inicio | opinión | notas | cartelera | miscelanea sueca | suplementos | enlaces 19-Sept-2008

Amenazas a los procesos revolucionarios
de Bolivia y Venezuela

 
Ernesto Tamara. El pasado 11 de septiembre, mientras los medios de comunicación recordaban el séptimo aniversario de los atentados a las torres gemelas de Nueva York, y los pueblos sudamericanos el aniversario 35 del asesinato de Salvador Allende y el golpe de Estado en Chile -promovido por Estados Unidos- los gobiernos de Bolivia y Venezuela hacían frente a dos conspiraciones golpistas, promovidas también por un gobierno norteamericano.
No es sólo una coincidencia que en el aniversario de aquel golpe de Estado de 1973 contra el gobierno popular de Allende, se descubran las conspiraciones golpistas en Bolivia y Venezuela. En realidad es sólo la demostración de una constante de las relaciones de Estados Unidos con los pueblos que quieren tomar en sus manos la construcción de sus destinos.


La coincidencia de fechas es lo de menos, ya que las presiones, atentados, conspiraciones, de Estados Unidos en la región y en el mundo contra los pueblos que no aceptan sus mandatos, son constantes.
Sin embargo, la coincidencia en éste caso sirve para señalar que la situación de hace 35 años y la de ahora no son las mismas. Ello tiene también sus riesgos, ya que si el imperialismo pretende jugarse a fondo para que Bolivia y Venezuela interrumpan su camino independiente, deberá realizar una masacre en ambos países, y se sabe que poco valora el imperio la vida de otros pueblos.

Al revés del pastorcito mentiroso
En la fábula nadie le cree al pastor cuando finalmente el lobo llega a atacar el rebaño después de tantos anuncios falsos. Quizás, quienes promueven los sabotajes, conspiraciones y sublevaciones en Bolivia y Venezuela, pensaron que después de tantas advertencias nadie iba creer cuando finalmente se lanzaran a intentar provocar la caída de esos dos gobiernos populares.


Y es que la necesidad de advertir y estar alerta sobre los planes conspirativos de las oligarquías locales, asociadas al imperialismo, deben ser constantes aunque no aparezcan evidencias de su existencia, ya que el deseo de impedir el desarrollo de gobiernos populares es intrínseco al sistema capitalista.


La semana pasada fue rica en acontecimientos que evidencian cierto apuro de la administración del presidente George Bush para complicar los gobiernos de la región que no responden a sus políticas.


Desde el amañado juicio en Miami sobre el ingreso a Argentina de una maleta proveniente de Venezuela con 800.000 dólares, hasta la virulencia de los separatistas bolivianos y los planes conspirativos para asesinar al presidente venezolano.

Dividir Bolivia y provocar la intervención del ejército
En Bolivia, después del mayoritario apoyo al presidente Evo Morales en el referendo revocatorio de su mandato -donde obtuvo más apoyo que cuando fue electo, llegando a recibir el 67% de las adhesiones- las acciones de los separatistas aumentaron en violencia, pasando a la acción armada directa y la sustitución del aparato nacional del Estado por instituciones designadas por los prefectos, autodesignados en gobernadores.
Las bandas fascistas de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), y estudiantes de la Universidad Gabriel René Moreno, se lanzaron al asalto de las oficinas públicas, al saqueo y destrucción de material, atentados contra los grupos que apoyan al gobierno nacional, con el apoyo y respaldo directo del prefecto de Santa Cruz, Ruben Costas, y del empresario y terrateniente Branko Marinkovic, que preside al Comité Cívico Pro Santa Cruz.
Marinkovic, estuvo de visita en Estados Unidos y a su regreso se desataron las acciones más violentas de los separatistas y es prácticamente el gobernador en las sombras de Santa Cruz. En estos días es quien le dicta las normas al prefecto Costas para que asuma la soberanía sobre las instituciones tomadas y saqueadas por los jovenes derechistas que, en un acto simbólico, entregaron los edificios al "gobierno local".


Marinkovic, que ocupa más espacio de prensa que Costas, acusa descaradamente al gobierno nacional de los saqueos realizados por los jovenes cruceñistas, y los atribuye a infiltrados, aunque después elogia el valor de los jóvenes y acepta la entrega de los edificios ocupados. Llega al descaro de anunciar que se instalarán policías locales -el prefecto está creado su propia policía y bandas armadas- para evitar nuevos saqueos.
Al mismo tiempo, y en sintonía que la prédica más radical de los separatistas, la designada Asamblea Legislativa de Santa Cruz, decidió aprobar nuevas leyes que refrendan la autonomía y en los hechos separación del departamento de Bolivia.


Tras los saqueos del pasado jueves, según el diario santacruceño, que designa a las autoridades con los nuevos nombres, el "gobierno departamental", el Comité Cívico -que es una institución civil- y el Comité Femenino, recibieron de manos de la UJC, "el bien público del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y de la empresa de telecomunicaciones recién nacionalizada Entel".


El secretario ejecutivo de la Prefectura, Rolando Aguilera declaró "Hemos recibido el bien público de manos de los jóvenes que durante tres días resguardaron el lugar, ahora pasa a una Notaría de Fe Pública para que pase a inventario y luego entregue la institución a la Prefectura", añadió.


Aguilera sostuvo además que "a todos les debemos un voto de honor, que lucharon contra el mal, contra el gobierno que quiso imponerse a un pueblo que le dijo no a la dictadura".


En un papel por encima del prefecto, el líder cívico Branko Marinkovic, explicó que "desde la gobernación se está estudiando el proceso por el cual se designaran autoridades locales en las instituciones ocupadas al Estado nacional.


Cabe recordar que al ingresar a esos locales los jóvenes cruceñistas apalearon y quitaron las armas a los militares que estaban de custodia y procedieron a romper y quemar inmobiliario y equipos.
Aunque los prefectos separatistas invocan cada tanto la posible convocatoria a un diálogo sus acciones van en sentido contrario y sancionan leyes, crean fuerzas policiales y paramilitares, para después obligar al gobierno a reconocer la "autonomía" o separación por la vía de los hechos consumados.


El prefecto de Santa Cruz, Ramón Costas, fue claro al sostener que "la dirigencia cruceña no abandonará la lucha por sus rentas petroleras, su autonomía departamental y por el respeto a su cultura, forma de ser, fe y valores".


El ganadero, terrateniente y jefe de bancada de los diputados de Podemos, Antonio Franco, "aplaudió" las tomas en Santa Cruz. Mientras el diputado Pablo Klinsky también del opositor Podemos, y hombre de confianza de Marinkovic alentó continuar con la toma de edificios públicos. Otro diputado del sector, por el departamento de Santa Cruz, Oscar Urenda, fue más explícito: "No nos van atropellar, si vamos hablar de enfrentarnos hablemos de enfrentarnos, si vamos a hablar de guerra habrá guerra, pero no nos van imponer las cosas. Somos lo suficientemente fuertes como para partir al país y si tengo que agarrar un palo, una onda, un arma, lo voy hacer, pero voy a defender mi territorio y nadie va a pasar por encima".

Militares indecisos
Por otra parte, oficiales militares en retiro se han manifestado en Santa Cruz para provocar la desobediencia de las fuerzas armadas al gobierno nacional, y para que acepten los procesos separatistas.
Según una nota del diario "El Mundo" de Santa Cruz, que por supuesto apoya al prefecto, el general Ismael Morales Bustamante, presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes del Servicio Pasivo, declaró que los militares "hemos jurado lealtad a la Patria, no a los gobiernos, no a los partidos políticos y no a las personas", y que para exigir respeto a la población, "primero tenemos que respetarnos nosotros no permitiendo el manoseo político, respetar a la población no disparando jamás contra ella".


El general Morales Bustamante recordó al gobierno que "deben saber que van a tener que rendir cuentas a la Patria por sus actos" y lo criticó por ordenar a las fuerzas armadas a defender instalaciones públicas, como las instalaciones petroleras y de gas.



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