, periodistas, y el embajador norteamericano en Managua, protestaban juntos o por separado, contra lo que calificaron "amedrentamiento del gobierno" a la sociedad civil.

Como en las películas de ficción, habría que colocar el cartel de "cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia", aunque casi todas las acusaciones, y hasta los protagonistas de los reclamos contra el gobierno de Managua, sean los mismos que en Venezuela cuando el gobierno de Chávez no renovó el permiso de transmisión de Radio Caracas Televisión, o cuando expulsó al presidente de American Watch, el chileno José Vivanco.

Allanamiento a varias ONGs
El anterior fin de semana, la Fiscalía y la Policía allanaron las sedes del Centro para la Investigación de la Comunicación (CINCO) y el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM).

Según la Fiscalía, ambas entidades son investigadas por presunto lavado y triangulación de fondos, empleados en campañas de ataques contra el gobierno constitucional.

Un par de días después de la acción policial, el Inspector General del Ministerio Público, Fiscal Armando Juárez, dijo que en los primeros análisis de la documentación se había encontrado "hallazgos catastróficos" aunque sin más especificaciones.

Armando Juárez, dijo que la decisión de los allanamientos se debió a la rebeldía de los directivos de esas organizaciones, Carlos Fernando Chamorro y Sofía Montenegro, que se negaron a comparecer a dos citatorias de la fiscalía.

Las dos organizaciones son investigadas por una denuncia del Ministerio de Gobernación (Interior), agregó Juárez. Esa cartera "investigó" y "detectó" que 17 ONG del país no tenían al día sus cuentas y papelería, dijo.
En ese grupo investigado se encuentra la Coordinadora Civil, que aglutina a más de 200 pequeñas y medianas ONG que reciben fondos de la cooperación internacional y son las más críticas del gobierno que encabeza Daniel Ortega.

La ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, y la fiscal general adjunta Ana Julia Guido afirmaron que se investiga una posible triangulación de fondos que "podría implicar lavado de dinero" y con ese sustento el caso por sospechas de narcotráfico y otros delitos vinculados al crimen organizado. Morales agregó que hay sospechas de que los fondos de la cooperación externa dirigida al Centro de Investigación de la Comunicación se estuvieran desviando al Movimiento Autónomo de Mujeres, con el propósito de financiar protestas contra el gobierno.

Carlos Fernando Chamorro, dirigió en la década de los 80 el diario oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional, "Barricada", es hijo de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y del periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por agentes de la dictadura de la familia Somoza en 1978. Actualmente es director del programa televisivo "Esta semana" y editor del semanario Confidencial, que el pasado año publicó una investigación que exponía extorsiones efectuadas por operadores del FSLN a inversores turísticos.
La otra ONG allanada fue el Movimiento Autónomo de Mujeres, liderado por Sofía Montenegro, feminista e investigadora social que encabeza las movilizaciones contra la penalización del aborto terapéutico, resuelta en 2006 por el Poder Legislativo con los votos del FSLN y el apoyo de la Iglesia Católica.

Desde el oficialismo se recordó que Montenegro es hermana de un antiguo miembro de la somocista Guardia Nacional, a quien los sandinistas capturaron y fusilaron en 1979, durante la insurrección contra el somocismo.
Además de estas organizaciones, unos días antes, la Fiscalía inició un proceso legal contra el Instituto Republicano Internacional (IRI) de Estados Unidos y con sede en Managua. Su representante en la capital nicaragüense, Sergio García, fue citado el pasado día 10 por el Ministerio Público de Nicaragua para declarar sobre supuestos delitos electorales en base a una denuncia presentada por el Consejo Supremo Electoral (CSE). El director de Atención a Partidos Políticos del Poder Electoral, Julio Acuña, acusó al IRI a inicios del mes pasado de haber invitado a Nicaragua al ex presidente de México, Vicente Fox, a dictar una conferencia en Managua sobre la situación de la democracia en Latinoamérica. En esa conferencia, el ex mandatario mexicano, activo en la Internacional Liberal, hizo proselitismo político en favor del candidato liberal a la Alcaldía de Managua, el diputado liberal y ex candidato presidencial, Eduardo Montealegre.

La citación judicial movilizó a la embajada norteamericana. El embajador Robert Callahan, expresó públicamente su "profunda preocupación" por el proceso legal y advirtió que podría deteriorar las relaciones bilaterales.

Informó que había enviado una nota de protesta a la Fiscalía, aunque no reveló su contenido. El embajador sostuvo que el proceso contra IRI, "ha llamado la atención" de los partidos Republicano y Demócrata en el Congreso de Estados Unidos., y la definió como "una organización no gubernamental cuyo objetivo declarado es promover la democracia".

"Este caso tiene el potencial de dañar seriamente las relaciones entre nuestros gobiernos", afirmó el diplomático.

En tanto, el periodista Carlos Fernando Chamorro sostuvo que la denuncia no tiene ningún sustento ni base legal, "simplemente se trata de una persecución política por las investigaciones periodísticas donde sobresalen actos de corrupción gubernamental y denuncias sobre el abuso de poder del gobierno Ortega-Murillo".
"A mis defendidos la fiscalía no les ha dicho de qué los acusan, no hay un proceso judicial, no hay una formulación de casos, simplemente está actuando al margen de la legalidad", dijo el abogado Boanerges Ojeda, defensor de Chamorro y Montenegro.

En tanto, el presidente Daniel Ortega salió a contestar duramente a las campañas internacionales contra la medida.

"Los oligarcas se sienten con el derecho a la impunidad y se creen, como la mafia, ser intocables", precisó el mandatario al abordar las actividades de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país.
En Nicaragua, señaló, hay un total de cuatro mil 200 ONG, de las cuales cuatro mil 192 trabajan sin problemas y ocho han sido llamadas a rendir cuenta de sus actividades.

Estas esconden sus documentos, sus cuentas y obligan a las autoridades y al juez a acudir a la policía pues no facilitan la información, dijo.

Si un ex presidente fue a la cárcel (Arnoldo Alemán), por qué los oligarcas van a ser intocables, preguntó Ortega. Si no tienen nada que ocultar, por qué arman tanta algarabía cuando las autoridades judiciales citan a algunos de su grupo, indicó.

Apunten contra Ortega
Es cierto que la figura de Daniel Ortega, y hasta sus posiciones políticas, son una pálida sombra del presidente de Nicaragua en la década de los 80. El Frente Sandinista no es el mismo e incluso desde fuera del Frente, otros revolucionarios reclaman su identidad.

Pero independiente de los vaivenes políticos de Daniel Ortega, el hecho indudable es que ganó las elecciones nacionales con amplia mayoría, sin necesidad de ir a una segunda vuelta presidencial, y que su gobierno, apenas progresista, significó un cambio a 16 años de gobiernos neoliberales que desmantelaron los avances en seguridad social, salud y educación, que había logrado la Revolución Sandinista entre 1979 y 1989.
El 5 de noviembre de 2006, Daniel Ortega, candidato del FSLN, obtuvo 40 por ciento de los votos, mientras los derechistas Eduardo Montealegre, de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), y José Rizo, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), lograron 33 por ciento y 20 por ciento de sufragios. El Movimiento Renovador Sandinista (MRS), disidente del FSLN, consiguió 7,5 por ciento.

Según la ley electoral nicaragüense, para proclamarse presidente en la primera ronda el candidato vencedor necesita obtener 40 por ciento de los votos válidos, o bien 35 por ciento con una ventaja de cinco puntos porcentuales sobre el segundo aspirante más votado.

Parece evidente que la derecha internacional está decidida a impedir que Nicaragua festeje el próximo 19 de julio, los 30 años de la Revolución que derrocó al dictador Anastasio Somoza, teniendo un presidente que entonces lideró junto a otros, la insurreción popular.

El proyecto de Daniel Ortega distaba mucho de la revolución de los 80, y su acercamiento al sector más reaccionario de la Iglesia Católica, al ordenar previo a las elecciones que sus diputados votaran el proyecto de ley que penalizaba el aborto bajo cualquier circunstancia, provocó todavía más desconfianza en el ex guerrillero.

Sin embargo, las críticas más repetidas en la prensa provenían de la derecha liberal internacional que no había escatimado esfuerzos ni recursos económicos para impedir su victoria electoral.

El vicepresidente de la Internacional Liberal, Werner Hoyer, declaró en Managua, en vísperas de las elecciones, que una victoria de Ortega "sería una tragedia" y que "Nicaragua retrocedería a épocas anteriores", es decir a la guerra. "Estoy muy consciente de cómo ha sufrido el pueblo de Nicaragua. Dos tercios de la población es joven y no está consciente de lo que pasó en estas épocas (años 80) y sería una tragedia retroceder a una época caracterizada por sufrimientos", subrayó el también diputado alemán.

No estaba solo en las críticas, desde el Departamento de Estado norteamericano también se advertía sobre los peligros de elegir como presidente a Ortega, sin importar su transformismo político. El entonces embajador norteamericano en Managua intervino hasta en la designación de los candidatos liberales, distribuyó fondos, etc.

Ortega proponía un acuerdo energético con Venezuela, y un plan de apoyo a la prqueña y mediana industria y la reactivación del empleo, eludiendo las recetas neoliberales implementadas hasta entonces. Según datos económicos previos a las elecciones de noviembre del 2006, desde 1991 a la fecha, los trabajadores habían perdido el 53% de su poder adquisitivo.

Elecciones municipales
El próximo 9 de noviembre se celebrarán elecciones municipales y ello será un exámen para los 20 meses de gobierno de Ortega.

En esta ocasión, las dos principales fuerzas de la derecha participarán unidas e intentarán arrebatar al FSLN el gobierno de Managua.

La oposición presenta como candidato a alcalde al diputado liberal y ex candidato presidencial, Eduardo Montealegre, mientras que el FSLN, impulsa la candidatura del ex campeón mundial de boxeo y ex vice alcalde de Managua, Alexis Argüello.

En varias encuestas Argüello parece triunfar en Managua. El candidato sandinista dijo que el FSLN ganará más de las 87 (en total hay 153 alcaldías) alcaldías que tiene en el poder, porque Ortega ha hecho un trabajo "encomiable" en sus 20 meses de gobierno y es necesario para consolidar el "nuevo modelo" de país.
La disidencia sandinista del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), no participará en los comicios después que en el pasado mes de junio, el tribunal electoral canceló, su personería jurídica alegando que esta organización había violado sus estatutos internos. En esa misma fecha el tribunal canceló también al Partido Conservador (PC) por no inscribir el número mínimo de candidatos para participar en los comicios municipales.
La oposición sostiene que la abstención favorece al gobierno.

Los sandinistas tienen "el respaldo de una minoría de la población, y si esa minoría disciplinada va y vota en un contexto de alta abstención, Ortega puede ganar una victoria política", advirtió Edmundo Jarquín, líder del Movimiento de Renovación Sandinista (MRS).

También los dirigentes conservadores que acusaron al gobierno de promover el desinterés en los comicios, sostienen lo mismo, y le atribuyen al sandinismo una base electoral fija de alrededor del 35%.
"Es importante que la mayoría disconforme con Ortega acuda masivamente a las urnas a "votar contra la dictadura" de Ortega, lo que significa votar contra "los candidatos del FSLN", exhortó Jarquín, en una entrevista publicada por el diario conservador La Prensa.

Por su parte el líder del PLC, el ex presidente Arnoldo Alemán, coincide en que el abstencionismo "favorece al Frente Sandinista" y que la prensa ha "caído en la trampa" de enfocarse únicamente en las ONGs, descuidando la poca "transparencia" que rodea los comicios, y la negativa a convocar observadores.

El primer vicepresidente del PLC, Wilfredo Navarro, denunció que el gobierno de Ortega promueve "la abstención y el fraude electoral" en estas elecciones municipales. La abstención electoral, el voto nulo y un voto en contra de la alianza PLC, agregó, favorecen al sandinismo y por ello el FSLN "quiere entronizar el abstencionismo por terror".