Este miércoles y jueves se reúnen en Bruselas los jefes de Estado y de gobierno de los 27 países miembros de la Unión Europea, con el objetivo de ampliar a todos los países la decisión ya adoptada por el grupo de los 15 -los socios fundadores- para salvar al banca.

Los 15 países del autodenominado Eurogrupo, decidieron volcar 2 billones de euros para salvar los bancos en crisis y garantizar los depósitos.

Las economías más fuertes de la Unión consideran estatizar bancos completos o parte de ellos para mantener la estabilidad de la plaza financiera, evitar las corrida de depósitos y reactivar el crédito para el comercio y la construcción de viviendas.

Sin embargo, como ya admitió el primer ministro británico, Gordon Brown, apenas los bancos vuelvan a ser saneados, serán otra vez privatizados por completo.
Algunos comentaristas han destacado que con esta decisión de estatizar parte del sistema financiero se inicia una nueva etapa de mayor control estatal, y algunos pronostican una nueva época de políticas keynesianas, es decir de inversión estatal para promover el trabajo y reactivar la economía.
Pero estos augurios parecen apresurados.

Los gobernantes europeos, y hasta el propio George Bush, admiten cierto control estatal provisorio, pero sólo para salvar los bancos, aunque siguen apostando a la libertad de mercado para todo el conjunto de la economía.

El rechazo del primer ministro sueco, Fredrik Reinfeldt a apoyar la industria automotriz, después que la Volvo anunció el envío al seguro de paro de más de 4 mil trabajadores, es sólo un ejemplo de esa actitud. Otra clara señal es que pese a que la crisis financiera ha sido interpretada en todo el mundo como un fracaso de las políticas neoliberales, el presidente de turno de la U.E. Nicolas Sarkozy, hizo un llamado para que Irlanda -que rechazó en un plebiscito el Tratado de Lisboa- lo vuelva a votar para ratificarlo, y al mismo tiempo metió presión para que Suecia y la República Checa lo aprueben en sus parlamentos.

El Tratado de Lisboa que sustituyó a la fracasada Constitución europea tras el rechazo de Francia y Holanda, define a las políticas liberales como el modelo a establecer en los países miembros, una especie de seguro al neoliberalismo contra cualquier cambio político en la región.