Pese a las dificultades está claro que la situación en América Latina no es la misma que hace 10 años. Sin fisuras, nueve países de Sudamérica apoyaron al gobierno de Evo Morales y condenaron cualquier intento de cortar el mandato constitución y la división del país.

Ahora, los países latinoamericanos se reúnen sin la presencia de un enviado norteamericano y adoptan posiciones que contradicen las políticas de Washington para la región. Este gesto de soberanía, muy escaso años antes, no despeja los peligros de la situación y seguramente no detendrá los planes del imperialismo para boicotear los intentos de cambios en la región.

El primer fracaso para los golpistas bolivianos en la reciente cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) fue el rechazo a ser admitidos en la reunión.

Los prefectos separatistas pretendían ingresar al Palacio de la Moneda, sede de la cumbre en Santiago de Chile, en pié de igualdad con el presidente Evo Morales, y por consiguiente con el resto de los mandatarios regionales.

Aunque la Cumbre apoya una solución dialogada al conflicto boliviano, no podía aceptar que los prefectos estuvieran en pié de igualdad con un presidente electo y respaldado después en un referendo revocatorio de mandato con más del 67 por ciento de votos.

Ello hubiera significado elevar el status de los prefectos al de jefe de Estado, y por consguiente un respaldo a los sectores derechistas más radicales que quieren la independencia de esas regiones.

También hubiera significado la aceptación del concepto repetido por los grandes medios de comunicación -cada vez más alejados de medios informativos para convertirse en empresas formadoras de opinión y combatientes ideológicos del capital- de una lucha de dos bandos en Bolivia. El mismo concepto de la teoría de los dos demonios con la que se quiere justificar las masacres y genocidios de las dictaduras militares de los 70 y 80 en la región.

En este caso se trata de la existencia de un gobierno légitimo, respaldado en un referendo con más votos que los obtenidos cuando ganó las elecciones presdienciales, y por otro lado un grupo de terratenientes y empresarios que no aceptan las normas democráticas y que quieren conservar sus privilegios para seguir el saqueo, la explotación, el robo y la humillación a los campesinos e indígenas.

La actitud de los dirigentes cívicos y separatistas de los departamentos "rebeldes" es la demostración de la clase dominante no ceda mansamente su poder político y económico y está dispuesta a recurrir a prácticas terroristas y fascistas.

En ningún caso se puede comparar la situación con las reivindicaciones de soberanía e independencia de otras regiones del mundo. Ninguno de los departamentos "rebeldes" tiene una identidad cultural, idiomática, diferente. Sus reclamos separatistas sólo surgen cuando desde el gobierno central se pretende democratizar los recursos económicos.

Así, los mandatarios sudamericanos optaron por declarar que "rechazan enérgicamente y no reconocerán cualquier situación que intente un golpe civil y la ruptura del orden institucional y que comprometa la unidad territorial de la República de Bolivia".

Asimismo condenaron el ataque de instalaciones públicas por parte de "grupos que buscan la desestabilización, y exigen al devolución de las instalaciones".

Por su parte, el gobierno de Estados Unidos se ha negado hasta ahora a respaldar la institucionalidad en Bolivia.

En una declaración del Departamento de Estado, referida a la expulsión de sus embajadores en La Paz y Caracas, se rechaza las acusaciones de promover golpes de estados en Bolivia y Venezuela, y sostiene que esas acusaciones intentan desviar la atención de sus serios problemas de desgobierno y altas tasas de impopularidad. "Esto refleja la debilidad y la desesperación de ambos líderes", acusó Sean McCormack vocero del Departamento.

Previamente, el embajador expulsado, Phillip Goldberg al partir de Bolivia, amenazó al gobierno con detener la ayuda al combate al naroctráfico.

Estados Unidos no cederá en su respaldo a los separatistas y en continuar respaldando los intentos subversivos.

Los indígenas y campesinos bolivianos se están movilizando en defensa del proceso de cambio que han iniciado con el gobierno de Evo Morales. La solidaridad internacional es fundamental para mantener aislados a los oligarcas separtistas que incentivan el racismo para promover disturbios.

Debe ser una solidaridad no sólo basada en el respaldo a la soberanía de Bolivia y a los manifiestos deseos de cambio de la mayoría de su pueblo, sino también como manifestación de respaldo a los procesos soberanos y de cambios en cualquier parte de mundo que estén sostenidos por los pueblos, sus campesinos y trabajadores, y de rechazo a la promoción del racismo, la división y la intervención extranjera.