Ser sindicalista en Colombia implica grandes riesgos, hasta la muerte. "En los primeros nueves meses del año, 32 sindicalistas han sido asesinados" ilustró Eberto Díaz, presidente FENSUAGRO, en una reciente gira por Europa, y amenazado de muerte a través de su familia, mientras prestaba testimonio en un juicio al Estado colombiano en el Parlamento Europeo. Las amenazas firmadas por un comando de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, "Amigos de Alvaro Uribe" obligaron a reclamar al Estado su protección para permitir su arribo al país.

En una nota al presidente de Colombia, la Confederación Sindical Internacional (CSI) que representa a 168 millones de trabajadores y trabajadoras le solicitó al presidente Uribe que tome las medidas para proteger a Eberto Díaz a su regreso al país.

La nota recordó que el pasado 18 de septiembre FENSUAGRO recibió un mensaje de correo electrónico firmado por una organización paramilitar que se hace llamar: "AUC - Amigos de Alvaro Uribe en Colombia" y que amenaza de muerte a Díaz y al secretario de FENSUAGRO, Juan Efraín Mendoza.

También un familiar de Díaz fue abordado por hombres armados que le repitieron la amenaza.
El dirigente sindical campesino participó el mes pasado en un juicio popular al gobierno de Alvaro Uribe celebrado en el Parlamento Europeo -y que concluyó con una condena- y posteriormente intervino en el Foro Social Europeo en Malmö, y visitó otras ciudades para informar sobre la situación de su país.

Entrevistado por Liberación recordó que "en los últimos 15 años han sido asesinados alrededor de 3 mil sindicalistas, y en los que va del años llevamos más de 32 compañeros asesinados. Sólo en FENSUAGRO van 12 campesinos asesinados este año. Nuestra Asociación ha sido víctima de crímenes de Estado. En los 32 años de fundado tenemos cerca de 1.500 miembros de nuestra organización asesinados.

Díaz sostiene que si bien la Constitución y los códigos de Trabajo admiten el derecho a la sindicalización, la realidad muestra otra cosa.

"Del potencial de los trabajadores de Colombia, sólo el 5 por ciento está sindicalizado, es decir unos 600 mil trabajadores. Las libertades sindicales, el derecho a la asociación, el derecho a la libertad de movilización, de organización, de hecho está prohibido en Colombia. Si es dificil en las ciudades, peor es en el campo donde la seguridad que brinda el Estado es menor, y donde impera el terror, la ley del más fuerte.

Por eso decimos que realmente no hay libertades de asociación ni garantías para que los campesinos puedan exigir sus reivindicaciones más inmediatas con cierta seguridad".

Recordó que en el año 2002, cuando la toma de mando por el presidente Alvaro Uribe, las organizaciones campesinos decidieron movilizarse para presentar sus demandas.

"Logramos movilizar cerca de 150 mil campesinos en todo el país, y el gobierno nos dió un tratamiento de guerra, sacó los tanques para enfrentar a los campesinos, se movilizaron las tropas a las carreteras para que los campesinos no hicieran corte de rutas. La ministra de Defensa de ese entonces salió a decir que esa era una movilización impulsada por la insurgencia, y la siguieron otras autoridades nacionales, para justificar la represión contra los campesinos".

Eberto Díaz destacó con orgullo que FENSUAGRO fue creada en 1976 e impulsada por la antigua Central Sindical de Trabajadores de Colombia, que en los años 80 dió paso a la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT).

La Federación tiene 62 organizaciones afiliadas y nuclea a unos 80.000 afiliados, campesinos sin tierra, pequeños propietarios, trabajadores de la agroindustria, entre otros, y tiene presencia en 22 de los 32 departamentos del país.

"Nuestra organización se fundó con el objetivo de luchar por la tierra, por conseguir una reforma agraria radical que acabe con el latifundio y democratice la propiedad de la tierra" subrayó.

15 mil propietarios tienen 49 millones de hectáreas
Díaz no duda en definir que la principal causa de la violencia en Colombia es la lucha por la tenencia de la tierra. "En Colombia la violencia ha estado ligada al problema de la tenencia de la tierra. Las grandes concentraciones de tierras, los grandes latifundios, los terratenientes, han sido generadores de la violencia contra los campesinos", indicó.

El presidente de la Federación campesina sostuvo que los campesinos siempre han sido marginados de la política agraria del país, y que esa política agraria, impulsada por el Estado y los terratenientes, ha buscado siempre sacar a los campesinos de sus tierras y empujarlos a la selva.

"Así los campesinos van tumbando selva y detrás van los terratenientes apoderándose de esa nueva tierra".
"Por ejemplo, en el año 1948 con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, un caudillo liberal, estalla la mayor violencia en el país que dura alrededor de 9 años. En esa violencia fueron muertos 200 mil campesinos y fueron desplazados de sus tierras cerca de 2 millones de campesinos".

Sin embargo esa situación no se detiene, y en los años 80 se produce una nueva ola de violencia. Díaz sostiene que esta nueva etapa, surgida a fines de los años 80 y que se extiende hasta hoy, "ha causado 30.000 personas desaparecidas, 4 millones de desplazados en el país, 6 millones de hectáreas de tierra quitada a los campesinos y una concentración mayor de la propiedad.

Hoy, 15 mil propietarios son dueños 49 millones de hectáreas, mientras hay más de 1,5 millón de familias que no poseen un sólo centímetro. Entonces vemos que alrededor de la gran propiedad de la tierra se ha generado una gran violencia del latifundio contra los campesinos del país".

¿Quiénes se han apropiadado de estas tierras?
Terratenientes, narcotraficantes y para militares han sido los nuevos actores de esta violencia y de contrareforma agraria.

El presidente de FENSUAGRO sostuvo que los terratenientes siguen siendo los primeros en beneficiarse de esta apropiación de tierras, aunque han surgido otros sectores que se han obtenido tierras.

Entre estos sectores identificó al narcotráfico, "que ha hecho una profunda contrarreforma agraria. Ha comprado tierras de los campesinos ofreciendo tres veces más de lo que pagaba el Estado. Si el Estado ofrecía un millón de pesos por una hectárea, el narcotráfico ofrecía 3 millones. Así los narcotráficantes se han apoderado de 6 millones de hectáreas de tierra".

"También están los narcoparamilitares que con la violencia se han apoderado de otras 6 millones de hectáreas. Los narcoparamilitares obligaban a los campesinos a venderles sus tierras. Por ejemplo iba un jefe paramilitar a comprarle la tierra a un campesino, este se negaba la primera vez. En la segunda visita ya la advertían que si no vendía su tierra, en la tercera visita vendrían a negociar directamente con la viuda".

"Los terratenientes siguen siendo los mayores propietarios de tierras, incluyendo a las transnacionales que llegan al país a buscar la explotación petrolera, del oro, del carbón, de la biodiversidad, entre otros rubros. Se ha beneficiado el sector oligárquico nacional y el sector transnacional y el imperio norteamericano".

Mientras, el campesino sigue sumergido en la pobreza. Eberto Díaz reveló que "entre el 70 y 80 por ciento de los campesinos viven en condiciones de pobreza, un 27 por ciento en la miseria, sin derecho a la vivienda, a la tierra, a la salud, educación, etc., y además sometidos a una situación de guerra".

Sin justicia, ni restitución de tierras
En los últimos dos años el presidente Alvaro Uribe le da dado un impulso a las negociaciones con los grupos paramilitares y ha promocionado la llamada Ley de justicia y paz que permitía la desmovilización de los grupos armados derechistas y que, con financiación extranjera, incluso de Europa y Suecia concretamente, iba a permitir la devolución de tierras y ganado robados a los campesinos.
Sin embargo, este compromiso legal está muy lejos de cumplirse y para el presidente de FENSUAGRO, la ley de justicia y paz ya está muerta.

Consultado sobre este aspecto de la ley, Díaz señaló que "en primera instancia, desde FENSUAGRO, desde el movimiento campesino, denunciamos que esta ley de justicia y paz iba a ser una ley de impunidad. Una ley que no iba a permitir que los genocidas, los criminales de guerra y los autores de delitos de lesa humanidad pagaran condenas razonables, que las víctimas se vieran dignificadas a través de que los autores materiales de los crímenes fueran a la cárcel, y en segundo lugar que los autores intelectuales también fueran castigados".

"No pasó nada, ni con los autores materiales de los crímenes ni con los autores intelectuales".
Recordó que los jefes paramilitares que se presentaron ante la justicia, iban a ser juzgados en el país, aunque no tendrían condenas superiores a los 8 años por más grave que hubiera sido el crimen, o los crímenes cometidos. En lugar de eso, el presidente Alvaro Uribe los extraditó a Estados Unidos, donde ya están negociando sus penas con los jueces a cambio de colaboración, y sólo por los casos de narcotráfico. Ninguno será juzgado por los crímenes de lesa humanidad, "y al final los familiares de las víctimas nunca sabrán la verdad de lo que pasó. Fueron extraditados y no revelaron quienes fueron los cómplices intelectuales de sus crímenes en Colombia" subrayó Díaz.

El dirigente campesino concluyó que por ésto, y otras cosas, la ley de justicia y paz "prácticamente ya murió, no garantizó que devolvieran los bienes a los campesinos, no sólo la tierra, sino tampoco el ganado que le robaron, ni los animales de corral entre otras cosas".