La pasada semana el ex jefe paramilitar y narcotraficante colombiano, Salvatore Mancuso fue doblemente protagonista de los medios noticiosos. En una entrevista a la revista Semana concedió el primer cálculo de los ingresos al país por el narcotráfico al estimarlo en 7.000 millones de dólares al año (equivalente a un 25% de las exportaciones de toda Colombia el pasado año), y poco después como corresponsable de la detención del ex general Rito Alejo del Río al que vinculó en sus actividades criminales. Casi al mismo tiempo, el presidente de Guatemala, Alvaro Colom, denunciaba el descubrimiento de micrófonos ocultos en la sede presidencial y un vasto operativo de espionaje a autoridades y políticos, en una maniobra que se le atribuyó al creciente poderío de los narcotraficantes en ese país.

Simultáneamente, el gobierno mexicano reveló que los carteles locales de la droga mueven alrededor de 10.000 millones anuales en el país, una cifra rídicula comparada con las estimaciones de los organismos internacionales, que sostienen que los carteles mexicanos obtienen ganancias superiores a los 70.000 millones de dólares anuales, de los cuáles el 30 por ciento es invertido en el país en la compra de funcionarios públicos y en mantener su infraestructura.

Según el ministro de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, en Estados Unidos el mercado de la droga maneja cada año 131.000 millones de dólares, el doble de las exportaciones argentinas de 2007, casi igual a las exportaciones de Brasil de ese año, o equivalentes a 7 meses de exportaciones de México.
Las cifras del ministro mexicano parecen cortas teniendo en cuenta que las Naciones Unidas sostienen que el narcotráfico mueve en el mundo unos 500.000 millones de dólares al año, siendo Estados Unidos el mayor mercado.

Colombia escuela del poder del naroctráfico
Es en Colombia donde el narcotráfico hizo escuela en el control del aparato del Estado, incluyendo policías, militares y políticos. No sólo ha logrado controlar más de un tercio del Congreso, sino que ha impuesto gobernadores, alcaldes, y para muchos, hasta el propio presidente de la república.
En ese juego de control del aparato del Estado y dominio de la sociedad, el narcotráfico tiene una alianza, directa o indirecta, con autoridades norteamericanas, a juzgar por las declaraciones de los jefes paramilitares presos y extraditados a Estados Unidos.

Hasta la extradición sorpresiva de 14 jefes paramilitares, la justicia colombiana avanzaba en la investigación de la llamada "parapolítica", es decir los nexos de los dirigentes políticos con las bandas armadas paramilitares.

Más de 50 congresistas están siendo investigados -entre ellos un primo del presidente Uribe-, pero a partir de la extradición de los jefes paramilitares a Estados Unidos, los procesos se han estacando y algunos políticos presos han sido liberados.

De todas maneras, algunos jueces adelantan investigaciones locales en varias ciudades del país, y la prensa revela algunos casos que después tienen repercusiones judiciales.
Por ejemplo, ahora hay una investigación en la ciudad de Medellín, cuna del cartel que lideró Pablo Escobar y que se dice tenía vínculos con el presidente Alvaro Uribe, más allá de que el actual vocero de presidencia sea un primo del fallecido capo narcotraficante.

El escándalo se desató con la aparición de una grabación que involucra a Guillermo León Valencia Cossio, hermano del actual ministro de Interior y Justicia, con la infiltración paramilitar en el aparato del Estado local.
Hasta que fue conocida la grabación, los intentos de fiscales y autoridades locales alertando al presidente Uribe sobre el caso habían sido ignorados.

La investigación está centrada en el jefe de los fiscales, el director de los policías y Felipe Sierra, un empresario de la elite antioqueña que tiene un ejército privado de "guardias de seguridad" de más de 1.200 hombres, quienes estaban haciéndole favores al jefe paramilitar 'Don Mario', que no se desmovilizó y es considerado el gran capo de Urabá.

Otra de los investigaciones en curso tienen que ver con el cobro de impuesto por parte de los paramilitares a las contrataciones de los gobiernos municipales y departamentales en las regiones que controlaban.
El material apareció en un archivo de la contabilidad del jefe paramilitar extraditado, Jorge 40. Allí surgió que entre paramilitares y políticos se repartían el 10 por ciento de un impuesto que cobraban a la contratación municipal y departamental, a las administradoras del régimen subsidiado y a los proveedores.

Es decir que los paramilitares controlaban los gastos del Estado y cobraban impuesto por ello. De la documentación también surge la existencia de reuniones períodicas entre los comandantes de frentes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para organizar el cobro del impuesto y su repartija, así como reuniones con los alcaldes, concejales, diputados, senadores, representantes y gobernadores. En esas reuniones se repartían las utilidades concertadas. El "impuesto" cobrado era el 10 por ciento del valor total de un contrato y que se repartía, 3.33 por ciento para el frente que la reporta; 3.33 por ciento para el alcalde, gobernador, parlamentario, diputado o concejal que así lo exigiera; 1 por ciento para los tesoreros municipales, departamentales o de la entidad territorial (llámese hospital, organismo descentralizado, corporaciones ambientales etc) que les colaboraban, pues gracias a la información que suministraban los tesoreros se sabía qué contratos se iban a pagar; y el 2.33 por ciento para la Red de Contratación, que a su vez la reportaba a la organización. En total, el 5.6 por ciento del impuesto se quedaba en manos de las autodefensas.

Cientos de alcaldes, gerentes de hospitales, secretarios de alcaldías, contralores, personeros, concejales, empresarios y contratistas, hicieron parte de delitos como concierto para delinquir, concusión y cohecho, y bajo la complicidad de autoridades de policía, jueces, fiscales, y agentes de los servicios de seguridad del Estado.

Mancuso protagonista
Una entrevista por correo realizada por la revista Semana de Colombia al jefe paramilitar Salvatore Mancuso, presenta una imagen más amplia del poder del narcotráfico en el país, aunque sólo revela unos pocos datos importantes.

Mancuso sostiene que los cálculos que tiene el gobierno colombiano de que en Colombia existen 80.000 a 90.000 hectáreas sembradas de coca son falsos. Según sus estimaciones, en el país hay unas 160.000 hectáreas de coca que producen mensualmente 80.000 kilogramos, lo que equivalen a 1.000 toneladas al año de cocaína, evaluadas en 7.000 millones de dólares.

Según Mancuso, de estos 7.000 millones de dólares, los narcotraficantes ingresan al país entre el 80 y el 90 por ciento, mientras que el resto lo usan en "compran propiedades de lujo y pendejadas" en el exterior.
Las inversiones explica, se destinan "en la bolsa de valores, en finca raíz, en inversiones en cultivos que representan empresarios probos, en el sentido en que tienen experiencia y reconocimiento, que nadie los va a investigar, porque si tenían diez mil hectáreas de caña sembrada y siembran cinco mil hectareas más, pues nadie los investiga porque esa es su tradición".

Los 7.000 millones de dólares mencionados por Mancuso equivaldrían al 5 por ciento del Producto Interno Bruto de Colombia.

Por otra parte, Mancuso fue corresponsable de la reciente detención del general retirado Rito Alejo del Río, acusado por sus vínculos con los paramilitares y por varias masacres de civiles, incluída la matanza de Mapiripán.

Rito Alejo del Río, quien comandó una brigada antiguerrilla en la región bananera de Urabá, departamento de Antioquia, entre 1995 y 1997 (en el mismo período en que Alvaro Uribe era gobernador de ese departamento), fue arrestado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en un club militar del oeste de Bogotá, la semana pasada.

La captura se produjo luego de que la Procuraduría (Ministerio Público) pidiera a la Corte Suprema de Justicia reabrir un proceso contra el oficial, archivado hace cuatro años por la Fiscalía, al aparecer con nuevos testimonios en su contra de los ex líderes paramilitares Ever Velosa (alias 'H.H.') y Salvatore Mancuso, en las que señalaron a Del Río "como colaborador en sus actividades ilícitas", según la Procuraduría.

La masacre de Mapiripán fue perpetrada por unos 300 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que llegaron a esa población del departamento del Meta (200 kilómetros al sureste de Bogotá) el 14 de julio de 1997 y permanecieron seis días en la zona, durante los cuales sembraron el terror y la muerte.
Los paramilitares asesinaron a personas que acusaban de cooperar con las guerrillas de izquierda, a quienes torturaron y decapitaron, después de lo cual arrojaron sus cadáveres al río Guaviare.

Al abandonar su cargo como gobernador de Antioquia, Alvaro Uribe organizó un homenaje al general del Río.

Creciente violencia en México
En los últimos años el narcotráfico ha adquirido mayor poder en México, y con la aprobación de la llamada "Iniciativa Mérida", similar al "Plan Colombia" para combatir el narcotráfico, las cosas parecen ir peor.
La Iniciativa Mérida prevé el aporte de Estados Unidos de 1.600 millones de dólares durante tres años para la lucha antidrogas en México, Centroamérica y el Caribe. Al México ya llegó el primer paquete de 450 millones de dólares, entre equipos, aviones, armas, etc. Al mismo tiempo, el gobierno de Felipe Calderón ha movilizado a más de 35.000 soldados en el combate al narcotráfico.

En lo que va de 2008, han sido ejecutadas 3,025 personas, un 32% más en comparación con el año pasado. Desde enero del pasado años se han registrado más de 6.000 asesinatos vinculados a la lucha entre bandas narcotraficantes.

El ministro de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna indicó que "hay cuatro estados donde se concentra más del 60% de los homicidios dolosos de todo el país": Se trata de los norteños Chihuahua (sede del cartel de Juárez), Sinaloa (base del cartel del mismo nombre) y Baja California (cartel de Tijuana) y el sureño Michoacán, donde opera el grupo de sicarios conocido como 'La Familia'.
México, segundo productor regional de marihuana, así como de amapola y sus derivados (heroína), es sobre todo una de las principales rutas del tráfico de cocaína colombiana hacia Estados Unidos, el principal consumidor del mundo.

Mientras el gobierno sostiene que unos 7 grupos controlan el tráfico de drogas, fundamentalmente con destino a Estados Unidos, el general retirado Barry McCaffrey, antiguo zar antidrogas de la Administración Clinton, sostiene que en la frontera norte de México operan unos 100 grupos delictivos dedicados al tráfico de droga que pertenecen a 30 grandes organizaciones criminales.

Según un informe elaborado por el servicio de investigación del Congreso de Estados Unidos a fines de 2006, el 70% de la cocaína que entra en el país pasa por México, una estimación más alta que el 65% calculado en 2002.

Control de municipios
Todos los días se revelan masacres de narcotraficantes en su lucha por el poder, y el reclutamiento de mercenarios se realiza publicamente. Pasacalles en las ciudades mexicanas ofrecen salarios de 500 dólares y "beneficios extras para las familias" a los soldados y policías que decidan cambiar de bando.

Una estrategia que ya ha dado resultados. En los últimos meses el gobierno del estado de Tabasco ha separado de sus cargos a por lo menos 200 policías por su relación con el cartel del Golfo. Sólo a principios de septiembre, 16 jefes policiales han sido citados a declarar por la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) tras ser capturada una lista de funcionarios a sueldos de los narcotraficantes.

Según datos de la Procuraduría General de la República el narcotráfico controla 80 municipios del país y la actividad delictiva en ellos; cobra derecho de piso a empresas, una especie de impuesto, y lucra con la trata de seres humanos dedicados a la prostitución.

El informe sostiene que la influencia de los jefes del tráfico de drogas alcanza a las autoridades municipales, principalmente en los estados de Michoacán y Tamaulipas. Las pesquisas revelan que los grupos de narcotraficantes también hacen obra pública que correspondería a los gobiernos locales.

Este "mapa" del control del narcotráfico fue ordenado por el gobierno central para tomar decisiones para el despliegue de las fuerzas represivas.

Por otra parte, el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, en una entrevista que reprodujo Financial Times, afirmó que las instituciones democráticas están bajo la amenaza de poderosos cárteles. El investigador mencionó que no descarta que el narcotráfico haya financiado las campañas de algunos legisladores.

Por otra parte, algunos analistas sostienen que en esa lucha entre bandas narcotraficantes, las autoridades ya han tomado partido y están favoreciendo al cartel de Sinaloa, dirigido por Joaquín "El Chapo" Guzmán, protagonista en enero de 2001 de de una extraña fuga de una prisión de máxima seguridad.
Según estos analistas, la fuga contó con la complicidad de las autoridades, y además, los mayores golpes de la policía contra el narcotráfico en los últimos años han sido contra bandas rivales de ese grupo.
El periodista Ricardo Ravelo, autor de varios libros sobre la cuestión, piensa que las autoridades mexicanas lo "protegen" para concederle el monopolio del negocio.

Pese a los recursos invertidos en el combate al narcotráfico, los expertos sostienen que "es muy grave y llama a sospecha que no se rastreen los recursos del narcotráfico vía la Secretaría de Hacienda o la Comisión Nacional Bancaria. Tampoco para encarcelar a funcionarios de alto nivel involucrados en la delincuencia", comentó José Fernández Santillán, investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) a una agencia internacional de noticias.

Expansión a otros países
En los últimos años se ha comenzado a registrar otro fenómeno preocupante, la expansión de los cárteles colombianos y mexicanos a otros países para establecer plataformas de envios o fabricar productos.
Ya en la década de los 90 los grupos más poderosos de la droga se expandieron a otros países pero con el objetivo de blanquear sus ingresos. Comproban propiedades, empresas o abrían cuentas en países con escaso control e interesados en captar capitales sin importarles sus orígenes.

Ahora no sólo se trata de invertir y lavar dinero, sino establecer laboratorios y plataformas para el reenvío de la droga a los mercados norteamericano y europeo.

México sigue siendo por su vecindad con Estados Unidos el mayor "pasante" de la droga colombiana y la producida en el país al vecino del norte. Sin embargo en los últimos años Guatemala ha comenzado también a jugar ese papel de plataforma de abastecimiento al mercado norteño.

En su tránsito desde Colombia, la droga pasa por Guatemala y México. Grupos narcotraficantes han estado adquiriendo fincas en la frontera norte de Guatemala y se han involucrado en la financiación de diputados y alcaldes en las pasadas elecciones.

Uno de los acusados de recibir financiación de la droga, y de estar involucrado en la muerte de diputados salvadoreños que viajaron a Guatemala a una reunión del Parlamento Centroamericano, es el ex diputado y electo alcalde de Jutiapa, Manuel Castillo. Castillo no ha asumido su cargo y aguarda en prisión la decisión de la justicia.

El procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Sergio Morales, advirtió previo a las elecciones generales del pasado 9 de septiembre de 2007, que se podrían elegir "candidatos que serán dominados por grupos criminales. Especialmente en la zona del nororiente, donde se envían las drogas a Estados Unidos, que está a solo dos horas y media en avión".

El actual presidente, Álvaro Colom denunció en plena campaña electoral que el narcotráfico incidió en los planes de su partido para las elecciones generales. "Cuatro veces cambiamos organizaciones departamentales... hasta me vinieron a hablar tres secretarios departamentales para que no pusiéramos alcaldes en siete municipios por miedo al narcotráfico".

"Tuvimos los problemas con los candidatos en los departamentos de Zacapa, Izabal y Cobán", insistió Colom entonces. Esa es la zona donde se supone están las bases de "exportación" de la droga a Estados Unidos. Además acusó al crimen organizado de estar detrás de las campañas negras y los asesinatos contra miembros de su partido.

La situación no era desconocida por el gobierno de entonces. El vicepresidente Eduardo Stein admitió su preocupación por el poder del narcotráfico en la política.

"En el oriente hay por lo menos cuatro candidatos que están hasta el cuello de vinculaciones con el narco", admitió. "Nosotros estamos seguros de que en algunos lugares en donde el crimen organizado necesita de espacios de impunidad, ellos van a financiar directamente unas candidaturas", dijo Stein.

Además seguramente van a poner personas vinculadas directamente a sus organizaciones criminales para que se postulen", agregó.

Espionaje al presidente
El pasado jueves 4 de septiembre, sorpresivamente, el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, denunció haber sido objeto de espionaje a través de varios aparatos de escuchas y video detectados en su despacho, en la residencia y en la oficina de la primera dama, al tiempo que despedía al titular de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, Carlos Quintanilla, así como de Gustavo Solano, jefe de la Secretaría de Análisis Estratégico.

Según informó el primer mandatario, en la casa presidencial fueron hallados siete aparatos de grabación y dos cámaras ocultas, en tanto que objetos similares se encontraron en su oficina privada, colocados en lámparas y ventanas.

"A partir de hoy declaro la guerra a todos los que escuchan llamadas, a todos los servicios de inteligencia privados que no sean legales, porque aquí en Guatemala el orden y la ley se tienen que cumplir", dijo.
Colom solicitó apoyo a varios países amigos para empezar a revisar todos los sistemas de escucha que puedan existir en cualquier parte del país y que no sean de las fuerzas de seguridad o del ministerio Público.
"La población debe estar tranquila. Esto es parte del esfuerzo contra las mafias que están perdiendo sus contactos con este gobierno y los van a seguir perdiendo", dijo.

Los analistas locales estimaron que las escuchas al presidete, y que seguramente deben haber estado dirigidas también a otras autoridades, provienen de las mafias de la droga vinculadas a los aparatos represivos, más que a grupos de extrema derecha remantes de los viejos gobiernos.

Laboratorios en Argentina
Desde hace años los capos de la droga colombiana buscaron en Argentina establecer negocios para lavar dinero. Seis años después de la muerte de Pablo Escobar, su viuda e hijos se trasladó a Buenos Aires donde ha vivido desde entonces. En el proceso enfrentó un juicio por lavado de dinero en 1999 que la mantuvo 17 meses en prisión hasta que fue absuelta.

Sin embargo, hay constancia de que otros jefes de la droga colombiana y mexicana han estado invirtiendo en Argentina.

Ahora los capos mexicanos han dado un paso más, según se reveló la semana pasada, y han establecido laboratorios clandestinos para fabricar "extasis" en Argentina.

El crimen de empresarios vinculados a la venta de medicamentos, y otras ejecuciones en un centro comercial al estilo mafioso, permitieron el allanamiento de un local en las afueras de Buenos Aires, que servía como "laboratorio" para producir drogas ilegales a base de efedrina.

Durante el allanamiento fueron detenidos un argentino y nueve mexicanos presuntamente vinculados al cártel de Sinaloa.

El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, admitió que Argentina "es terreno fértil" para el ingreso de efedrina, un precursor químico utilizado en la elaboración de éxtasis y otras drogas sintéticas.
Fernández sostuvo que el gobierno estudia limitar su importación para "evitar su desvío" a la elaboración de drogas sintéticas, exportadas en buena parte a Estados Unidos.

Argentina es un gran productor farmacéutico, por lo que es más fácil disimular la elaboración de drogas sintéticas a base de efedrina, también utilizada en unos 70 medicamentos locales, revelaron fuentes de la Aduana.

Según el titular de la Asociación Antidrogas de Argentina (AARA), Claudio Izaguirre, Argentina "dejó de ser un país de tránsito del narcotráfico únicamente para ser también productor y exportador. En los últimos años, muchas de las cocinas de drogas que se encontraban en Bolivia, se mudaron a Buenos Aires y sus alrededores", advirtió en una entrevista al diario Página 12.

Según Izaguirre, narcotraficantes de México, Colombia, Paraguay, Perú y República Dominicana se encuentran apostados en Argentina para desarrollar su negocio, sin que "existan los controles necesarios de las autoridades para impedirlo".

"Tampoco hay control en el espacio aéreo. En el norte argentino, existen mil 500 pistas en las que aterrizan avionetas que traen droga. Y con Paraguay y Bolivia también hay numerosos pasos terrestres clandestinos por los que ingresan cocaína y marihuana", manifestó.